En 1996 la CORREPI y los familiares de víctimas de la represión policial comenzamos a sistematizar la información disponible respecto de personas muertas en todo el país por las fuerzas de seguridad del Estado desde 1983 de acuerdo a las siguientes pautas:

1-       Sólo incluimos los casos que culminaron con la muerte de la víctima.

2-      Sólo incluimos aquellos casos en los que el o los homicidas eran miembros de las agencias represivas del Estado: policía federal, policías provinciales, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad “privada” o fuerzas armadas.

3-      Sólo incluimos aquellos casos en los que la muerte se produjo en circunstancias en que la víctima no revestía peligrosidad alguna respecto de terceros o del homicida.

4-      Incluimos casos de gatillo fácil propiamente dicho (fusilamientos enmascarados como pseudoenfrentamientos), gatillo fácil “culposo” (muertes de terceros causadas por la policía en enfrentamientos reales), muertes en cárceles y comisarías, tortura seguida de muerte y desapariciones.

5-      El mes de diciembre se incluye en el Archivo del año siguiente, ya que la publicación es a finales de noviembre.

Presentamos el primer Archivo a fin de 1996. Decidimos mantener actualizado el Archivo, llevar la cuenta de los muertos por el estado, no como una lacrimógena estadística, sino como instrumento de denuncia, como una herramienta más de concientización y lucha. Porque la represión que se descarga en los barrios sobre los jóvenes, sobre los pobres, y en especial sobre los jóvenes pobres, es la más silenciada desde el poder, la más ignorada aún por las potenciales víctimas futuras, la más ninguneada por los medios, la más negada por los que hacen marchas del silencio con velas para pedir más seguridad que les permita explotarnos mejor. Así, los sucesivos Archivos tuvieron las siguientes cifras:

1996: 262 casos, con un promedio de muertes para el último año de 2.66 por mes. 1997: 382 casos, con un promedio de muertes para el último año de 4 por mes. 1998: 471 casos, con un promedio de muertes para el último año de 4 por mes. 1999: 635 casos, con un promedio de muertes para el último año de 7 por mes. 2000: 833 casos, con un promedio de muertes para el último año de 10 por mes. 2001: 1008 casos, con un promedio de muertes para el último año de 10 por mes. 2002: 1292 casos, con un promedio de muertes para el último año de 15 por mes (Incluía los 37 asesinatos durante la represión a la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001). 2003: 1.508 casos, con un promedio de muertes para el último año de 12 personas por mes. 2004: 1.684 casos, manteniendo el promedio de 12 personas por mes.

El índice de gatillo fácil ha sido siempre creciente desde 1983 (ver Gráfico nº 1). Se manifiestan en especial las siguientes modalidades:

1- La muerte de personas privadas de su libertad, sea en unidades carcelarias o en comisarías, presentadas oficialmente como inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendios. Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires se destacan en este “rubro”, que en este año nuevamente ocupa el primer puesto como modalidad de exterminio sistemático;

2- El fusilamiento de quienes son sospechados de haber cometido delitos, aun hechos menores como arrebatos, o que huyen sin poner en riesgo a terceros luego de un delito consumado o tentado. Es evidencia flagrante de que las políticas de mano dura y tolerancia cero, que consisten en la ejecución extrajudicial sumarísima, se aplican cotidianamente, al amparo del consenso social obtenido por las campañas mediáticas para legitimar estos homicidios. Se continúan verificando en algunas zonas –como el conurbano bonaerense o algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires- el accionar de escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de “limpieza social” fusilando metódicamente adolescentes en conflicto real o presunto con el sistema penal;

3- La muerte de transeúntes provocada por el desprecio por la vida humana por parte de los funcionarios policiales, que priorizan a cualquier precio la captura de un delincuente real o presunto aunque ello implique poner en peligro al tercero totalmente ajeno al hecho;

4- Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, suman más de 50 desde 1995.

5- Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y exhibir una eficiencia muy lejana a la real.

También se reconfirma este año la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.

La muerte de personas bajo custodia, detenidas legal o ilegalmente en cárceles y comisarías, representa el 44.60 % del total de las ocurridas en el año 2005. Estar preso es la primera causa de muerte a manos del estado. El 44.50 % del total corresponde a las distintas modalidades del gatillo fácil, con un alarmante 23.40 % del total correspondiente a fusilamiento de presunto ladrón.

Pese a que buena parte de las muertes en cárceles y comisarías corresponden a casos de TORTURA SEGUIDA DE MUERTE, no llegan a una docena las condenas en todo el país por ese delito, que los jueces son reacios a aplicar porque señala con más claridad que ninguna otra figura legal la responsabilidad institucional. Jueces y fiscales, así como compiten por quién usa más tipos alternativos como los apremios o las vejaciones, ambos excarcelables y que permitan poner rápidamente en la calle a los torturadores, agudizan su inventiva para caratular escandalosamente “homicidio preterintencional en concurso con vejaciones”, o bien “homicidio calificado en concurso con apremios”, clarísimos casos de tormento seguido de muerte.

Seguramente el lector encontrará errores o ausencias y deberá ser comprensivo: no está frente a un trabajo terminado, sino en permanente actualización. La experiencia cotidiana demuestra que estos casos son sólo una mínima porción de los realmente ocurridos, pues cada vez que nos acercamos a un barrio tomamos conocimiento de muchos casos “viejos” que no están registrados.

Nota: Agradecemos a los compañeros y organizaciones antirrepresivas de todo el país que sistemáticamente ponen sus archivos y datos a nuestra disposición para poder realizar este trabajo.

CANTIDAD DE CASOS DURANTE LA ACTUAL GESTIÓN PRESIDENCIAL (Gráfico nº 2, sobre casos 25/5/2003- 9/12/2005)

CIRCUNSTANCIAS DEL ASESINATO (Gráfico nº 3, sobre casos 2003-2005)

EDAD DE LA VÍCTIMA (Gráfico nº 4, sobre total de casos con datos)

CANTIDAD DE CASOS POR DISTRITO (Gráfico nº 5, sobre total de casos)

Pero si comparamos el número de casos de cada provincia por cantidad de habitantes obtenemos una imagen bien distinta.

PROPORCION DE CASOS POR MILLÓN DE HABITANTES (Gráfico n° 6):

            Se revela así la envergadura real de la represión policial en la Argentina: dejando de lado el sesgo diferencial que da a la Pcia. de Buenos Aires su colosal supremacía poblacional, ocupa el tercer lugar, después de Santa Fe y Catamarca. Del mismo modo, se diluye la desproporción entre los diferentes distritos, demostrando que las políticas de mano dura no son patrimonio exclusivo bonaerense, ni de ningún color político en particular: son una necesidad operativa del sistema político-económico imperante.

            Se llega a similares conclusiones analizando la incidencia de casos en relación a la pertenencia a las distintas fuerzas de seguridad de los homicidas.

CASOS SEGÚN FUERZA A LA QUE PERTENECE EL IMPUTADO (ver Gráfico n° 7)