Luego de la
férrea defensa efectuada por el Gobierno a la secretaria de
Ambiente, Romina Picolotti, a raíz de las denuncias sobre supuestas
irregularidades en su gestión, la Auditoría General de la Nación
(AGN) salió a aclarar hoy que no avaló las contrataciones efectuadas
por la funcionaria porque todavía no ha aprobado ningún informe
sobre la misma.
"A raíz de las afirmaciones oficiales acerca de la presunta
intervención de la AGN en la contratación de personal por parte de
la secretaria de Ambiente, Dra. Romina Picolotti, este organismo
considera pertinente aclarar que a la fecha, no se ha aprobado
ningún informe con relación a la gestión que lleva a cabo la Dra.
Picolotti", manifestó el organismo a través de un comunicado.
Asimismo, aseguró que por ello no avaló "las contrataciones que se
han hecho en el organismo durante su actuación".
De este modo, el organismo de contralor salió a desvincularse de las
acusaciones que apuntaron contra Picolotti por las contrataciones de
familiares con salarios elevados, gastos presuntamente
injustificados en la Secretaría de Ambiente y desviaciones
presupuestarias a través de una fundación pública.
Además, negó las afirmaciones efectuadas por el jefe de Gabinete,
Alberto Fernández, que defendió ayer la derivación de fondos
presupuestarios a la fundación ArgenInta para concretar el grueso de
las compras y contrataciones que se denunciaron. "ArgenInta es
controlada por la Sindicatura General de la Nacion (Sigen) y por la
Auditoría General de la Nación. Ninguno de los dos organismos ha
formulado observaciones", aseveró Fernández.
"Ex post". La AGN aseguró hoy que dicho organismo "no
coadministra ni cogestiona", sino que es el órgano rector de control
externo del sector público nacional que realiza sus tareas con
"carácter ex post".
Por otra parte, la AGN manifestó que efectuar recomendaciones
tendientes "al fortalecimiento de los organismos auditados para
mejorar la calidad técnica y la estabilidad de los agentes, no
significa avalar ex ante las decisiones que se adopten con
posterioridad en materia de contratación de personal, que es
responsabilidad exclusiva de cada funcionario en el ámbito de sus
respectivas competencias".
"Cuando se suplanta el debate de opiniones o la discusión razonada por la agresión o la descalificación personal, la actitud de los gobernantes se acerca peligrosamente a la intolerancia y el autoritarismo", manifestó a través de un comunicado.
Además, la entidad aseguró que ese tipo de "desbordes pueden amedrentar a los periodistas en su tarea y condicionar la libertad de expresión".
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