En cuanto al tema del dialogo era clara desde el principio la táctica dilatoria de la derecha, arrinconada frente a la pared por la creciente movilización popular y el cerco a Santa Cruz que se iba fortaleciendo. En una entrevista dejada a la Radio Fides el prefecto de Beni, Ernesto Suárez, reconocía que el CONALDE, la organización de las prefecturas opositoras, se había debilitado luego del referéndum revocatorio de agosto (que concluyó n un apoyo masivop a favor del gobierno de Evo Morales) y del fracaso rotundo de su arremetida: el objetivo de la derecha era claramente sembrar el caos en el país para rebasar al gobierno preparando las posibilidades de un golpe de Estado. La reacción popular fue firme y creciente determinando el fiasco de los intentos golpistas de la oligarquía.
Mientras un diálogo frágil y, como dijimos, sin ninguna real perspectiva de éxito comenzaba en Cochabamba, las organizaciones obreras, campesinas y sociales se iban concentrando a las puertas de Santa Cruz con el claro objetivo de acabar de una vez con los grupos fascistas, los cívicos y los empresarios hambreadores del pueblo. El Consejo Nacional por el Cambio (CONALCAM), del cual son parte las organizaciones campesinas pero también la Central Obrera Regional de El Alto y los Fabriles, había sellado un pacto con la COB en el cual se definía la estrategia del movimiento obrero – campesino para derrotar los planes fascistas de la burguesía nacional: ocupación de latifundios y de fábricas con las “cuales especulan con el hambre del pueblo”.
La lucidez de los movimientos populares fue grande pero no ha logrado reorientar la estrategia del gobierno. El Ministro Alfredo Rada afirmaba a la prensa que el gobierno había “aconsejado” a las organizaciones sociales que declarasen cuarto intermedio a fin de facilitar el dialogo. Con enojo y frustración, y con muchos problemas en hacer digerir esta consigna a colonizadores, campesinos y activistas que se habían concentrado en Montero, la segunda ciudad de Santa Cruz a las puertas de la capital del departamento, los bloqueos fueron levantados y la marcha suspendida. Consecuentemente los prefectos han cambiado su postura. En los días de mayor presión de las organizaciones sindicales y sociales defendían con tonos conciliatorios una posición legalista. Mario Cossío, vocero del CONALDE, explicaba al país que los prefectos no son congresistas y entonces no se les puede pedir que viabilicen el referéndum constitucional, ellos simplemente querían solucionar el tema de la reposición del Impuesto a los Derechos del Hidrocarburo (IDH) a favor de los departamentos opositores y de la inclusión del tema de las Autonomías departamentales en el texto de la nueva Constitución Política del Estado.
Pero cuando la movilización popular se ha desinflado, el cordero se ha vuelto una vez más lobo. El dialogo ha fracasado porque pese a la disponibilidad del gobierno hasta a la revisión de la nueva Constitución (CPE) en el capítulo referido a las autonomías, la derecha apuntaba a aguar totalmente, es decir tumbar, la reforma constitucional, y recuperar completamente el control del flujo de dinero procedente de los hidrocarburos. Rubén Costa (prefecto de Santa Cruz) declaraba que nunca hubiera podido firmar un acuerdo que incluya esta nueva CPE. El responsable para la Autonomía de la prefectura de Santa Cruz afirmaba que en el departamento se van alistando a la resistencia y no permitirán el referéndum constitucional, el Consejo Departamental de Beni proclamaba la vigencia del Estatuto Autonómico.
Actualmente, un nuevo escenario de diálogo se ha abierto en el Congreso, una comisión política participada por todos los partidos representados en el parlamento, en la cual se espera llegar a un acuerdo que convoque el referéndum dirimente y constitucional. Aquí el oficialismo apuesta en la posibilidad de “convencer” a diputados y senadores “disidentes” del grupo derechista PODEMOS, la ya disuelta alianza antagonista al MAS en las elecciones del 2005. Esta estrategia, muy parecida a la que fue la técnica parlamentaria de los anteriores gobiernos, puede ser efectiva pero no definitiva. La única posibilidad de lograr un gran acuerdo nacional que pacifique el país sigue siendo la derrota definitiva de la derecha o la renuncia global a las conquistas y, sobre todo, de las esperanzas que el proceso de cambio puso en marcha.
Como vimos, a cada paso atrás de las organizaciones sociales y del gobierno se corresponde, como en un peligroso vals, un paso delante de la oligarquía, que, casi inútil es repetirlo, sigue organizando sus filas, saboteando la economía, controlado sectores de poder público, y manteniendo en la confusión amplias capas de sectores urbanos del área oriental e industrializada del país. El día de ayer en Santa Cruz fue incautado un autentico arsenal bélico en un domicilio particular, ametralladoras, bombas, dinamita y armas de fuego de vario calibre, y el fiscal y una juez se han encargado de poner en libertad a las personas que tenían en sus manos todo este arsenal, demostrando una vez más que la oligarquía tiene incluso extendido sus tentáculos en el poder judicial.
Santa Cruz sigue viviendo una crónica escasez de combustible provocada por la falta de inversiones de las multinacionales, que no responden a ninguna solicitud del gobierno en este sentido, y también por el saboteo económico nacional utilizado por la burguesía nacional para desgastar el gobierno: como se ha demostrado varios surtidores ocultan diesel y gasolina para acentuar los límites de la producción de combustible, que son también los limites productivos y de aprovisionamiento de las empresas estatales YPFB y TRANSREDES, empresas nacionales que todavía no gozan de un efectivo control sobre este sector estratégico de la economía boliviana.
El lunes 13 de octubre partió desde Caracollo una marcha hacia La Paz que se anuncia masiva. Varias Central Obreras Departamentales han decidido sumarse a la movilización, porque, como afirma el dirigente de la COD de Potosí, “el proceso no pertenece ni al MAS ni a Evo Morales, sino al pueblo trabajador de Bolivia que tiene que defenderlo”. En los intentos iníciales del CONALCAM esta marcha hubiera tenido que concluirse con un cerco al parlamento para presionarlo hasta que aprobara una ley que convoque al referéndum constitucional. El nuevo escenario de diálogo “aconseja” otra vez traducir esta movilización en una “fiesta democrática” para testimoniar la voluntad del pueblo, cuando en realidad esta voluntad ya quedó bastante clara tanto en la urnas como en anteriores movilizaciones. Sin embargo varios dirigentes del CONALCAM declaran que permanecerán en La Paz vigilando sobre la labor de esta comisión política.
Como decíamos, la aprobación de esta ley convocatoria representaría un logro pero de ninguna manera sería definitivo. Las organizaciones sociales derrotamos un intento de golpe de Estado pero cometimos el error de dejar las fuerzas del enemigo casi intactas, intacta su organización y capacidad de presión e intacto su poder económico y político en la sociedad y sobre el Estado. Esta lucha que se está librando así como el camino de socialización de la nueva CPE deben representar el momento decisivo para fortalecer la unidad y la organización de todo el movimiento obrero popular, organización necesaria para derrotar el enemigo ahora atrincherado en la defensa de su territorio. Insistimos en la necesidad que se vayan conformando Comités y Asambleas populares, que se multipliquen por iniciativa de la COB los espacios de organización y de debate sobre el rumbo definitivo del proceso de cambio. Es la única manera para hacer efectivamente del gobierno expresión de los movimientos sociales, y no que él gobierne los movimientos sociales manteniendo a su interior representantes de derecha que con la lucha de los movimientos sociales no tienen nada que ver.
La lección que aprendimos es que el gobierno puede mantenerse solo por el apoyo activo y militante del movimiento obrero – campesino y popular, pero no se puede pensar en movilizar esta militancia activa con un simple gesto de la mano, como abrir o cerrar una pila. Si la ley convocatoria es aprobada habrá que pelear para que se respete, especialmente en el Oriente. La aprobación de la nueva CPE no terminará el camino del cambio porque el imperialismo y la oligarquía mantendrán el control de recursos estratégicos como bancos, minería y producción de hidrocarburos, más bien el movimiento popular podría verse reducido porque sectores campesinos que apuestan a la repartición de la tierra podrían desfilarse de la lucha. Y hasta que no saquemos de las manos de la burguesía nacional el control sobre la economía y su capacidad de presión sobre el Estado, esta lucha no podrá decirse definitivamente vencida.
El enemigo ahora tiene un poderoso e inesperado, para ellos, aliado; es decir, la crisis económica internacional, que es producto de la crisis estructural del capitalismo. El precio del zinc, a solo unos días de la caída de las bolsas valores mundiales, ha bajado de 0,74 a 0,68 centavos de dólares la libra fina. Sólo en Potosí, ya se ven afectados algo como 5.000 puestos de trabajo en el Cerro Rico, lo mismo en Oruro. Las multinacionales, de EEUU, Canadá y Europa, y el empresariado privado nacional son los principales y únicos inversores en este sector, entonces no cabe duda que frente a una brusca caída de la demanda de materias primas reducirán ulteriormente inversiones y personal de sus plantas.
Las palabras de tranquilidad del dirigente del Banco Central de Bolivia son inútiles: se puede decir como él lo hace que la crisis no afecta Bolivia porque no hay bancos que están al borde del fracaso, pero aquí el problema es la producción no la actividad financiera de los bancos que en estos dos años solo han especulado con la inflación. Aseverándose, como ya se hace, la crisis económica, esto quitará al gobierno los márgenes para aplicar sus reformas sociales. Ya hoy la Renta Dignidad deberá pagarse con recursos procedentes del Tesoro General de la Nación, porque el IDH, frente a la falta productiva y de inversiones de las multinacionales, es insuficiente para cubrir este gasto social por el Estado.
La bonanza económica y, sobre todo, los altos precios de los minerales, junto a las remesas de los bolivianos emigrados en el exterior, han dado al gobierno y al país una relativa estabilidad financiera, permitiendo financiar una serie de proyectos y de gastos sociales y de combatir el aumento de los precios de la canasta básica. Hoy, el dirigente de los empresarios privados pide al gobierno reducir el gasto público, es decir reducir el gasto en reformas sociales, para prepararse a los efectos de la crisis. No dudamos que ministros como el de Hacienda, Luis Arce, ex ADN, esté de acuerdo con esta reivindicación, que desde el punto de vista capitalista es necesaria. De hecho si se reducen la demanda de las materias primas que el país exporta, se reducen los ingresos para el Estado que podrá por un tiempo financiar sus gastos con el dinero depositado en estos años, para luego deberá recurrir a otras formas como la emisión de moneda que genera inflación.
Podríamos hallarnos entonces en un escenario similar al de principio de los años ’80: crecimiento del desempleo por efecto de la crisis internacional y al mismo tiempo aumento incontenible de los precios: ningún proceso, ningún gobierno podría resistir a esta posible mixtura explosiva. Evo Morales, en rueda de prensa en Oruro, afirmaba que el gobierno está estudiando medidas para contrastar la caída del precio internacional de los minerales. La única solución posible es avanzar decididamente en la nacionalización bajo el control y con la participación de los trabajadores de las grandes empresas, de los bancos, y agilizar una reforma agraria orientada a la propiedad colectiva de la tierra. En otras palabras una vez más la lucha para el autentico socialismo es la única garantía de éxito, y es la lucha misma por la defensa de este proceso de cambio.
El Militante Bolivia
