Bolivia
La oligarquía arma su propio Estado
econoticiasbolivia.com
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Los terratenientes y la burguesía, con masivo apoyo popular, intentan formalizar el poder que ya de facto ejercen en cuatro de las nueve regiones de Bolivia. Alistan su propio Parlamento, su propia Policía y el control absoluto sobre la tierra, el gas, la educación y los impuestos. Evo, por ahora, sólo mira y amenaza. La clase obrera se pone en pie de combate |
En abierta rebeldía
contra el gobierno legalmente establecido del presidente indígena
Evo Morales, las fortalecidas fuerzas de la oligarquía boliviana
dieron anoche un nuevo paso en su intento por formalizar el poder
que ejercen de facto en los valles y llanuras de Bolivia al aprobar
su denominado "estatuto autonómico".
El texto de 155 artículos, que sienta las bases para la conformación
de un gobierno independiente, con capacidad de legislar y definir el
uso de sus recursos, fue aprobado por una autoconvocada Asamblea
Provisional Autonómica, en Santa Cruz, la región más próspera del
país, donde se concentra gran parte de la riqueza natural (gas,
petróleo, tierras, bosques, hierro) y que es desde hace un año el
bastión de la oligarquía terrateniente y de la burguesía comercial
financiera local.
La carta autonómica fue recibida con júbilo por las clases medias,
empresarios, vecinos y gran parte de los trabajadores urbanos del
oriente, aunque con fuerte rechazo y críticas por los sectores
campesinos e indígenas.
Tras la aprobación del estatuto "en grande", de inmediato en La Paz
el gobierno del presidente Morales, que ejerce poder en el altiplano
y que aún mantiene bajo control total al Ejército y la Policía,
advirtió que la "autonomía de facto decretada por la oligarquía era
ilegal, antidemocrática y conspirativa". E l ministro de Gobierno,
Alfredo Rada, había advertido con una intervención policial y
militar si Santa Cruz declaraba su autonomía y rompía la unidad del
país.
Al margen de la ley
Como lo reconocen sus propios autores, la carta autonómica no se
basa ni en la Constitución Política del Estado en vigencia ni en la
que fue aprobada en Oruro por las fuerzas leales al presidente
Morales el domingo pasado y que exacerbó el clima de enfrentamiento
que vive Bolivia, virtualmente partida en dos, con dos poderes en
pugna abierta por el control de territorio.
El texto autonómico establece que Santa Cruz es un departamento
autónomo, una demanda de gran arraigo popular en casi todas las
regiones del interior del país (excepto La Paz) y que ha permitido
que la oligarquía tenga la dirección y control de un vasto
movimiento popular, que tiene fuertes rasgos reaccionarios y
racistas, profundos sentimientos regionalistas, un acendrado odio
hacia los altiplánicos y duras expresiones fascistas.
El punto central del estatuto se encuentra en el artículo seis, en
el cual se detallan las competencias exclusivas que tendrá el nuevo
poder. Entre ellas se incluyen la competencia legislativa para tener
su propio Parlamento, la organización de instituciones públicas
autónomas, entre ellas de la Policía, que no dependan del poder
central, un régimen electoral departamental, y el control, dominio y
administración de la tierra, agricultura y ganadería, asuntos
forestales, áreas protegidas, biodiversidad, gas, petróleo, tributos
departamentales, hacienda, educación, ordenamiento territorial,
transporte terrestre y reconocimiento de personerías jurídicas,
entre otras.
Es un levantamiento
"Este es un levantamiento terrateniente, un levantamiento del
gamonalismo más retrógrado y conservador contra democracia, contra
la unidad y contra el proceso de cambio y revolución agraria", dijo
en La Paz el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.
Por ahora, el Ejército y la Policía, cuyos altos mandos responden a
Morales, están en apronte, al igual que las organizaciones
sindicales urbanas y campesinas que han comenzado a exigir que se
corte de raíz la conspiración fascista y se liquide el creciente
poder de la oligarquía. Algunos dirigentes, como Roberto de la Cruz
de la combativa ciudad de El Alto, cuestionaron la extrema pasividad
del gobierno de Morales para con los sediciosos. Otros más
radicales, vinculados a mineros de Oruro y maestros de La Paz,
plantearon como salida a la crisis la inmediata expropiación y
reversión de todos los inmensos latifundios en los que concentra la
tierra y que son la base del poder económico y político de la
oligarquía.
Presión revolucionaria
En este escenario, la combativa Central Obrera de Oruro, timoneada
por los mineros proletarios, la vanguardia revolucionaria de
Bolivia, dijo a Econoticiasbolivia que "l as autonomías
departamentales que se pretenden ejecutar de facto están al margen
de la ley y sólo es un pretexto y argumento trillado para tener
potestad regional de parte de la oligarquía de disponer de nuestros
recursos naturales en su beneficio".
"Las autonomías departamentales no solucionarán el problema del
desempleo y pobreza porque no altera la propiedad de nuestros
recursos que continúan en manos de los mercenarios y trasnacionales.
Sólo la aplicación de las Agendas del 2003 y 2005 (una verdadera
nacionalización de los hidrocarburos y de la minería, expulsando a
las transnacionales, y una nueva reforma agraria que liquide el
latifundio) de la cual nunca hablan los oligarcas serán verdadero
despegue hacia la construcción de una nueva sociedad".
Los mineros repudian, además, la política conciliadora de Morales.
"Rechazar la convocatoria del Gobierno a una tregua y concertación
con la minoría fascista que hoy convulsiona el país, utilizando
millonarios recursos de las trasnacionales y el gobierno
norteamericano. La clase trabajadora y el pueblo ha sufrido en carne
propia los resultados de este tipo de concertaciones que siempre son
un retroceso para el pueblo y ventajas para los opresores. El pueblo
sabe que los cambios son con lucha decidida del pueblo que el
gobierno no tiene el derecho de traicionar", agrega la arenga de la
Central Obrera de Oruro que ha logrado burlar el control político e
ideológico que ejerce el gobierno sobre los sindicatos.
Represión fascista
En Santa Cruz, el Estatuto autonómico fue aprobado bajo la atenta
mirada de unos 700 huelguistas de hambre, instalados hace once días
en carpas en la plaza central de Santa Cruz, donde son constantes
las palizas y golpizas contra los altiplánicos que osan pasar por el
centro de la ciudad. Allí operan con absoluta impunidad las bandas
fascistas, las fuerzas que respaldan al presidente Morales lucen
acorraladas.
"A cada hora, a cada dos horas nos llaman los compañeros,
denunciando que los están pegando, que los están maltratando o
robando, es increíble lo que está sucediendo, porque realmente ya no
hay respeto a nada", dice Isaac Avalos, principal dirigente de la
Confederación de Campesinos y parlamentario del partido de Morales.
En el sur del país, en las ciudades de Sucre y Tarija, como más al
norte, en Beni y Pando, también operan las organizaciones juveniles
fascistas para amedrentar a los partidarios de Morales y a los
dirigentes sociales e indígenas. Allí también se realizan huelgas de
hambre contra Morales y su cuestionado proyecto de nueva
Constitución, que propugna, en los central, una economía mixta, el
respeto a la propiedad privada y al latifundio y la convivencia
entre la precaria economía campesina, la informalidad empobrecedora
y una limitada participación estatal junto a los grandes
terratenientes, la burguesía financiera comercial y los pulpos
transnacionales.
Dos gobiernos
Desde las últimas semanas, en los hechos, en Bolivia hay dos
gobiernos. Uno, el legal, del presidente indígena Evo Morales, tiene
masivo apoyo campesino y el control del altiplano (La Paz, Oruro y
Potosí). El Ejército y la Policía responden aún a su mando. Los
sindicatos y las clases medias lo apoyan, aunque sin mucho
entusiasmo. En los valles y llanuras del oriente y sur del país,
pesa más, en cambio, la oligarquía latifundista y la burguesía
financiera-comercial, que cuenta con la adhesión militante de las
clases medias y la sumisión de los sindicatos y organizaciones
cívicas y populares. Ellos conspiran y quieren escindir al Ejército
para derrocar al "indio presidente".
Bolivia está partida en dos. En seis de las 10 más grandes ciudades
bolivianas gobierna de facto la oligarquía. Allí, nadie respeta a
Evo Morales y emerge con fuerza el racismo, el separatismo y las
bandas fascistas. Allí, la izquierda indigenista no tiene discurso
ni consignas y está arrinconada y perseguida
14/12/07
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