El agua del río Andalgalá, palabra quechua que quiere decir “señor de la montaña alta”, inventó un oasis en el centro norte de la provincia de los cerros azules, Catamarca.
Allí se levantó la ciudad homónima que está en la base de la Sierra del Aconquija, rodeada de selvas subtropicales y más al norte estalla el llamado Salar de Pipanaco.
Casi quince mil almas viven en Andalgalá, tierra de aceitunas, duraznos, ovejas, cabras y muchos recursos minerales.
Lo que debería ser motivo de felicidad popular, termina siendo causa de dolores e impunidades.
Será que el verdadero señor de la montaña alta no es ni el río ni las hijas y los hijos del pueblo, sino los intereses multinacionales que se llevan lo parido en las entrañas de las sierras de fantasía.
El viernes 12 de febrero, los integrantes de la Asamblea El Algarrobo fueron rodeados por efectivos de la guardia de Infantería, el grupo Kuntur y la policía catamarqueña.
Doscientas personas entre las que había mujeres, chicos y abuelos dispuestos a defender el patrimonio colectivo del subsuelo de Andalgalá y exigiendo el derecho a “una vida digna y sana, a un ambiente libre de contaminación, diciéndole si a la vida y no a la explotación a cielo abierto del Nevado de Aconquija en manos de la empresa minera Agua Rica”, tal como decía el comunicado de la asamblea. La orden había partido del intendente, José Perea, y la fiscal, Martha Nieva.
Dos funcionarios que parecen funcionar a favor de los intereses de la minera Agua Rica que quiere explotar el cobre y el oro de la provincia desde el año 2003 y que ahora se encuentra en la etapa de construcción hasta 2012.
El propio intendente había dicho: “El 25 de febrero, caiga quien caiga, las máquinas van a llegar al yacimiento”. La respuesta fue una movilización que reunió a más de 4.000 andalgalenses en contra de la minería.
El lunes 15, “el conflicto terminó de estallar cuando una máquina tipo oruga retroexcavadora y 20 camionetas de la minera, con el apoyo de la policía, se dispusieron a atravesar el corte. La resistencia de los ciudadanos -que reclaman un plebiscito sobre la instalación de la minera- fue quebrada a balazos de goma, culatazos, gases lacrimógenos y detenciones. “Te tiraban a dos metros, no podían errarle” contó Aldo Flores.
Las crónicas dicen que “unos 300 integrantes de la asamblea El Algarrobo fueron reprimidos a media tarde por las denominadas fuerzas del orden en Chaquiago, donde la asamblea realiza un corte en el camino que va hacia la minera. El episodio mostró la entusiasta e indiscriminada violencia policial (contra mujeres, niños, ancianos), y terminó generando una pueblada durante la noche, con quema de la intendencia y otros ataques emblemáticos: contra las oficinas de la minera Agua Rica, el juzgado y la fiscalía, y el supermercado Los Mellizos propiedad de una proveedora de la minera”.
Como consecuencia de la represión, Raúl Guillermo Cerda, juez Electoral y de Minas de Catamarca, ordenó paralizar los trabajos en la mina de Agua Rica, como resultado de los incidentes registrados en Andalgalá.
Fundamentó la decisión, que rige hasta nuevo aviso, en la necesidad de “pacificar” a la comunidad. La empresa fue notificada.
La mina de Agua Rica pertenece al grupo canadiense Yamana Gold y ellos son los que se quieren convertir en los auténticos y nuevos señores de la montaña alta.
Sin embargo allí está el pueblo, los integrantes de la Asamblea de El Algarrobo dispuestos a defender el río, la tierra, el cielo y la vida porque no quieren convertirse en otro pueblo fantasma.
Porque ellos son los verdaderos descendientes del señor de las montañas altas.

Carlos del Frade (APE)

La represión al servicio de la contaminación y el saqueo