Los indígenas culminaron con esta manifestación, en el corazón político de Bogotá, una marcha de 500 kilómetros que se inició en Cali el 10 de noviembre pasado, tras un diálogo con el presidente Álvaro Uribe que terminó sin acuerdos y que habían solicitado los primeros días de octubre, a raíz de los constantes hostigamientos, agresiones contra líderes comunitarios y acusaciones de vínculos –no probados– con la organización guerrillera.
“La palabra camina, la minga (esfuerzo conjunto) transforma”, fue uno de los lemas escritos en grandes pancartas desplegadas por los indígenas en el último tramo de su movilización, que a pesar de ser pacífica no estuvo exenta de enfrentamientos contra las fuerzas públicas en su primera etapa, cuando empezaron su camino a Cali, en octubre, y bloquearon la carretera Panamericana.
Según Feliciano Valencia, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), cinco activistas de la minga fallecieron en los choques y 129 resultaron heridos, aunque la prensa local sólo reportó un deceso. La Organización Nacional Indígena de Colombia señala que 70 miembros de diferentes etnias han sido asesinados en 2008, la mayoría por elementos de las fuerzas públicas.
La marcha, además, ha sido objeto de señalamientos de carácter racista, que se reflejaron en programas de radio y comentarios publicados en el sitio de Internet del diario El Tiempo, de Bogotá. El periódico El Espectador, en la web, destacó que durante la caminata por la capital hubo quienes aplaudieron a los indígenas, pero también “otros que los miraban como si fueran personajes sacados de algún relato fantástico”.
La marcha por las carreteras terminó el jueves, cuando los indígenas salieron de la localidad de Soacha –próxima a Bogotá– y llegaron al campus de la Universidad Nacional, en Bogotá.
Los dirigentes del movimiento tienen previsto continuar el diálogo público con Uribe, quien este viernes viajó a Lima, Perú, para participar en la cumbre de los países que integran el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico.
No obstante, para este sábado se tiene programada una reunión entre los dirigentes del CRIC e integrantes del gabinete de Uribe, con quienes tratarán de acordar la fecha de un encuentro con el mandatario.
Pero mientras se formalizan los arreglos para las pláticas, varios representantes indígenas expusieron a miembros de organizaciones no gubernamentales la problemática que tienen en diferentes regiones, particularmente en el departamento del Cauca, en el suroeste del país, uno de los principales escenarios del conflicto armado en el país.
El movimiento busca llegar a acuerdos específicos sobre la manera en que el gobierno restituirá tierras que pertenecieron a los indígenas, pero fueron ocupadas por productores agropecuarios. Los reclamos están fundamentados en el reconocimiento de derechos indígenas en la Constitución, vigente desde 1991. La población colombiana formada por comunidades originarias representa 2 por ciento de los 46 millones de habitantes.
Representantes del gobierno y de terratenientes han tratado de desautorizar la demanda indígena de tierras con el argumento de que poseen decenas de miles de hectáreas, pero en respuesta el movimiento afirma que la mayor parte de ese territorio no es cultivable, porque está conformado por zonas semidesérticas, acantilados, volcanes y páramos.
Además del tema de las tierras y de la denuncia de acusaciones sobre supuestos nexos con la guerrilla, las organizaciones indígenas exigen que el tratado de libre comercio con Estados Unidos –negociado en años recientes por los gobiernos de Uribe y George W. Bush, pero pendiente de aprobación en el Congreso estadunidense– considere la opinión de las etnias en temas de conservación de la biodiversidad, entre otros.
El dueño de DMG blanqueó dinero: fiscal
En otro orden, la fiscal Luz Ángela Bahamón aseveró hoy en una audiencia de formulación de cargos que el propietario de la firma DMG, David Murcia, arrestado el jueves pasado, blanqueó dinero provenientes de actividades ilegales.
Con estas acusaciones de la fiscalía general, basadas en información recabada durante 2 mil 600 intervenciones telefónicas, se formalizó la detención de Murcia, cuya empresa se dedicaba a la venta de tarjetas de prepago, con las que los consumidores compraban electrodomésticos y además recibían bonificaciones económicas posteriores.
Algunos articulistas de la prensa escrita y de programas radiofónicos han señalado que las pirámides que colapsaron la semana pasada y la creación de la firma DMG adquirieron fuerza como alternativa a las bajas tasas de ahorro y las comisiones que cobran los bancos comerciales.
Bahamón expresó que Murcia planeaba sobornar periodistas de varios países, además de Colombia (México, Ecuador, Panamá y Perú), y legisladores de esta nación para conseguir, aparentemente, favorecer los intereses de la compañía, cerrada el lunes por la Superintendencia Financiera.
