COLOMBIA: PARAÍSO DE LAS TRANSNACIONALES MINERAS
La inversión extranjera y la toma de la economía nacional: entre 2002 y 2009, la inversión extranjera en los sectores extractivos aumentó en un 500 por ciento. Pero por cada 0.93 dólares que entraron al país, salió un dólar. Así, Colombia antes que receptor de capital extranjero está convertida en un exportador neto de capitales.
Entre 1994 y 2009, ingresaron, como inversión extranjera directa, 90 mil millones de dólares, Aún así, el desempleo, la informalidad, el hambre, la miseria no se redujeron. El capital extranjero no es tabla de salvación ni motor de crecimiento. El Estado colombiano renunció a participar en la renta minera más allá de mero recaudador de impuestos, contribuciones y contraprestaciones económicas, como las regalías.
Más de la mitad de las cien principales empresas colombianas son extranjeras o con fuerte presencia de capital foráneo. Durante los últimos veinte años, como en ningún otro periodo en la historia republicana, una parte importante del territorio colombiano y de sus recursos fueron tomados bajo el control de compañías privadas de las principales potencias del mundo, especialmente de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Para hacerlo, estas empresas se valieron de sustanciales reformas a la ley, comenzando por la 9ª de 1991, que les otorgaron un inigualable marco normativo para garantizarle a la inversión extranjera lucrativos beneficios.
A partir de 1990, en un proceso que aún no culmina y que pretende volverse irreversible con la firma de los Tratados de Libre Comercio, se vienen eliminando prácticamente todas las condiciones y gravámenes que debería cumplir el capital extranjero para su ingreso, permanencia y salida de la nación.
Todos los sectores productivos y de interés social del país fueron desprotegidos y permeados por el masivo ingreso de capitales financieros, excedentarios en las economías del Norte y que encontraron en Colombia un lugar propicio para sus necesidades de incrementar la ganancia. Ninguna actividad se salvó: la educación, la salud y los servicios públicos domiciliarios cambiaron su naturaleza de derechos esenciales a simples mercancías expuestas a las "leyes" del mercado, por lo cual su acceso quedó dependiendo de la capacidad de pago de los ciudadanos. Arguyendo el infundio neoliberal del Estado ineficiente, se vendieron a menosprecio los principales activos de la nación. Con un país en liquidación, el capital extranjero estuvo de plácemes. Entre 1994 y el año 2009 ingresaron a la economía colombiana, por cuenta de la inversión extranjera directa, 90.000 millones de dólares. Aún así, el desempleo, la informalidad, el hambre, la miseria y el atraso agobian la existencia de más de la mitad de quienes habitan este territorio y elimina la posibilidad de una mejor calidad de vida a las mayorías nacionales. Prueba, sin lugar a dudas, de que el capital extranjero no es la tabla de salvación ni el motor de crecimiento, como vienen repitiendo los áulicos del neoliberalismo en las últimas dos décadas. La explicación se encuentra, según el nobel de economía Joseph Stiglitz, en que la "entrada de capitales no impulsó un resurgimiento de la inversión real (…) Gran parte de ese capital se utilizó simplemente para financiar un aumento del consumo. La entrada de capitales fue en parte resultado de la privatización, de la venta de los bienes de los países a los extranjeros" .
Esta situación evidencia la toma de la economía colombiana y de su manejo por parte de las trasnacionales y los organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, que actúan con el único propósito de satisfacer las necesidades de las potencias. Se refleja también en la venta a capitales foráneos de una parte importante del aparato productivo nacional. Más de la mitad de las cien principales empresas colombianas son extranjeras o con fuerte presencia de capital foráneo. Lo grave de esta situación es que suele perderse de vista que dicha inversión llega con el único propósito de crear ganancia para ser extraídas nuevamente del país. Es decir, las utilidades de las transnacionales no tienen como propósito quedarse en Colombia sino retornar a sus accionistas europeos, estadounidenses, o de cualquier otra nación del mundo. Las cuentas son absolutamente claras: entre 1994 y 2009 la renta de los factores, que mide la entrada y salida de ganancias del capital invertido en Colombia, es negativa en 68.000 millones de dólares. Para mencionar un ejemplo puntual, en el año 2009 ingresaron a la economía colombiana 7.201 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, pero salieron por giros de dividendos 7.719 millones de dólares. Es decir, por cada 0,93 dólares que entró al país, salió 1 dólar , lo que convierte a Colombia no en un receptor de capitales extranjeros, sino -sorprendentemente- en un exportador neto de capitales.
EL AUGE MINERO
Bajo este contexto es que se desarrolla -de igual forma- la nefasta política minera impuesta por esos capitales.
A partir del año 2005 la minería colombiana ha experimentado el crecimiento más alto de toda su historia. El crecimiento del PIB minero en este periodo fue en promedio de 12%, muy por encima del crecimiento promedio del país. En el segundo trimestre de 2010, por ejemplo, en momentos en que la economía en su conjunto crece al 4,5%, la minería crece al 15%, a lo que un medio impreso denomina "la locomotora que empuja el dinamismo de la economía nacional" . Para el año 2009 la minería equivalía al 5% de la producción total del país, pero a finales de 2010 podría significar el 9% de la economía total.
En cuanto a las exportaciones mineras, para el año 2007 Colombia exportaba 332 millones de dólares en oro y para el año 2009 había aumentado esas ventas en 4,6 veces al exportar 1.537 millones de dólares. El año 2010, la economía podría terminar con exportaciones mineras totales por valor de 15.000 millones de dólares, convirtiéndose en el principal renglón de las ventas colombianas.
La fiebre minera no ha hecho esperar a los inversionistas extranjeros. Sobre la minería en Colombia, y en general sobre América Latina, se ha producido en los últimos años uno de los mayores negocios de especulación financiera del mundo. Tras la debacle de 2008 se convirtió en uno de los commodities más atractivos para el capital financiero global, y entre más se profundiza la crisis más se incrementa al auge minero.
En efecto, ante la debilidad del dólar y las dudas que existen sobre su permanencia como patrón de cambio mundial, la minería se ha convertido en el refugio preferido de los especuladores mundiales. El precio del oro hoy registra sus niveles más altos en la historia, superando la barrera de los 1.300 dólares por onza, cuando después del acuerdo de Bretton Woods y hasta 1971 se mantuvo en un precio fijo de 35 us$/onza.
Colombia no se escapa de este fenómeno especulativo. Mientras en 1996 la inversión extranjera en minería era del 2,2% del total, para el año 2001 ya era el 26% y en el año 2009 la inversión extranjera directa en los sectores de hidrocarburos y minería fue el 90% del total . Entre 2002 y 2009 la inversión extranjera en los sectores extractivos aumentó 500%. ¿De dónde proviene esa inversión? La mayor proporción de los capitales extranjeros que ingresan al país provienen de los denominados paraísos fiscales, que son usados por las transnacionales para evadir impuestos. En 2009, los dólares llegados desde Luxemburgo crecieron 5.126 por ciento con respecto al año 2008; de Bermudas, en 2.912 por ciento; y los de Islas Vírgenes en 818 por ciento.
LA ENTREGA DEL GOBIERNO DE URIBE A LAS TRANSNACIONALES
La respuesta del gobierno de Álvaro Uribe Vélez a semejante orgía de los capitales mundiales fue entregarles en concesión a las transnacionales mineras más poderosas del mundo 8.750 títulos mineros que cubren cinco millones de hectáreas del territorio colombiano, según lo anunció el mismo Ingeominas . Pero las pretensiones no paran allí. Según mapas elaborados por el investigador Guillermo Rudas, las solicitudes de títulos mineros de parte de compañías extranjeras abarcan más del 40% del territorio nacional. Incluso, más del 6% de las zonas de páramos están tituladas, situación que hasta el propio ministro de minas y energía, Carlos Rodado Noriega ha reconocido no estar en capacidad de fiscalizar.
Un desolador panorama que amenaza con destruir de manera irreversible la rica biodiversidad colombiana, pero además que apunta a convertir a Colombia en un enclave colonial de estas compañías, profundizando el saqueo de las riquezas y agravando las oprobiosas condiciones económicas y sociales que acosan a comunidades, trabajadores y productores nacionales que se verán irremediablemente desplazados de sus territorios y actividades, como se está viendo en las zonas donde se ubican los principales proyectos de minería: Guajira, Cesar, Antioquia, Córdoba, Chocó, Santander, Tolima, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Valle y Cauca, solo por mencionar los más importantes.
EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA POLÍTICA MINERA COLOMBIANA
Los recursos naturales que posee el territorio colombiano podrían ser una fuente importante de riqueza que serviría al desarrollo del país en materia industrial, científica, tecnológica y agrícola, y que, aprovechados de manera racional y con criterios de sostenibilidad, redundaría en una mejor calidad de vida para las mayorías nacionales. Pero no es así. Para las principales regiones mineras del país esas riquezas se han convertido en maldiciones. Existe, bajo la actual política minera colombiana, una relación directa entre los proyectos de gran minería transnacional y el atraso, el hambre y la miseria de sus habitantes. No existe un solo ejemplo veraz en el mundo de proyectos mineros a gran escala controlados por el capital extranjero que tengan una evaluación positiva en cuanto a la mejora de la calidad de vida de las comunidades vecinas a la explotación. El caso reciente de los 33 mineros chilenos, quitando la destacable misión de rescate, lo que esconde son las vergonzosas condiciones laborales, económicas y sociales tanto de los trabajadores como de sus familias.
La causa principal del desastre minero que sufre el país en la actualidad es que el Estado, por cuenta de la legislación minera aprobada por "recomendación" del Banco Mundial en el año 2001 (Ley 685) y reformada en febrero de 2010 con financiación de la Agencia Canadiense para el Desarrollo internacional, fue obligado a abandonar la intervención directa en la actividad minera y se le relegó solamente al papel de regulador y fiscalizador. El Estado también renunció a participar en la renta minera más allá de mero recaudador de impuestos, contribuciones y contraprestaciones económicas, como la regalía, pero ni siquiera esta labor es cumplida a cabalidad, como lo expresa la misma Contraloría General de la República, que en un informe del año 2009 advierte que "la información proveniente de los titulares mineros en el tema de regalías es en un alto porcentaje de buena fe, por cuanto (la autoridad minera, Ingeominas) no cuenta con elementos suficientes desde el punto de vista técnico y legal para controvertir o rechazar las liquidaciones de producción y cálculo de regalías que reportan los titulares mineros" . Es decir, que las transnacionales mineras terminan pagando lo que de buena voluntad quieran dejarle al Estado colombiano.
Para completar, la política de Confianza Inversionista aplicada también a la minería por el gobierno de Uribe Vélez y que ha prometido continuar y ahondar el actual gobierno de Juan Manuel Santos, le concede a las compañías extranjeras 4 billones de pesos en exenciones tributarias. Estos son recursos de los colombianos que van a parar a las arcas de las poderosas compañías mineras y que a la postre terminan representando el 75% de lo que se recauda por regalías . Al final de cuentas, si se suman todas las gabelas concedidas al capital extranjero para que llegue al país, lo que ocurre con la política minera es que los colombianos le están pagando a las transnacionales de la gran minería para que se lleven sus recursos naturales. Cuando se miran las cifras de lo que significa la producción minera colombiana (73 millones de toneladas de carbón, 47.830 kilogramos de oro, 50.979 toneladas de níquel ) es inevitable concluir que la política minera actual se constituye en el mayor saqueo de las riquezas que ha sufrido el país en su historia.
El problema fundamental radica entonces en que el Estado colombiano no ejerce soberanía alguna sobre sus recursos. No tiene control sobre su explotación y extracción. La contradicción principal a resolver tiene que ver con que esos recursos están hoy en manos de las grandes compañías mineras de tipo monopolístico y financiero, por lo tanto, hay un incuestionable antagonismo. Los intereses de estas empresas no son los mismos intereses de las mayorías nacionales. No son los mismos intereses de los trabajadores colombianos, ni de las comunidades ni de los pequeños y medianos mineros. Por supuesto tampoco es el mismo interés de los ambientalistas. El único interés de estas transnacionales es el de explotar y extraer del país la mayor cantidad de mineral o recurso energético en el menor tiempo posible, no importa las estrategias que tengan que usar ni los impactos que esto genere.
¿Qué queda para los colombianos de esta política minera? Una afectación ambiental definitiva, la destrucción del tejido social y la ruina económica, pues cuando se inician los proyectos de gran minería no es posible que en el entorno exista una actividad diferente. Dicho de otra forma, donde hay minería a cielo abierto solo puede haber minería a cielo abierto. No hay espacio ni para la agricultura, ni para la ganadería, ni para la pesca ni para ninguna otra actividad laboral que no sea la de la mina a cielo abierto. Y una vez culminan los proyectos, estas transnacionales se van del país sin responder por los impactos que genera.
EL GOBIERNO DE JUAN MANUEL SANTOS
La minería es una de las cinco "locomotoras" (las otras son: agricultura, vivienda, infraestructura e innovación) que según el mismo presidente Santos "van a dinamizar el crecimiento económico y jalonar el resto de la economía". En concordancia con lo establecido por su antecesor, la orientación de la política minera consiste en que el Estado allane el camino para los grandes proyectos mineros de las transnacionales y para ello se vale de ejército y policía para perseguir, judicializar y criminalizar a los pequeños y medianos mineros colombianos que durante siglos han venido realizando minería a lo largo y ancho del país. A estos productores nacionales se les exige un título minero para continuar sus labores, pero cuando van a solicitarlos se encuentran con que sus territorios ya han sido pedidos en concesión por estas grandes compañías, como en el caso de La Toma en el municipio de Suárez, Cauca, de antigua tradición minera, donde la multinacional inglesa-sudafricana Anglogold Ashanti pidió en concesión hasta el cementerio . En cambio cuando los pequeños y medianos mineros solicitan un área se les niega con argucias técnicas.
El gobierno de Santos presentó una reforma a la Ley de Regalías, con el propósito de concentrar en el Gobierno Central los recursos que por este concepto hoy le corresponden a los departamentos y municipios. Es decir, que del "boom minero" solo le llegará a las regiones las migajas que caigan de la gran torta presupuestal, en la que la tajada más grande le corresponde al compromiso de la deuda externa.
Esta reforma, entre otras como la denominada de Estabilidad Fiscal, que busca elevar a norma constitucional el equilibrio fiscal, y la continuidad de la política minera, responden a las necesidades de las potencias por garantizarse el flujo ininterrumpido de minerales estratégicos y energéticos primarios necesarios para mantener el funcionamiento de sus industrias y sus economías, en medio de una crisis global que no vislumbra recuperación alguna.
En efecto, recientes informes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional destacan cómo el dinamismo entre las economías de América Latina, a través de las exportaciones de materias primas a los llamados países emergentes, se han convertido en la salvación del desempeño económico mundial, y las muestran como un caso exitoso de crecimiento que ha impedido que las potencias se vean más afectadas. El Banco Mundial muestra como "la rapidez de la recuperación de América Latina y su resistencia a la crisis económica global puede ser atribuida en parte al aumento de las exportaciones de materias primas" y sugiere que "el desafío a largo plazo es administrar bien esa bonanza y destinar esos beneficios en invertir en capital humano, construir infraestructura mejor y promover la innovación, elementos fundamentales del crecimiento sostenido" . Recomendaciones que, lejos de suspicacias, son coincidentes con las famosas "locomotoras" de Santos. El FMI también es optimista frente a este comportamiento y destaca que "la región de América Latina y el Caribe está saliendo de la crisis mundial a un ritmo mayor de lo esperado" y agrega que "los países productores de materias primas disfrutarán de un crecimiento más dinámico" . Sin embargo, en este mismo sentido el FMI es claro al afirmar que "el contexto es menos favorable para los países que tienen vínculos reales fuertes con las economías avanzadas" y más favorable para aquellos países que tienen más dinamismo en su demanda interna
Un mayor crecimiento de la economía colombiana, como el esperado por el BM y el FMI, a la luz de una economía controlada por el capital financiero y monopolista extranjero, tiene ineludiblemente como resultado un aumento del saqueo de las riquezas y un envilecimiento aún mayor de las condiciones sociales y económicas de los colombianos. Cada anuncio de crecimiento de la economía lo que está develando es el reemplazo de riqueza nacional por riqueza extranjera.
La política minera colombiana se desarrolla en medio de una disputa global de las potencias del mundo y de los países emergentes por el control de los mercados y los recursos naturales. Por la posesión física y material del suelo, el subsuelo y la atmósfera. Esta contienda le impone a los países dependientes reformas regresivas en sus legislaciones al modificar las constituciones, los códigos mineros y firmar Tratados de Libre Comercio, en apariencia democráticos. Pero también imposiciones en el escenario militar, como la firma el 30 de octubre del año 2009 de un acuerdo entre EE.UU. y Colombia en el que se le entrega el control de por lo menos siete bases militares colombianas al ejército estadounidense. Este acuerdo fue tumbado por la Corte Constitucional pero el interés por parte del gobierno norteamericano se mantiene.
Para enfrentar esta situación, las principales organizaciones sociales, ambientales, de trabajadores y pequeños mineros colombianos constituyeron la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, con el objetivo de articular acciones y realizar tareas conjuntas por la defensa de la vida, la permanencia en el territorio y la soberanía nacional, por la lucha contra las leyes de despojo y en contra de la gran minería transnacional.
http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/ediciones53/nota8.htm
POR MARIO ALEJANDRO VALENCIA*
*Miembro de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional.
www.reclamecolombia.orgdiciembre de 2010.
volver