CONADU HISTÓRICA

A l@s Docentes de las Universidades Nacionales:

La política salarial que el gobierno de Kirchner sostuvo a lo largo del primer semestre de este año fue una réplica de la desplegada el año pasado: la imposición en el ámbito de las “negociaciones” con los gremios de incrementos salariales escalonados y con “techo” (19% en 2006 y 16,5% en 2007). Esta política, que es mezquina para con el sector “asalariado formal”, directamente excluyó a enormes franjas de trabajadores precarios, desocupados, jubilados, condenados a la pobreza o indigencia perpetua y para quienes el gobierno reservó como única salida la dádiva o la prebenda electoralista.

En un escenario con tarifas, inflación, índices de precios también en sostenido crecimiento (pese a las cifras “retokadas” que el gobierno difunde), y con la aplicación del impuesto a las ganancias que impusiera De La Rúa, la lógica de los “topes salariales” para los trabajadores formales (los menos) y de resignación a la pobreza y exclusión para la mayoría, es coherente con la política impulsada hacia los grandes grupos económicos: aumento de acumulación de riqueza para unos pocos, subsidios a las privatizadas (que aumentaron 77% en el primer semestre), concesiones a las multinacionales, pago a los organismos de crédito internacional (que aumentaron 43% en dicho período), castigo a los pequeños productores y las PyME, saqueo de los recursos naturales, entre otras.

Esta misma política del tope salarial fue trasladada al ámbito educativo por el Ministro-Kandidato Daniel Filmus (con el aval de la dirigencia de CTERA, UDA y SADOP, entre otros), lo que generó la resistencia y el rechazo del conjunto de la docencia, que en muchas provincias (Santa Fe, Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, entre otras) gestaron grandes luchas, con masivas asambleas, paros y movilizaciones, alcanzando sus máximas expresiones en Neuquén, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El impune asesinato del docente Carlos Fuentealba en Neuquén, provocó una reacción popular de bronca y repudio que movilizó a cientos de miles y conmovió al país. Quedó al desnudo la profunda crisis educativa que abarca a todos los niveles.

En este contexto, el nuevo pacto de la burocracia sindical de la CGT con las patronales y el gobierno a espaldas de los trabajadores despertó la indignación de las bases en muchas organizaciones (estatales, subtes, telefónicos, visitadores médicos, neumáticos, judiciales, choferes de ómnibus, entre otros), que a través de sus asambleas convocaron a paros y movilizaciones a lo largo y ancho del país, llegando algunos a romper el tope salarial del 16,5%.

La CONADU HISTÓRICA fue LA ÚNICA Federación Sindical a nivel nacional que en esa etapa logró instalar un Plan de Lucha NACIONAL desafiando la ofensiva gubernamental de combatir cualquier indicio de movilización contra los lineamientos de su política de no distribución de la riqueza.

En el año 2005, con una lucha masiva logramos superar los techos salariales impuestos por el gobierno. Conquistamos en estos últimos dos años el blanqueo de los sueldos, siendo hoy el primer sector de estatales que termina con la lógica del pago de sumas en negro impuesta por los sucesivos gobiernos.

En el 2007, cuando desplegábamos nuevamente la lucha docente universitaria (que además comenzaba a empalmar con el movimiento estudiantil), el gobierno nacional y las conducciones de FEDUN, CONADU y UTE-CTERA firmaron un acuerdo el 9 de mayo, por el que el Ministerio de Educación de la Nación hace una oferta salarial claramente insuficiente, pero que es rápidamente aceptada por estos gremios. La “negociación” duró un día y medio. En ningún gremio del país, ni siquiera en aquellos conducidos por la más rancia burocracia, las negociaciones fueron tan rápidas.

Hoy ya no existen dudas que el acta firmada por los dirigentes de estos gremios, fue un vulgar y despreciable pacto político con el gobierno. Las consecuencias de la firma de este “Acta-entrega” serían muy graves, porque pretende imponer cambios estructurales que no sólo tienen que ver con lo salarial (aceptación del tope en la negociación) y laboral (aceptación de jubilaciones sin movilidad, exclusiones de ad-honorem, pretensión de modificar la escala de antigüedades, etc), sino que afectan las funciones históricas de la Universidad, como la investigación y la extensión.

En el camino de profundizar las políticas de privatización impuestas por la OMC, se pretende dar el carácter de “enseñaderos” a las Universidades públicas, a semejanza de las privadas. Se niega en la práctica la dedicación exclusiva entendida para cumplir tareas de docencia, investigación y extensión, encubierto esto en la “modificación del nomenclador docente” que intenta consagrar el acta. Se avanza en la institucionalización de docentes ad-honorem, contratados, adscriptos, pasantes, subrogantes, sin estabilidad laboral, sin titularización y con acumulación de dedicaciones simples y parciales sólo para docencia.

La CONADU HISTÓRICA por el contrario, rechazó el acta, realizó una contra-propuesta y convocó a la docencia universitaria a continuar la lucha, con medidas de protesta consistentes en jornadas de paros y en la instalación de carpas educativas frente al Ministerio de Educación de la Nación y en distintas Universidades, acciones que impulsamos en absoluta soledad, puesto que la mayoría de CONADU aplaudió la firma del acta-entrega mientras que la minoría apenas la criticó tibiamente, llegando incluso a calificarla como un “avance parcial”. Esta actitud de la otra federación fue funcional al gobierno que, no sólo pretendió aislar nuestra lucha y marginarnos de la negociación salarial, sino que además presionó con NO OTORGARNOS LA PERSONERÍA GREMIAL, pese a ser abrumadoramente mayoritaria nuestra representación en comparación con los sellos patronales con los que firmaron el acta entrega.

Durante toda la etapa continuaron y se profundizaron los conflictos, las tomas y enormes movilizaciones en muchas Universidades en torno al reclamo de “Democratización” del sistema. Las camarillas han llegado al extremo de hacer deliberar a sus representantes a 300 km de la sede de la Universidad (La Plata), en el Congreso Nacional rodeado por la Policía Federal (UBA), en una provincia distinta de la de residencia del rectorado (Comahue) o a elegir dos rectores interinos en paralelo (Rosario). Utilizan a las patotas, barras bravas o fuerzas de seguridad para salvaguardar sus negocios. Los protagonistas centrales de esta lucha son los docentes de las Asociaciones de Base de la CONADU HISTÓRICA, las federaciones estudiantiles y agrupaciones independientes y de izquierda, y los no docentes de las comisiones internas opositoras a la dirigencia de FATUN-CGT. Estos movimientos en gran medida, fueron abonados por nuestra lucha y prédica por mayor presupuesto, salarios y jubilaciones móviles, carrera docente, democratización, claustro docente único, elección directa y secreta de autoridades, titularizaciones, sumado a la denuncia de la profunda descomposición institucional que supuso la aplicación sistemática de políticas privatistas por las camarillas que gobiernan las Universidades desde hace años (quienes no dudaron en avalar los escandalosos aumentos de sueldos de funcionarios políticos y autoridades superiores de muchas Universidades).

La Educación pública en todos los niveles está frente a fuertes ataques por parte de políticas gubernamentales que se materializan en la sanción de leyes educativas, en la profundización de la precariedad laboral, en el cercenamiento de la posibilidad de participación plena en las decisiones de las instituciones, en el ahogo presupuestario; pero que a su vez tienen como contrapartida el desarrollo creciente de las luchas por resistir y revertir esta situación. Es así que en seis provincias la docencia ha reiniciado las medidas de fuerza, con una movilización de los docentes de Entre Ríos hacia Buenos Aires. Ello hace prever que la Universidad transita ese camino, que indudablemente será difícil, pero que no tiene vuelta atrás.

A partir de este diagnóstico surge como conclusión que somos capaces de construir colectivamente - concientes de las dificultades que ello supone - un plan de lucha contundente y prolongado, pero ante todo MASIVO.

Por ello la Mesa Ejecutiva y el Plenario de Secretari@s Generales de la CONADU HISTÓRICA nos convocamos al desafío de impulsar una medida de fuerza no inferior a UNA SEMANA y una MARCHA NACIONAL UNIVERSITARIA, con el objeto de conquistar un real incremento presupuestario para el sistema que revierta la enorme crisis que hoy padece y la necesaria recomposición salarial que dignifique nuestra labor, además de continuar la campaña nacional por la aprobación de nuestro Proyecto de Ley de Jubilaciones Móviles, el pago a los docentes ad-honorem, la democratización en todos los niveles, la derogación de la Ley de Educación Superior, etc.

Consideramos que en la primera quincena del mes de septiembre debemos avanzar hacia este tipo de acciones, cuya envergadura supere a las implementadas en el primer cuatrimestre. Para hacerlo necesitamos conocer - previo debate y campaña de difusión en todo el país - la opinión del conjunto y realizar un nuevo Plenario de la Federación.