Miles en la calle logran libertad de obreros detenidos con métodos de la dictadura
Diez obreros fueron detenidos en Córdoba en allanamientos que se desplegaron con un nivel de violencia que rememoró los métodos del terrorismo de Estado. Entre las cuatro y las cinco de la mañana del sábado último, en plena noche de neblina provocada por la quema de pastizales, efectivos de la policía demolieron a patadas las puertas de los domicilios de delegados de los sindicatos de Luz y Fuerza y del SUOEM y se los llevaron detenidos por su presunta participación en los incidentes de la marcha contra la reforma previsional que impulsa el gobernador Juan Schiaretti. Con el paro y la movilización de miles de personas se logró que la Justicia libere a los encarcelados, que deberán pagar una desproporcionada fianza.
La tensión sigue en la provincia de Córdoba: los abogados de los trabajadores alertaron que temen nuevas detenciones. A las medidas de ajuste de neto corte neoliberal que aplica el justicialismo cordobés, sumó la exacerbación de la judicialización de la protesta. La semana próxima habrá paro y movilización de los gremios estatales contra el ajuste y en repudio a la represión.
El supuesto delito cometido por los obreros es el de “daño calificado, atentado a la autoridad calificado e intimidación pública agravada”, según constaría en imágenes televisivas, a lo que se le sumó la “resistencia a la autoridad” en el momento de las detenciones. Se los imputa por su participación en la marcha del 20 de agosto último que rechazó la Ley de Reforma Provisional de Juan Schiaretti, el gobernador pro “campo” y aliado circunstancial al kirchnerismo a la vez. Los obreros que fueron detenidos en esa oportunidad al finalizar la movilización fueron brutalmente golpeados y amenazados de muerte mediante simulacros de fusilamiento.
Desde los días previos a las detenciones, los bosques ardían porque empresarios rurales desmontan de esa manera para abaratar costos y plantar soja, llenando de cenizas las ciudades y pueblos. Los policías actuaron amparados en la oscuridad y el humo. Cumplieron con las órdenes del Juez Esteban Díaz y del fiscal Enrique Gavier de detener a doce obreros, aunque a dos no los encontraron en sus casas. Con golpes e insultos, llevaron al penal de Bouwer a Pablo González, del Suoem, y los delegados de Luz y Fuerza Emilio Romero, Tomás Di Toffino, Pablo Álvarez, Rubén Catoira, Cristian Molina, Walther Daher, Ricardo Rojas, Federico Gómez y Emilio Di Filippo. Para los sindicatos queda más que claro que la verdadera orden de detener a los obreros de esta manera partió del gobernador, con intención de amedrentarlos. Es que si los funcionarios judiciales necesitaban que algún delegado aclare algún punto sobre la marcha del 20 de agosto, lo podrían haber citado en su lugar de trabajo en horario diurno.
A la mañana siguiente, el sindicato que alguna vez liderara Agustín Tosco, ya protestaba contra las detenciones y declaraba paro por tiempo indeterminado. Los municipales hicieron lo propio. Para el lunes, se convocó una masiva movilización, donde miles confluyeron en las puertas de los Tribunales al grito de “si no largan los presos, que quilombo se va a armar”. El juez Gustavo Reinaldi revocó la orden de detención librada por el fiscal y dispuso la libertad de los trabajadores, aunque se estableció que paguen una fianza impagable para cualquier trabajador: 20 mil pesos o que presenten una garantía de un inmueble por ese valor. Además, les ordenaron que se abstengan de participar en movilizaciones.
Luego de la liberación, el abogado Martín Fresneda que defendió a los obreros, dijo que no descartaba otras detenciones. En declaraciones al colectivo Indymedia Córdoba, destacó que “hay una crisis social importante y proceso de judicialización de la crisis social”. “Es un retroceso después de la crisis de los 90 que se vuelva con esta metodología. No está al nivel de la época de Eduardo Angeloz, pero estamos ante un riesgo importante que lleguemos a una escalada de violencia”, alertó el abogado, cuyo padre Tomás Fresnede fue desaparecido en la “Noche de las Corbatas” y que participa de la querella en el juicio al genocida Benjamín Menéndez.
El martes próximo, los 24 sindicatos estatales tomarán una nueva medida de fuerza en contra del recorte jubilatorio y del cambio de cálculo de los futuros haberes: paro y movilización. Mientras tanto, Schiaretti parece decidido a seguir con las recetas habituales: ajuste y represión.
