Con esta decisión, el gobierno norteamericano ha ignorado el clamor levantado en todo el mundo, incluso dentro del territorio de los Estados Unidos, contra la impunidad y la manipulación política que este acto entraña.

Esta decisión es un insulto al pueblo cubano y a los pueblos que perdieron a 73 de sus hijos en el abominable atentado de 1976 con el derribo, frente a las costas de Barbados, de un avión civil de Cubana de Aviación.

Esta decisión es un insulto al propio pueblo de los Estados Unidos, y es un rotundo mentís a la supuesta "guerra contra el terrorismo" declarada por el gobierno del Presidente George W. Bush.

Al gobierno de los Estados Unidos le habría bastado con certificar el carácter terrorista de Luis Posada Carriles para impedir su liberación, y de conformidad con la Sección 412 de la Ley Patriota de los Estados Unidos, haber reconocido que "su liberación amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos o la seguridad de la comunidad o de cualquier persona".

El gobierno de los Estados Unidos también habría podido aplicar las regulaciones que le permiten al Servicio de Inmigración y Aduanas retener a un extranjero no admisible en el territorio norteamericano y sujeto a la deportación. Para ello habría bastado que las autoridades norteamericanas hubiesen determinado que Posada Carriles es un riesgo para la comunidad o que liberarlo entrañaría el riesgo de que se fugara.

¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos permitió que el terrorista ingresara impunemente en el territorio norteamericano a pesar de los llamados de alerta formulados por el Presidente Fidel Castro?

¿Por qué el gobierno norteamericano lo protegió durante los meses que permaneció ilegalmente en su territorio?

¿Por qué, teniendo todos los elementos para ello, se limitó, el pasado 11 de enero, a acusarlo de delitos de menor cuantía, de carácter eminentemente migratorio y no de lo que realmente es: un asesino?

¿Por qué ahora el Servicio de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos no utiliza los mecanismos que tiene a su disposición para mantener en prisión al terrorista, con el indudable argumento, ya utilizado por la Fiscalía General de los Estados Unidos en fecha tan cercana como el pasado 19 de marzo de que, de ser liberado, se corre el riesgo de que se fugue?

¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos ha hecho caso omiso de la solicitud de extradición presentada, con todos los requisitos de rigor, por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela?

¿Cómo es posible que se libere hoy al más notorio terrorista que jamás ha existido en este hemisferio y permanezcan en cruel prisión cinco jóvenes cubanos cuyo único delito ha sido el de luchar contra el terrorismo?

Para Cuba, la respuesta es clara. La liberación del terrorista ha sido gestada por la Casa Blanca como compensación para que Posada Carriles no divulgue lo que sabe, para que no hable de los innumerables secretos que guarda sobre su prolongado periodo como agente de los servicios especiales norteamericanos, en que actuó en la Operación Cóndor, y en la guerra sucia contra Cuba, contra Nicaragua y contra otros pueblos del mundo.

La plena responsabilidad por la liberación del terrorista y por las consecuencias que de ella deriven, recae directamente sobre el gobierno de los Estados Unidos y, muy particularmente, sobre el Presidente de ese país.