El gobierno se dispone a concretar el canje con los bonistas que no aceptaron la oferta del 2005. La operación es celebrada por los financistas, elogiada por los oficialistas y aprobada por la oposición de derecha. Pero es una transacción gravosa para el país y adversa para los intereses populares. Reabre una negociación que estaba formalmente cerrada y prohibida. Carece de justificación y no se apoya en ningún dato creíble sobre el estado de las cuentas públicas.
Para quienes suscribimos esta declaración se trata de un canje nefasto.

Una vez más

Este canje es una nueva emisión de deuda para sustituir los viejos pasivos que se desvalorizaron con la cesación de pagos del 2001. Un recambio de títulos que ya se hizo en varias oportunidades para actualizar el endeudamiento. Sin embargo esta vez la operación es más siniestra, ya que se consuma con los bonistas que rehuyeron el canje del 2005 y que el gobierno prometió dejar afuera de cualquier cobro futuro. Ese anuncio fue incluso respaldado con la llamada “ley cerrojo”, que ahora el Parlamento derogó aceleradamente para reabrir la transacción, violando la sacrosanta custodia de la seguridad jurídica.
Este canje es otra vez un gran negocio para los bancos que preparan desde hace varios años un cambio de títulos que les reporte enormes ganancias de intermediación. Comenzaron a acaparar estos bonos cuando valían 8 centavos por dólar, apostando que alcanzarían la actual cotización de 45 centavos. Repitiendo lo ocurrido desde hace dos siglos, un grupo de lobbystas (Marcelo Etchebarne, Hans Joerg Rudlof y Caio Koch Wesser), recorrió los pasillos oficiales y preparó el canje con los funcionarios de turno. Si algún juez quisiera investigar las anomalías de la deuda argentina tendría todos los elementos de juicio a la vista para indagar las responsabilidades en este tipo de operaciones.
Solo tres bancos manejan el negocio (Citi, Deutsche y Barclays) y han liderado el acaparamiento de los bonos depreciados por el default y revalorizados por la oferta del gobierno. Las irregularidades son incontables. El Barclays ejerce un inadmisible rol de asesor del Estado y representante de los bonistas. Además, financia a la compañía británica Desire Petroleum, que explora el petróleo de Malvinas. Mientras se sancionan leyes para penalizar a las firmas que colaboran con esta depredación colonial, el Estado contrata a un artífice de ese vaciamiento.
La operación vuelve a seducir a los acreedores mediante concesiones oprobiosas. Para lograr un alto porcentaje de adhesión se ofrece un pago adicional por los intereses generados desde el intercambio anterior, premiando la deserción que supuestamente debía sancionarse. Está en discusión pero volverían a otorgarse los incentivos vinculados al crecimiento del PBI, hace cinco años se justificaron en la incertidumbre de una economía en ruinas, en la actualidad se recrean como un simple regalo.
Los primeros cálculos prevén que el canje le brindará a los acreedores que acapararon títulos un beneficio de 1000 millones de dólares. Esta cifra explica la euforia de los mercados, la apetencia por los bonos argentinos y la disminución del riesgo país. Todo indica, además, que las comisiones de los intermediarios serán más elevadas que en el 2005. Se argumenta que este lucro “no corre a cuenta del Estado, sino de los bonistas”, pero todo el intercambio de papeles se paga con fondos públicos, que finalmente incrementan la deuda pública.
Para ocultar este perjuicio el ministro de Economía se ha declarado vencedor frente a los fondos buitres (“los aislamos y les quitamos capacidad de litigio”), en realidad solo quedaron fuera del ring los especuladores marginales. Los principales buitres son los grandes bancos que acapararon títulos y que han sido bendecidos por el gobierno para comandar el negocio.

Una justificación innecesaria

El objetivo del canje es eliminar el obstáculo que impide un arreglo de los compromisos pendientes con el Club de París, a fin de alcanzar algún tipo de convivencia con el FMI. Esta sucesión de medidas es presentada como una “normalización” de la situación financiera internacional, que dejaría atrás la pesadilla del default. Al recorrer este sendero el gobierno culpabiliza al país por su pasado, ocultando que los financistas fueron los principales responsables de esos desastres. Como la consigna del momento es “volver al mercado internacional” se omite la responsabilidad primordial de los especuladores en la cesación de pagos.
Con un nuevo disfraz patriótico se retoma el lenguaje neoliberal, convocando a ser “creíbles y confiables”, es decir pagadores puntuales de compromisos que favorecen a los banqueros. Nuevamente se naturaliza el pago de deuda, olvidando que Argentina fue reiteradamente estafada por los grupos financieros. En este clima plantear no pagar o exigir la investigación de la deuda es considerado “demagógico” e “irrealista” y cumplir con los especuladores es sinónimo de seriedad. Nuevamente hay que estar atento a la “actitud de los mercados” y alegrarse si aprueban las iniciativas oficiales.
Pero lo más novedoso es que el pago de la deuda se ha transformado en un “proyecto progresista”. Tradicionalmente los gobiernos cumplían esta obligación en silencio y disimulando sus consecuencias para el país. Ahora se lo reivindica con grandilocuentes justificaciones. Se afirma que permite “recuperar autonomía”, cuando es evidente que el incremento de los compromisos externos genera dependencia. El mismo argumento fue utilizado para cancelar en forma total y anticipada los pasivos con el FMI. El desendeudamiento prometido con ese increíble pago se ha transformado ahora en el reinicio de un típico ciclo de endeudamiento.
La operación en curso es totalmente innecesaria, y los fondos que requiere la economía para una política económica de mejor distribución del ingreso pueden ser plenamente recaudados con ahorro interno. En EDI sostenemos que este autofinanciamiento es totalmente factible a condición de suspender los pagos actuales de la deuda, frenar la fuga de capitales, instaurar el control de cambios y un monopolio estatal de comercio exterior. Es cierto que el superávit fiscal se ha reducido drásticamente, pero se puede neutralizar este bache revisando también el otro gran rubro además de los servicios de la deuda: los subsidios a las grandes empresas, cuando se justifiquen no seguir pagándolos en base a declaraciones juradas de los beneficiarios.
Para nosotros es también el momento de cubrir las insuficiencias fiscales con una reforma impositiva progresiva que comience gravando las rentas extraordinarias exentas, especialmente en el plano financiero, y recaiga sobre quiénes mayor capacidad contributiva tienen. Esta punición debe extenderse de inmediato al área de la minería y el petróleo, mientras se duplican los aportes patronales de las grandes compañías.
Pero como lo confirma la reciente discusión sobre la ley del cheque, no pareciera existir la menor intención por parte de los partidos mayoritarios de enfocar el problema en estos términos. En lugar de impuestos a los ricos se vuelve al endeudamiento que tantas veces arruinó a la Argentina.

Pretextos y fantasías

Los partidarios del canje afirman que la situación de la deuda ha cambiado significativamente, aliviando la coyuntura de asfixia que predominaba en los años ‘80 y ‘90. Es un tema discutible, Pero, aún si así fuera, justamente este giro confirmaría hasta qué punto se habría vuelto innecesario volver al endeudamiento.
Es cierto que los pasivos totales del sector público pasaron de 139% del PBI (2003) a 49,1% (2009). La deuda era un 722% mayor que las reservas en esa fecha y en la actualidad se ha reducido al 120%. También se registró un achicamiento de los compromisos externos como porcentaje de las exportaciones de 296% (2003) a 81% (2009). Pero estos números, que los economistas del oficialismo esgrimen como grandes triunfos, deben ser matizados. Reflejan sí una reducción del endeudamiento con respecto al pico de crecimiento de la deuda. Sin embargo, los porcentajes con respecto al PBI son similares a los que existían en la segunda mitad de la década del ‘90, aún con las salvedades que deben hacerse sobre la composición diferente de los respectivos productos y su valuación. El aumento de la relación reservas / endeudamiento aleja el riesgo de default del horizonte inmediato, pero no lo elimina. El promedio de vida de la deuda se amplió, de 6,9 años a 12,7, pero lo que pesa en el corto plazo son los servicios de capital e intereses que vencen este año y los subsiguientes. Por otra parte, con posterioridad al canje de 2005, el ciclo de endeudamiento ha recomenzado.
No es ocioso recordar que estas modificaciones fueron el resultado de la brutal catástrofe producida por el colapso del 2001, que desvalorizó todos los activos y pasivos de la economía. La reducción de la deuda no fue un mérito del canje del 2005, ni de la astucia negociadora de Lavagna, fue costeada por mayorías populares. Los pasivos se contrajeron junto a la devaluación, la pesificación asimétrica, la expropiación de los pequeños depositantes, el desempleo y la miseria. Es necesario rememorar quién pagó esa reestructuración para evitar la repetición de un ciclo de endeudamiento.
Hay economistas que afirman que el país “no tiene dificultades de pago”, que mantiene un “perfil sostenible de la deuda”, que ésta “no obstaculiza ya el desenvolvimiento de la economía”. Pero si este diagnóstico fuera cierto, el canje carecería por completo de sentido. No habría ninguna razón para implementar una refinanciación tan prescindible. Otros afirman, en cambio, que el endeudamiento es indispensable, pero que esta vez “no será gravoso”. Al contrario, argumentan, permitirá reducir la tasa de interés que impera en toda la economía. Pero todos los cálculos indican que ese costo seguiría ubicado muy por encima del promedio internacional y entrañará por lo tanto fuertes erogaciones en los futuros vencimientos. La realidad es que la deuda, sus servicios anuales (hoy en el 10% del presupuesto nacional) y sus vencimientos futuros, sin llegar a plantear una situación explosiva inmediata como sucedió en el 2001 (nadie está pronosticando un default en el corto plazo), sigue siendo un problema y, año a año, miles de millones de dólares que podrían tener mejores destinos van a engrosar los bolsillos de los grandes especuladores.
Basta observar la dramática situación que afrontan actualmente las economías de la periferia europea (Grecia, Portugal, Irlanda, Islandia) para recordar cuán vulnerables son los países dependientes ante una eclosión financiera internacional. Argentina no está en el centro de este colapso porque ya soportó los brutales efectos del temblor precedente, pero reiniciar el ciclo de endeudamiento volverá a quitarle protección frente a un nuevo vendaval.
Suele afirmarse que el alto endeudamiento externo del pasado (76% en el 2003) ha quedado reemplazado por pasivos más controlables en moneda local (46% del total). Pero la historia reciente de muchos países (por ejemplo Brasil) indica que la sustitución de una tiranía financiera foránea por otra interior, no reduce los padecimientos populares. Un banquero local puede ser más despiadado que su colega externo.

Pugnas políticas y coincidencias de fondo

El canje se implementa al cabo de varios meses de intensas disputas entre el gobierno y la oposición que encarnan la UCR, el PJ disidente, el PRO y la CC. Ambos sectores coinciden en reiniciar el ciclo de endeudamiento pero han pugnado duramente por la forma de implementar esta operación y sobre todo por definir quién será la autoridad política encargada de liderar la reconciliación con los financistas.
Mientras disputaban ferozmente en el Parlamento y en los medios de comunicación, unos y otros bendijeron el entusiasmo de los mercados y sobre todo avalaron la auditoria que realizó la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) de toda la transacción.
La derecha aprueba plenamente el canje, pero propone combinar el endeudamiento externo con una reducción del gasto público, para poner en marcha una versión más tradicional del ajuste neoliberal. Con este objetivo provocó el conflicto del Banco Central que terminó perdiendo y desplegó durante meses una campaña para “cuidar las reservas”. Reservas que dilapidó en todas las ocasiones que le toco gobernar.
Con la siniestra bandera de “la autonomía del Banco Central”, defendió en los hechos el manejo de esa entidad por parte de los banqueros, buscando que este organismo continúe custodiado por un puñado de financistas y asegure las reservas como garantía de pago de la deuda. Por eso reivindicó una Carta Orgánica que le asegura al BCRA poderes propios y facultades superiores a cualquier otro organismo del Estado.
Repitiendo lo ocurrido con los principales conflictos de los últimos meses (ley de medios, revisión de las retenciones, reforma política, televisación del futbol,) el gobierno volvió a ganar esta disputa. Como esta pugna acaparó nuevamente la atención pública se ha perdido de vista la coincidencia central de los dos bandos en torno al canje.
Esta convergencia fue anticipada cuando avalaron el pago anticipado de la deuda al FMI mediante los ahora cuestionados decretos de necesidad y urgencia. En el año 2005 el ejecutivo utilizó estos mecanismos con la aprobación plena de adversarios, que siempre exceptúan al tema de la deuda de su custodia republicana de la Constitución.
Esta misma convergencia se ha verificado en torno al canje, refutando la impresión que en la Argentina “volvió el debate político”. Es completamente falso que se a retomado el debate sustancial en desmedro de la chicana y los fuegos de artificio. Justamente lo ocurrido ilustra cómo las controversias sobre las formas ocultan el contenido. Ambos bandos se desangran por imponer su política de pago de la deuda, sin cuestionar en ningún momento la legitimidad de esta erogación.

Nuestra perspectiva

Los cambios operados en las últimas décadas en la composición de la deuda pública (interna y externa) y en los tenedores de bonos (intraestatal, privados) han complejizado la respuesta. Es esa complejidad la que impone actualizar y renovar nuestras propuestas programáticas para general una real alternativa.
Desde nuestra perspectiva un primer paso para la construcción de un programa alternativo pasa por la inmediata suspensión unilateral de los pagos.
La deuda ya no está, como en los ´80, directamente nominada y fácilmente observable en manos de un puñado de bancos. Por el contrario se encuentra dispersa en una gran variedad de bonos en manos de diferentes acreedores. Distintos trabajos difieren sobre el grado de concentración de esos bonos. Pero el sólo hecho de que los tres bancos a cargo del canje puedan “asegurar” con facilidad porcentajes de aceptación del 75% o más reflejan que una importante cantidad ya no está en manos de los tenedores originales sino de quien los ha adquirido fuertemente desvalorizados en alguno de los distintos momentos de la crisis post-2001. A esos grandes bancos y fondos buitre es a donde apunta la suspensión que proponemos.
Reconocemos que en el caso de bonos cuyos tenedores resulten jubilados, ex combatientes, víctimas del Terrorismo de Estado o pequeños ahorristas, corresponderá reconocer y pagar esos compromisos. Proponemos entonces un censo y las verificaciones necesarias a tales efectos.
En nuestra consideración merece un análisis particular la deuda interestatal, particularmente la del ANSES, pero también la de otros organismos públicos y las provincias. Se deberá entonces resolver qué se hace con los bonos y letras en poder de esos organismos, pero es prioritario evitar una descapitalización del ANSES. En este sentido nuestra propuesta implica también que los fondos de la seguridad social dejen de ser la principal fuente de financiamiento del pago de los servicios de la deuda.
Respecto de la deuda comercial en curso (pago a proveedores, compromisos de obra pública, etc.), proponemos una inmediata auditoria para distinguir deuda propiamente comercial de la financiera y separar los fraudes de los contratos en regla.
Un segundo paso es la investigación. Esta investigación resulta necesaria para recrear la memoria histórica de lo sucedido en el país durante los trágicos años de la dictadura. Tiene una relevancia complementaria de los juicios a los genocidas, servirá para clarificar el sentido de los crímenes cometidos por los militares, pues pondrá de relieve la complicidad y asociación que tuvieron los banqueros y grandes empresarios con esos crímenes.
Asimismo permitiría volver a poner a la luz concretamente cómo fueron obligadas las empresas públicas a endeudarse para financiar la fuga de capitales y quienes fueron los beneficiaros de la estatización de la deuda. Para nosotros se hace necesario retomar y profundizar la investigación de Alejandro Olmos, que obtuvo el fallo del Juez Ballesteros en el año 2000. La Presidenta afirmó que no se puede volver sobre este tema porque con los varios canjes se perdieron las huellas de la culpabilidad. Pero siguiendo este argumento habría que cerrar los juicios a los represores, dónde también han quedado muy ocultas las pruebas y testigos. En realidad la investigación de la deuda es tan imprescriptible como la de los crímenes de dictadura, porque ambos procesos obedecieron a las mismas razones.
Gobierno y oposición derechista comparten el rechazo a esta investigación porque las responsabilidades más importantes son contemporáneas y afectan a los gobiernos constitucionales. Reabrir esta causa sería un acto de acusación contra la UCR y el PJ que la corporación política quiere ocultar, puesto que demostraría la complicidad de funcionarios actuales y jefes de oposición con esa estafa.
Las principales irregularidades abarcan a los años ‘90 (Plan Baker, capitalización de la deuda para privatizaciones) y al Megacanje y Blindaje del 2001, como también sentenció Ballesteros en el 2007, en otro fallo que embargó a Domingo Cavallo y a Daniel Marx. Por un elemental principio de orden jurídico el gobierno debiera abstenerse de nuevas operaciones de canje, hasta tanto la justicia no se expida sobre la legalidad de las tres causas radicadas en el Juzgado Federal nº2.
Es necesario recordar que el 80% del incremento de la deuda entre 1994 y 2001 y el 75% del déficit fiscal de ese período es resultado de la privatización de los aportes jubilatorios, que compromete todo ese periodo.
Para evitar esta indagación existen varios proyectos del oficialismo y la derecha para poner en marcha alguna investigación parlamentaria sólo del pasado dictatorial. En otros casos se busca simplemente resucitar el cajoneo con comisiones que no llegan a ninguna lado y sobre todo se intenta evitar cualquier reflexión sobre el presente. Por el contrario para nosotros investigar hoy es auditar el comportamiento de los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rua, Duhalde y también Kirchner. Es investigar el canje de Lavagna del 2005 y también el actual. Cualquier otra propuesta de investigación es un acto de cinismo.
Lo que importa de la deuda no es sólo una cifra y un conjunto de anomalías, sino también el enjambre de intereses capitalistas que continúa lucrando con el esfuerza de las mayorías populares. Es por eso también absurdo separar el “aspecto jurídico” de la deuda (que debería indagar alguna comisión de abogados) del “aspecto económico” del canje (que debe continuar avanzando en manos de los banqueros). Con este tipo de dualidades se vacía el contenido político de la investigación, convirtiéndola en una preocupación arqueológica.
Nuestra propuesta implica constituir una Comisión Investigadora con plenos poderes, integrada por personalidades del país y del exterior de intachable trayectoria y organizaciones populares (políticas, sindicales, de derechos humanos). Con plazo definido para entregar y hacer públicas sus conclusiones.
Pero todos estos planteos deben articularse con iniciativas de mayor importancia en otros campos. Es clave el debate sobre iniciativas complementarias como el uso de las reservas. Quienes integramos EDI sostenemos que las reservas pueden y deben utilizarse, pero para impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, financiando proyectos que impacten en el desarrollo nacional, priorizando la generación de puestos de trabajo.
Para nosotros es decisivo avanzar en la reforma financiera, nacionalización de la banca y en la relocalización de las reservas, depositadas en Nueva York a favor de la gestación de un banco regional y un fondo de estabilización soberano de América Latina.
Son todos los debates que abre el rechazo del canje. Este es hoy la divisoria de aguas entre una ruptura popular o la recreación de la pesadilla de la deuda.

Adhieren: Guillermo Almeyra / Alejandro Olmos Gaona / Julio Gambina