El país parece un volcán en erupción. Por más que los medios de comunicación al servicio de las clases dominantes quieran tapar la realidad con mentiras, tergiversaciones o directamente ocultamiento de hechos, el descontento de las mayorías populares se les escapa como agua entre las manos. Basta con recorrer los conflictos gremiales en todo el territorio nacional para dar con la real dimensión de la crisis que hoy vivimos. Sin embargo, sólo una ínfima parte de ellos –la punta del iceberg- llega al conocimiento de las mayorías. Y sólo se hacen visibles cuando la calidad de esos conflictos supera las barreras impuestas por el sistema, las arrasa, las hace añicos, y toma connotación nacional.

La indignación y el repudio generado por tales hechos provocó una ola de solidaridad en todo el país con los trabajadores agredidos, y hasta la CTA del claudicante Yaski se vio obligada a convocar a una jornada de protesta. Por supuesto que de la genuflexa CGT conducida por el latifundista Moyano nada puede esperarse: guarda orgánico silencio al respecto. En una de las manifestaciones convocadas a Plaza de Mayo, la policía reprimió salvajemente a quienes concurrieron, con el saldo de varios heridos y treinta y cinco compañeros detenidos.

Casi al mismo tiempo, los trabajadores del INDEC, hartos de la vergonzosa manipulación oficial de los índices económicos y sociales y del avasallamiento de sus puestos de trabajo, eran también apaleados por las fuerzas represivas del Estado, cuando quisieron instalar una carpa frente al edificio para expresar su protesta.

Fue evidente desde el principio la naturaleza represiva hacia la protesta social, y en especial hacia la clase trabajadora, de este gobierno. Pero se hace aún más significativo que este alza de la violencia gubernamental suceda en vísperas de una nueva elección presidencial, pues es en esos periódos cuando más los administradores y los partidos políticos del sistema suelen cuidarse del humor de la sociedad. ¿Qué nos espera entonces después de octubre? Está muy claro que más violencia estatal hacia el pueblo.

Si el gobierno no puede satisfacer los reclamos de la población con una elección a la vista, a pesar de los "esfuerzos" que haga al respecto, queda en evidencia que tiene muy poco margen para maniobrar, dadas las presiones que recibe de sus verdaderos representados y beneficiarios: los sectores empresariales. Y que lo que viene no puede ser otra cosa que peor.

Hemos dicho en infinidad de oportunidades que el gobierno del matrimonio Kirchner ha asumido la responsabilidad de restaurar la gobernabilidad del sistema de explotación, luego del cimbronazo de la pueblada que en el 2001 se cargó a cinco presidentes. Y la realidad nos sigue dando la razón. La premisa era –y es- asegurar los privilegios de los poderosos, haciendo equilibrio sobre el descontento popular. El pueblo abrió un paréntesis de expectativa que se fue diluyendo con el tiempo y las promesas incumplidas. Pero la realidad aparece como una barrera contra la que chocan las pretensiones de opresión, porque quienes la sufren, tarde o temprano se rebelan. El modelo "K" se está agotando irreversiblemente, lo que augura un posible segundo periodo mucho más traumático que el actual. La gente ya no se cree el discurso presidencial, ni los índices de inflación, ni los de pobreza, desocupación y exclusión. La gente siente en carne propia la mentira oficial cuando va al almacén, a la verdulería o al supermercado.

Al frente interno abierto, al gobierno se le suma un marco de tremenda crisis del sistema financiero mundial, que afectará indefectiblemente a nuestro país. La estrepitosa caída bursátil en los mercados a nivel planetario causada por la "evaporación" de los bonos hipotecarios en EEUU, la inyección de cientos de millones de dólares (unos 300 mil millones) por parte de EEUU, Europa y Japón para salvarlos, son una muestra de la inestabilidad de la economía mundial, donde las más afectadas serán, como siempre, las de los países en desarrollo. Como consecuencia, los costos de financiamiento son más caros. Argentina, para cancelar las deudas asumidas durante 2002 y 2003 a través de la emisión de bonos al 1% anual (y que se están amortizando a más del 5% en la actualidad), está emitiendo nueva deuda (nuevos bonos) con un costo del 11%. Eso, directamente, representa el aumento de la deuda externa reconocida y reestructurada por el gobierno de Kirchner. Por eso nuestro país debe más en la actualidad que antes de la reestructuración con "quita" de su deuda. Y la bola de nieve sigue creciendo. Además, para evitar aumentos en los servicios y en el consumo que radicalizarían aún más el humor social, el Estado subsidia los transportes, los productos de exportación y la energía. En una economía inflacionaria, que crece, pero fundamentalmente por la exportación de materias primas con nulo o casi nulo valor agregado, a costa de salarios promedio que están más de $1000 por debajo de la canasta familiar (y ni qué hablar de las jubilaciones), y más de tres millones (según cifras oficiales) de desocupados y subocupados, es decir, una economía de grandes beneficios sólo para las empresas, no se podrá dar el lujo de eliminar esos subsidios, que deberían aumentar indefectiblemente, y así el gasto de las arcas del Estado. Sólo en lo que va del año, el gasto público primario aumentó un 42% respecto del mismo periodo del año pasado, y aún así los conflictos estallan por todos lados. Los economistas del sistema ya preveen que deberá haber algún ajuste después de las elecciones, por lo que podemos ir viendo qué nos deparará el futuro.

Por lo pronto, basado en sus mentiras, apelando al falaz índice de un dígito alcanzado por la desocupación (denunciado por los propios trabajadores del Indec), el gobierno del matrimonio "K" se apresta a eliminar la doble indemnización para los despidos, medida reclamada por los empresarios desde hace tiempo. Como contrapartida, el oficialismo exhibe orgulloso la suba del mínimo no imponible para las ganancias de los asalariados, que sólo va a beneficiar a alrededor de 700 mil trabajadores (el 4,5% de la población activa) que reciben los mejores pagos, mientras el resto (casi 15 millones según el Indec) debe contentarse con migajas. A pesar del crecimiento económico, sus bondades no se notan en los famélicos bolsillos de millones de compatriotas. La concentración de la riqueza sigue siendo obscena, al igual que la enorme brecha entre los que más ganan y los que menos tienen. La injusticia sigue siendo una afrenta para nuestra sociedad. Y para colmo, la corrupción ha comenzado a correr el velo con el que habían intentado ocultarla: ahí están como muestra vergonzante los casos de Miceli, Garré, Picollotti y Skanska, entre otros, y ni si quiera el presidente puede rendir cuenta de su patrimonio sin quedar sospechado.

Mientras tanto, muy a pesar de las acusaciones mutuas, el oficialismo ya le concedió la posibilidad de crear su propia policía al nefasto Macri, futuro jefe de gobierno de la ciudad más importante del país. Es de imaginar lo que será la ciudad de Buenos Aires si "Mauricio" consigue concretar un aparato represivo propio.

A más de once meses de su desaparición, no hay rastros del compañero Julio López, ni mucho menos, de los responsables de ese aberrante hecho. Y mientras los peores hambreadores siguen en libertad, compañeros luchadores deben pasar sus días en prisión. La avanzada patronal y sus lacayos amenaza a los trabajadores del Bauen, el Francés, Zanón, medios de difusión populares como el programa Mate Amargo, Compadres del Horizonte y todo espacio donde se pretenda combatir al sistema, o allí donde los trabajadores quieran hacer valer sus derechos. Es por eso que el país es un reguero de pólvora.

Si alguien creyó que los ’90 se habían hundido para desaparecer en alguna parte, lo real es que eso no se nota mucho.

Con este panorama, es indudable que la lucha popular se incrementará, y con ella el accionar del brazo represivo del Estado. Para tal fin ya cuenta con el instrumento legal que le regaló el Congreso: la Ley "Antiterrorista", que en realidad, debería llamarse "de Terrorismo de Estado contra el Pueblo", que nos exige la mayor unidad y calidad en la lucha para lograr su derogación.

Con las próximas elecciones a la vuelta de la esquina, y el posible triunfo de la señora Kirchner en primera o segunda vuelta, las organizaciones que dicen defender los intereses populares y de clase siguen sin trabajar seriamente por terminar con la dispersión tan funcional a los intereses de quienes detentan el poder. Las experiencias electorales de este año son una muestra más de la crisis dentro del movimiento revolucionario: no nos podemos ni siquiera sentar en una mesa común a discutir las diferentes posturas. Hay un hecho paradigmático que atraviesa permanentemente todos los análisis de la izquierda clasista: es la identificación del enemigo de clase. En el pasado ballotage porteño, fue correctamente identificado en las dos propuestas que encarnaban dos caras del mismo sistema (Filmus-Heller y Macri). Pero esta virtud coyuntural no fue ajena al defecto fundamental de la fragmentación. Hasta la declaración conjunta de algunos grupos en el Hotel Bauen por la abstención o el voto en blanco expresa sólo una parte no mayoritaria del espectro revolucionario. Como venimos sosteniendo desde hace tiempo, persisten la intolerancia y el afán de imposición de una línea no al enemigo de clase, sino al compañero de sueños, y ésa es la peor faceta de la cultura burguesa. Hay que dejar atrás todo vicio de autoproclamación y del consecuente sectarismo para aspirar a una mayor referencialidad de las organizaciones de izquierda, que hoy no pasan de ser una expresión ínfima y testimonial de la sociedad. Habrá que no sólo teorizar, sino llevar a la práctica, aquello de que el sujeto de cambio es la clase trabajadora, y no "el partido", como surge de lo realizado hasta ahora. Esto traería aparejado un cambio fundamental, el de una relación dialéctica organización política-movimiento social, y no como se ha intentado hasta ahora, una imposición desde el iluminismo del que todo lo sabe hacia el "sujeto a construir" que todo lo ignora; el que, de esta manera, pasa de ser objeto de la burguesía a serlo de la cofradía iluminada.
Esa relación organización política-movimiento social debe ser de aprendizaje y respeto recíprocos, pues para lograr la emancipación de la clase trabajadora y el pueblo, ambos son imprescindibles.

El verdadero objetivo es el cambio social de raíz, el socialismo, no "el partido", y las organizaciones políticas deberíamos actuar según este precepto.
De lo contrario, la historia de desencuentros, fragmentación y desorientación se repetirá hasta el cansancio; cansancio que hará que el mismo pueblo genere una alternativa que arrasará no sólo con sus explotadores, sino necesariamente con las direcciones sectarias que hoy sólo contribuyen al mantenimiento de los privilegios de las clases acomodadas.