Durante los últimos años, la denominada “inclusión escolar” comenzó a ganar
terreno en los debates educativos como una de las respuestas posibles para
superar la crisis del sistema. Post 2001 comenzaron a proliferar, con gran
fuerza, programas y políticas públicas que buscaban “desandar la herencia
menemista” de un sistema educativo fragmentado que, durante una década, se
había consagrado a expulsar matrícula. Recientemente, en diciembre de 2009,
la Legislatura porteña sancionó la Ley de Políticas Públicas para la
Inclusión Educativa Plena (Ley Nº 3.331), lo que actualiza el debate. La
normativa causó gran revuelo ya que establece la necesidad de “ambientar” la
currícula, las tareas pedagógicas y el presupuesto en áreas con población
“vulnerable” para lograr su inserción educativa.
Lo cierto es que la mentada “inclusión escolar” es defendida desde todas las
madrigueras de la intelectualidad burguesa. Se presentan, entonces, varios
interrogantes. Fundamentalmente, cuál es el sentido que le otorgan y qué
herramientas proponen para llevarla a cabo. Ambas cuestiones, vistas a la
luz de la realidad social actual, develan su carácter ideológico-estratégico
y nos advierten sobre el verdadero contenido de la consigna del momento.
Como veremos aquí, la “inclusión escolar” no es más que una quimera mediante
la cual funcionarios y especialistas distorsionan y ocultan una necesidad
frenética de retener a los chicos en las aulas.
La parafernalia de las políticas de “inclusión educativa”
Las políticas orientadas a “incluir” -léase insertar y retener- dentro del
espacio educativo a los niños y jóvenes provenientes de las fracciones más
pauperizadas de la clase obrera no son nuevas. En la Ciudad de Buenos Aires,
en 1996, fue creado el programa ZAP (Zonas de Acción Prioritaria). Estas
zonas son definidas como de alta complejidad y estarían caracterizadas por
un “elevado nivel de desarticulación y desajuste entre las necesidades y
demandas de la comunidad y las respuestas que la sociedad organiza a través
de sus instituciones”. Básicamente, se trataría de concentrar los esfuerzos
de la intervención estatal para suplir ese déficit de lo que
eufemísticamente denominan “población vulnerable”.
En ese marco fueron desarrollándose diversos subprogramas como “Maestro +
Maestro” y “Grados de Nivelación y Aceleración”, entre otros. El primero se
propuso disminuir el fracaso escolar de los alumnos de los primeros años del
nivel primario incorporando, de manera precaria,(1) otro maestro en el aula.
El segundo se planteó como respuesta a la problemática de la sobreedad. Así,
en el caso de los grados de aceleración, los alumnos realizan cuatro años de
escolaridad en sólo dos -4º y 5º grado juntos y 6º y 7º. De este modo, las
autoridades dicen garantizar el cumplimiento de los objetivos de la escuela
primaria y la adquisición de los saberes necesarios para el ingreso en la
secundaria. Sin embargo, como veremos, las cifras no son nada alentadoras en
los resultados que tuvieron ambos programas en relación a las tasas de
repitencia y sobreedad.
En la actualidad, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desarrolla más de
diez programas de “inclusión” educativa.(2) Sin embargo, no estamos frente a
una originalidad porteña: todas las jurisdicciones implementaron programas
similares, fundamentalmente a partir del 2001. De hecho, en 2004, a nivel
nacional se creó el Programa de Inclusión Educativa destinando becas y
financiamiento a diversos proyectos provinciales y de organizaciones
comunitarias. Cabe destacar que el programa nacional se encuentra suspendido
en la actualidad debido a una supuesta “incompatibilidad” con la asignación
universal por hijo. Tal como podemos ver, la Ley de Inclusión porteña se
enmarca dentro de un movimiento más general.
Algunos nacen con estrellas y otros estrellados…
La Ley porteña parte reconociendo una situación de hecho: la “baja calidad”
de la educación actual. Ahora bien, ella se encontraría relacionada
-frecuentemente- con la “vulnerabilidad económica y social” de los
estudiantes. De no intervenir en ese proceso se produciría una “exclusión
educativa encubierta”. Ante este panorama, la normativa se presenta como una
herramienta de igualación de oportunidades:
“igualdad de oportunidades con calidad para brindar aprendizaje efectivo a
todos los niños, niñas y jóvenes, respetando y protegiendo su unicidad y
ambientando respuestas curriculares y pedagógicas que tomen en cuenta la
diversidad de situaciones, contextos y perfiles.”
En los orígenes del sistema educativo la educación era vista como un
mecanismo de igualación y de promoción social. Esta situación tenía su
correlato en una economía en expansión: ‘mi hijo el dotor’ era una realidad
plausible. En tiempos de crisis, el paradigma se resignifica y adapta a una
sociedad en declive histórico. Como la educación no puede revertir lo que la
economía consagra, mejor nos dedicamos a introducir mecanismos de
ambientación para contener en la escuela a esa población “diferente” el
mayor tiempo posible. En un plano teórico, la ambientación implicaría un
mayor gasto para el ejecutivo porteño: un 50% más de inversión anual por
alumno y en infraestructura en las áreas “vulnerables”. En la realidad, sólo
se trata de afirmar -una vez más- el derecho al acceso vaciado de su
contenido, ofreciéndole a la clase obrera una educación degradada. Aunque en
la jerga burguesa se hable de igualdad de oportunidades y calidad un breve
recorrido por sus cifras permite dudar de una y de otra. Veamos.
En las escuelas de gestión estatal el índice de sobreedad supera el 20% en
los últimos años del nivel primario y el 50% en el secundario. En cuanto a
los niveles de repitencia, sobrepasa el 10% de la matrícula en los primeros
4 años de la secundaria. Más allá de lo formal, las políticas educativas
distan de apuntar a mejorar la educación en términos cualitativos. Mientras
que en numerosas escuelas de la zona sur de la ciudad, es decir, allí donde
reside la “población vulnerable”, los docentes denuncian la existencia de
grados con más de 40 alumnos, el macrismo resolvió cerrar 82 a fines de
2009. De la misma forma, el gobierno porteño ha desplegado una política de
despidos de docentes en diversas áreas: Maestro + Maestro, CePA, Adultos
2000, etc.
Por otro lado, “ambientar” el currículum y las tareas pedagógicas según el
contexto específico de cada escuela es un objetivo de larga data. Es una
realidad innegable la existencia de escuelas de élite para los hijos de la
burguesía y la negación de una educación de calidad para la clase obrera. La
nueva ley sólo ratifica esta tendencia orientada a degradar la educación
para retener a los estudiantes “pobres” dentro de las aulas, otorgándoles un
título carente de valor. Si no, ¿cómo ha de comprenderse el programa de
aceleración que enseña en un año lo que antes se hacía en dos? Este, y no
otro, es el sentido profundo de los programas de “inclusión” impulsados
desde hace más de una década. A pesar de ello, el Ministerio de Educación
porteño se jacta de ser muy eficiente. Según sus estimaciones,(3) en el
2008, la tasa de asistencia escolar (4) de la población entre 5 y 17 años de
edad ascendía a un 97,3%.
Entonces, al sopesar ambos elementos, cantidad y calidad, vemos que mientras
una se mantiene más o menos elevada, la otra, por el contrario, merma de
manera creciente. Por lo tanto, no nos encontramos ante políticas de
inclusión-igualación, como resuena en sus palabras, sino frente a una
estrategia de contención de población sobrante para el capital en tanto ésta
constituye un grave problema político para la burguesía. Es preferible que
los adolescentes estén en la escuela haciendo nada, que afuera haciendo no
sabemos qué. Recordemos que todas estas medidas fueron de la mano de la
extensión de la obligatoriedad escolar, impulsada ya en los ‘90 con la Ley
Federal, en el 2006 con la Ley de Educación Nacional y en 2009 con la
creación del Plan Nacional de Educación Obligatoria. En todas ellas, la
extensión tuvo su correlato en un vaciamiento curricular, a partir de la
creación de grandes áreas de conocimiento, y de la relajación del régimen de
evaluación y disciplina, entre otros. Extrañas formas de defender una
educación de calidad.
Una ficción funesta y limitada
Una educación verdaderamente inclusiva es imposible bajo relaciones sociales
capitalistas. Mientras que la cualificación de la fuerza de trabajo se torna
cada vez más innecesaria para el capital, la burguesía busca
desesperadamente contener a una masa de población superflua en ascenso
dentro de los muros escolares. De esta forma, intenta limitar el alcance del
conflicto social. Al defender una escuela que retiene pero que le brinda a
los hijos de la clase obrera una educación cada día mas deteriorada, no
hacemos más que darle la mano a la clase dominante en dos de sus objetivos
centrales: disminuir el valor de la mano de obra, al degradar sus saberes, y
ponerle un freno al ascenso de la lucha de clases. En ese sentido, no es
casual que la “inclusión escolar” sea defendida por la política burguesa en
su conjunto: liberales y socialdemócratas se han puesto de acuerdo en este
punto. También ha sido uno de los caballitos de batalla de las burocracias
sindicales docentes, como es el caso de CTERA. Todo ello debe advertirnos
sobre el contenido real de la consigna hoy de moda que resulta para muchos
políticamente incorrecto cuestionar.
En tiempos de bonanza económica se extendieron subsidios y programas para la
“inclusión”. Sin embargo, con la crisis, comenzaron a recortarse las becas
estudiantiles,(5) el presupuesto para los comedores escolares, la cantidad
de docentes contratados, etc. Por tanto, la opereta ideológica de la
“inclusión escolar” no sólo es nefasta sino que también posee los límites
propios del bonapartismo, hoy en extinción.
NOTAS
1 Los maestros son contratados por el Programa ZAP como personal de planta
transitoria a partir de un decreto que es sancionado cada año por el
Ministerio de Educación.
2 En enero de 2008 el Ministerio de Educación creó el Programa de Inclusión
Escolar, subsumiendo bajo su órbita todos los programas que se desarrollaban
hasta ese momento: “Maestro + Maestro”, “Grados de Nivelación y
Aceleración”, “Becas Estudiantiles”, “Salud Escolar”, “¿A ver que Ves?”,
“Club de Jóvenes y Chicos”, “Programa Integral para la Igualdad Educativa”,
“Proyecto Retención de Alumnas Embarazadas, Madres y Padres”,
“Fortalecimiento a las Iniciativas de Educación Infantil”, “Promotores de la
Educación” y “Alumnas/os, Madres/Padres”.
3 Véase: Panorama educativo 2008, Ministerio de Educación, Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
4 La tasa de asistencia escolar mide el porcentaje de población de
determinada edad que está dentro del sistema educativo. En este caso, dicha
tasa es elaborada a partir de la Encuesta Anual de Hogares (EAH).
5 Esta fue una de las primeras medidas tomadas por el ex Ministro de
Educación porteño, Mariano Narodowski, y lo que ocurre a nivel nacional con
la suspensión del Programa Nacional de Inclusión Educativa.
Natalia Alvarez Prieto
Grupo de investigación de educación argentina-CEICS
