A nueve meses de la desaparición del compañero Jorge Julio López, las
organizaciones de DDHH, gremiales, sociales, estudiantiles y políticas que
integramos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia seguimos exigiendo al
Gobierno su aparición con vida y el castigo de los responsables políticos y
materiales de su secuestro.
A nueve meses de la desaparición de Julio, denunciamos que la causa judicial
en la que se investiga el hecho es una muestra clara de la falta de voluntad
política de esclarecerlo.
No hay un solo imputado, una sola pista firme, un solo indicio.
En cambio sí hay muestras específicas de:
Inacción tanto del juez como del fiscal de la causa. El
fiscal estuvo ausente de la causa durante 4 meses hasta que, molesto por las
denuncias públicas de los querellantes, solicitó que se
disponga el secreto del sumario. El juez, que no dirige ni controla la
investigación, otorgó esa medida y la levantó 10 días después sin
fundamentación alguna.
Encubrimiento y complicidad por parte de los organismos de
seguridad que dependen del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial: la SIDE,
el Servicio Penitenciario Federal, la policía Bonaerense y la
Federal. Ocultamiento de información, frustración de pruebas, abandono de
líneas de investigación. Ninguno de los funcionarios responsables de estas
graves irregularidades ha recibido sanción alguna de parte
del gobierno nacional o provincial.
Mientras tanto permanecen impunes los autores de las amenazas y ataques a
testigos, querellantes, abogados y jueces -y también a sus familias-, así
como los responsables de la desaparición de Luis Gerez. Y las bandas
fascistas siguen operando con total libertad, en los últimos días fue
secuestrado el hijo de dos militantes populares de solo 8 años y también
Felisa Marilaff, ex detenida-desaparecida, que ya estaba bajo la supuesta
protección del Estado.
En esta situación de creciente impunidad comenzará en pocos días el juicio
oral al cura represor Christian Von Wernich. En ese marco, rechazamos las
declaraciones del Cardenal Bergoglio y hacemos responsable al Gobierno de
la seguridad de los testigos, los abogados y los militantes que participarán
de ese juicio.
Pero la desaparición de Julio y las amenazas y secuestros a compañeros
vinculados a los juicios contra los genocidas no son las únicas muestras de
impunidad. La represión a los luchadores obreros y populares continúa.
Hace menos de dos meses fue fusilado por la policía de
Sobisch el compañero docente Carlos Fuentealba en el marco de una lucha que
convocó a todos los trabajadores docentes de la provincia de Neuquén. El
sargento Darío Poblete, involucrado en el asesinato de Teresa Rodríguez y
condenado por torturas, es hoy el “preso” que ayuda en las requisas en la penitenciaría.
Fueron brutalmente reprimidos los trabajadores docentes,
petroleros y municipales de Santa Cruz, provincia que sigue ocupada por la
Gendarmería. Lo mismo ocurrió en Buenos Aires con los
trabajadores del Casino.
Los militantes populares siguen siendo procesados y
continúan detenidos los trabajadores de Las Heras, los compañeros que fueron
apresados en una manifestación realizada en Buenos Aires en
solidaridad con el pueblo de Neuquén, los campesinos paraguayos y el
compañero detenido en ocasión de la protesta espontánea de la estación de
Haedo hace un año.
El gatillo fácil sigue a la orden del día, más de 650
jóvenes fueron asesinados desde que asumió este gobierno.
El presidente Kirchner acaba de impulsar la sanción, entre
gallos y medias noches, de la nefasta ley antiterrorista que le exige el
gobierno de Bush. En tiempo record, menos de una semana, el
proyecto enviado por el ejecutivo, fue aprobado por ambas Cámaras. Esta ley
tiene como objetivo extender el poder de represión al movimiento popular,
ampliando las atribuciones de la policía, organismos
de inteligencia, jueces y fiscales. Se enmarca en la doctrina jurídica más
retrograda y fascista, crea delitos que no penan hechos sino a quienes pertenezcan
a una organización política, social, gremial o de DDHH, que arbitrariamente
sea definida como “terrorista”.
El gobierno que se dice defensor de los Derechos Humanos, legisla la
represión.
En todo el país se multiplican las luchas exigiendo políticas que atiendan a
la resolución de las necesidades populares y para terminar con la impunidad.
La respuesta es represión.
Por todo esto, en este mes de junio, a 9 meses de la desaparición de
Julio López y cuando se cumplen cinco años del asesinato de Darío Santillán
y Maximiliano Kosteki y cinco años de impunidad de los autores intelectuales
de ese asesinato, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, ha decidido unir
los dos reclamos y convocar a participar masivamente de la movilización que
se realizará el 26 de junio en el Puente Pueyrredón.
Porque Darío y Maxi, Julio López, Carlos
Fuentealba, forman parte de la misma impunidad.
