Hace 22 años celebraron la clausura de los procesos en su contra sin siquiera ver a un juez. Ahora, una veintena de estos represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) afrontan por primera vez un tribunal por delitos de lesa humanidad perpetrados contra 85 víctimas, la mayoría desaparecidos.
Entre los acusados se encuentra Alfredo Astiz, un símbolo del accionar de la dictadura de 1976 a 1983 y también un caso emblemático de impunidad. A pesar de los múltiples crímenes que se le imputaban, la sanción de las leyes de "punto final" y "obediencia debida" en 1987 le permitió estar libre de proceso desde entonces, al igual que otros tantos represores confesos.
Pero también llegan esposados al juicio otros 15 ex marinos y miembros del ejército y de la Policía Federal, todos acusados de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de personas en el marco de la ESMA, la institución que de educación militar pasó a centro de concentración clandestino en Buenos Aires para unos 2.000 prisioneros.
En la audiencia del martes, la última del año, la fiscalía consideró probada la participación de Astiz en el secuestro y desaparición en 1977 de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. También detalló que bajo sus órdenes y la de otros represores funcionaron en la ESMA grupos que "secuestraron, torturaron y saquearon".
El abogado querellante Rodolfo Yansón, que representa a los sobrevivientes, explicó a IPS que "en 1986 los ex marinos habían comenzado a ser juzgados por unos 200 casos testigo, los mejor documentados, y con eso se había avanzado, pero un año después con las leyes de punto final y obediencia debida todo se frenó".
El Congreso legislativo derogó en 2003 esas dos normas con carácter de amnistía, que habían sido aprobadas bajo presión militar 15 años antes, y las causas se reabrieron. Pero el mayor impulso fue la declaración de inconstitucionalidad de ambas dispuesta por la Corte Suprema de Justicia en 2005. Hubo avances en distintas causas y este año les tocó a los represores de la ESMA.
Junto a Astiz están ahora bajo proceso otros ex marinos reconocidos como crueles represores, como Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Jorge Acosta, Jorge Radice, Juan Antonio Azic, Ricardo Cavallo, Alberto González, el vicealmirante Oscar Montes y el ex teniente coronel Julio César Montes, entre otros.
La fiscalía determinó que Astiz y Acosta coordinaban las operaciones represivas en la ESMA para que, "mientras los detenidos eran torturados, otros grupos estuvieran listos para salir a secuestrar".
Los casos por los que se juzga a los imputados son 85 en este tramo, explicó Yansón. "Esta es una primera etapa de un juicio que se prolongará por unos ocho meses en 2010, pero luego habrá un segundo juicio con otro centenar de casos y muchos de los acusados se van a repetir", anunció.
En este segmento se juzgan casos emblemáticos como el secuestro y desaparición de Domon, Duquet y de familiares de desaparecidos, entre ellos tres fundadoras, en plena dictadura, de las Madres de Plaza de Mayo, que toman el nombre de su marcha de los jueves con un pañuelo blanco en sus cabezas en torno al paseo de ese nombre ubicado frente a la sede del gobierno argentino.
Para esos crímenes, Astiz, quien entonces era un joven teniente de navío, se infiltró en el grupo de familiares y religiosos que se reunía para discutir la forma de reclamar por los secuestrados. Decía ser hermano de un desaparecido. Las madres y las monjas lo protegieron sin saber que las entregaría en 1977 a sus colegas represores que las secuestraron, torturaron y las hicieron desaparecer.
Por la desaparición de las dos monjas fue condenado en ausencia en Francia en 1990. El ex marino, beneficiado con la ley de obediencia debida, estaba libre en Argentina, pero quedó irónicamente preso entre las fronteras de su país porque sería detenido por la Policía Internacional (Interpol) apenas pisara jurisdicción extranjera.
No obstante esta situación, alardeaba de su impunidad. En 1998 dijo en una entrevista periodística que era "el hombre mejor preparado técnicamente en el país para matar a un político o a un periodista. A mí, la Armada me enseñó a destruir. No me enseñaron a construir. Sé poner minas y bombas, sé infiltrarme, sé desarmar una organización, sé matar. Todo eso lo sé hacer bien".
A raíz de esas declaraciones, Astiz finalmente fue destituido de la Marina. Pero aún entonces estaba protegido por la ley y no se lo podía juzgar. Fue recién después de 2003 que volvieron los procesos que determinaron su detención y juzgamiento.
Este primer juicio comenzó el 11 de diciembre, tuvo su última audiencia de este año el martes y proseguirá en dos sesiones a realizarse en enero. El final del proceso está previsto para la segunda mitad de 2010.
Los querellantes son familiares de desaparecidos como Marcelo Brodsky, sobrevivientes como Víctor Basterra y Graciela Daleo, y organizaciones de derechos humanos. "Trabajamos para que los imputados conozcan una sentencia, que esperamos sea condenatoria", dijo Yansón.
También se condenará en este proceso el crimen al destacado periodista y escritor Rodolfo Walsh en 1977 y se intentará esclarecer el sitio donde permanecen sus restos, y parte de su obra inédita. El autor del "Operación Masacre", una de las primeras novelas de "no ficción" escritas en castellano, fue tiroteado en la calle y su cuerpo fue llevado a la ESMA según testigos.
Desde que se declararon inconstitucionales las leyes de amnistía, cada año se realizan más juicios. En 2009 hubo 70 por ciento más de condenas que en 2008 y se espera para 2010 un incremento respecto de este año. Pero esta es la primera vez que se procede contra los represores de la ESMA.
El único condenado por estos casos había sido a mediados de los años 80 el ex comandante de la Armada Emilio Massera, integrante de la primera junta dictatorial, quien junto a los demás jefes de igual rango fueron sentenciados a cadenas perpetuas y otros a varios años de cárcel, pero en 1989 fueron indultados por el entonces presidente Carlos Menem.
Para cuando se anuló aquel perdón, el ex marino fue declarado insano y permanece bajo arresto en su domicilio pero sin condena.
En 2007 se había intentado avanzar en la condena al prefecto Héctor Febres, otro represor de la ESMA, pero tras ser detenido fue encontrado muerto por envenenamiento en una celda de la Prefectura Naval donde esperaba el tramo final del juicio en su contra por crímenes en ese centro clandestino de detención.
El asesinato de Febres, y la anterior desaparición de un testigo y sobreviviente de la represión, Jorge Julio López en 2006, llevaron a los querellantes a exigir mayores garantías en este nuevo juicio. "No puedo decir que tenemos garantías plenas pero algo hay. El Ministerio de Justicia está trabajando bastante en eso", admitió Yansón.
"Eso no significa que los acusados no puedan intimidar", aclaró. En la primera audiencia del juicio, Astiz llevó el libro "Volver a matar", del ex funcionario argentino Juan Bautista Yofre, y lo blandía sonriente ante el público antes de dejar la sala. En la segunda audiencia llevó "El Proceso", de Franz Kafka, en alusión a la forma en que se identificaba el régimen.
Y hubo amenazas. Una fue recibida por teléfono en casa de la madre del fiscal Eduardo Taiano, acusador en el juicio. Otra fue una interferencia en el helicóptero presidencial el 11 de diciembre en el que una voz decía "maten a la yegua" en momentos en que era trasladada la mandataria Cristina Fernández.
El gobierno lo relacionó con el comienzo del juicio a los represores de la ESMA, clausurada al retorno de la democracia y convertida desde 2004 a instancias del entonces presidente Néstor Kirchner en Archivo Nacional de la Memoria y espacio de promoción y defensa de los derechos humanos.

Marcela Valente
IPS