Tras la ficción de un largo periodo de estudio, la Corte Internacional de La
Haya falló sobre el litigio entre Argentina y Uruguay por la instalación de
pasteras altamente contaminantes sobre el lado uruguayo del río Uruguay. El
mismo no sorprendió a nadie y su resultado estaba, incluso, anunciado días
antes por el diario oficialista argentino Página 12 ya que era evidente que,
por debajo de la mesa, había habido una intensa negociación entre los
gobiernos de Buenos Aires y de Montevideo para pergeñar una solución
puramente formal que dejase a salvo las políticas extractivistas de ambos y
no asustase a los inversionistas y el capital financiero internacional que
en esas políticas han encontrado su gallina de los huevos de oro. Por
Guillermo Almeyra
Por ANRed - L
El fallo de los sesudos jueces de La Haya dio la razón a la Argentina en lo
que respecta a la violación por el Uruguay de los tratados sobre la gestión
conjunta por los dos países del río que los limita. O sea, fija un principio
jurídico general y formula una condena verbal, casi moral, casi casi al mal
comportamiento y la descortesía del niño Tabaré Vázquez, que violó
groseramente los reglamentos escolares. Pero ni dice una palabra sobre la
defensa del ambiente. Y, sobre todo, asegura la permanencia de la planta
pastera de la empresa finlandesa Botnia, la cual sigue trabajando (y
contaminando) a pleno ritmo.
Quien recorra simplemente la carretera entre Colonia y Montevideo, en
Uruguay, podrá ver las enormes plantaciones de eucaliptos, que arruinan la
tierra, chupan el agua y reemplazan cultivos potenciales de alimentos. En
ese país dichos cultivos extractivos de la industria forestal ocupan un
tercio de las tierras arables o sea más de un millón de hectáreas. El
gobierno finlandés, por supuesto, no derriba los bosques tradicionales de su
país, que son de lento crecimiento. Facilita en cambio a sus transnacionales
madereras para que arruinen otras tierras con cultivos de eucaliptos y las
contaminen con fábricas de pasta de papel también consumidoras de gran
cantidad de agua dulce. Dado que Uruguay limita con dos enormes ríos -el
Uruguay y el de la Plata-, no tiene grandes ríos interiores y del lado
oriental limita con el Atlántico, que tiene el mal gusto de ser salado y
turístico, ¿dónde cree Usted que industrializará esas enormes plantaciones,
con o sin fallo de La Haya? Es evidente que se perfilan nuevas pasteras en
el horizonte.
El pleito en La Haya, por otra parte, fue el resultado de un corte durante
tres años de los puentes sobre el río Uruguay por parte de los
ambientalistas de la ciudad argentina de Gualeguaychú, frente a la pastera
de la Botnia. Esa acción directa, que muestra cómo es sensible en todo el
continente el tema de la protección del ambiente (pureza del agua y del
aire, pero también del panorama turístico y de los pequeños balnearios,
playas y hoteles arruinados por la pastera), golpeó al turismo hacia el
Uruguay y al transporte por carretera de cargas hacia ese país. En un
principio, el gobierno de Néstor Kirchner estuvo en contra de los cortes
que, por último, terminó por tolerar para presionar al gobierno uruguayo,
demasiado sensible al canto de sirena de Wall Street y que amenazaba con
firmar un Tratado de Libre Comercio con Washington.
La presión de los cortes de los puentes determinó, pues, la movilización de
los negociadores de los gobiernos argentino y uruguayo. Pero ambos países
comparten una política extractivista nefasta: Argentina tolera minas a cielo
abierto en los glaciares y en las fuentes acuíferas de la Cordillera de los
Andes, reprime violentamente a los pobladores de Andalgalá, provincia de
Catamarca, que quieren defender su agua del arsénico que vuelca en ellas una
enorme mina de oro a cielo abierto, da un espaldarazo al gobernador
contaminador y represor realizando en San Juan la próxima reunión del
MERCOSUR y, sobre todo, depende económicamente de la extensión brutal del
cultivo soyero, a costa de los suelos, los campesinos, las especies
vegetales y animales, los pueblos rurales y Uruguay, como hemos dicho,
reemplaza vacas y ovejas por eucaliptos como opción productiva fundamental.
En ambos países, los gobiernos, los economistas y la Academia sigue
insistiendo en considerar que crecimiento económico y del producto Interno
Bruto es sinónimo de desarrollo, lo cual es una falacia mil veces
demostrada. Además, sugieren que las inversiones de las transnacionales
crean puestos de trabajo, cuando Botnia, por ejemplo, dio apenas trabajo a 1
800 obreros durante la construcción de la planta pero ahora no emplea sino
cerca de 300 mientras la ciudad donde se instaló perdió puestos de trabajo a
granel y movimiento comercial debido al bloqueo del puente San Martín sobre
el río Uruguay y, además, está contaminada y en ella los productos son más
caros.
El gobierno argentino está contento pues seguramente ha conseguido en
negociaciones secretas concesiones de Uruguay (¿el apoyo a la candidatura de
Néstor Kircher a la UNASUR?) pero los ambientalistas de Gualeguaychú siguen
y seguirán movilizados. ¿Los reprimirá, como hizo con los de Andalgalá? Será
difícil. Recientemente un juez en segunda instancia echó abajo un fallo a
favor de una mina a cielo abierto que en Tilcara, en el Norte argentino,
ocupaba dos comunidades indígenas y, gracias a la movilización de éstas,
estableció que el derecho al agua para cultivar y beber tiene precedencia
sobre el uso minero y la tierra es para producir alimentos, no para
descentrarla en busca de minerales.
