TeleSUR _ 09/07/07 - En un nuevo pronunciamiento
difundido, el grupo insurgente advirtió sobre el peligro
que representa para la vida de los retenidos, la
operaciones militares ordenadas por Álvaro Uribe, a la
vez que ratificó su voluntad de negociar un canje
humanitario sobre la base de la desmilitarización de dos
municipios del Valle del Cauca.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
advirtieron sobre nuevas operaciones del Ejército
colombiano que podrían poner en riesgo la vida de los
retenidos y desencadenar una situación similar a la que
ocurrió con los 11 ex diputados, asesinados el pasado 18
de junio en "fuego cruzado".
En una entrevista difundida por el teleinformativo
Noticias Uno, el vocero de las FARC, Raúl Reyes dijo que
"producto de los planes de rescate junto a los
operativos militares de la fuerza pública sobre las
unidades guerrilleras de las FARC, la totalidad de los
rehenes están expuestos a los efectos del fuego cruzado
entre las fuerzas contendientes".
Reyes aseguró que en los operativos de rescate de los
retenidos ordenado por el Gobierno del presidente Álvaro
Uribe, "participan las fuerzas estatales y paraestatales
al servicio de la fracasada política de seguridad
democrática".
El grupo insurgente insiste en el despeje de los
municipios de Florida y Pradera, en el departamento del
Valle del Cauca (suroeste) como condición para lograr un
acuerdo humanitario que devuelva a sus hogares a 45
retenidos que forman parte del grupo de "canjeables" por
al menos 500 militantes de las FARC prisioneros.
Álvaro Uribe ha rechazado la desmilitarización y en
cambio, ordenó mantener las operaciones militares que
buscan rescatar por la fuerza a los rehenes, entre ellos
a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y a
tres ciudadanos estadounidenses.
Sobre el estado de los retenidos, Reyes aseguró que
"hasta este momento se encuentran bien de salud, pero
viven la incertidumbre de las consecuencias del rescate
a sangre y fuego ordenado por Uribe".
El pasado 28 de junio las FARC anunciaron la muerte de
11 ex diputados vallecaucanos que mantenían retenidos
desde abril de 2002, explicando a través de un
comunicado, que fallecieron en medio del fuego cruzado
con un grupo militar no identificado.
El jueves 5 de julio, una masiva movilización llenó las
calles de las principales ciudades de Colombia para
exigir al Gobierno de Álvaro Uribe que concrete un canje
humanitario y desista del rescate por la vía armada.