Por debajo de la línea de pobreza
Más de las tres cuartas partes de los jubilados argentinos perciben el haber
mínimo de 895 pesos; es decir, no cubre ni la mitad de la “canasta básica”
de un jubilado, que alcanza los 2.000 pesos. En las últimas décadas, los
sucesivos gobiernos liquidaron cualquier principio de movilidad de las
jubilaciones de acuerdo con el salario, lo que provocó, sólo entre 2002 y
2006, la pérdida de una tercera parte de su valor. A su turno, la
“prestación básica universal”, PBU, una suma fija que perciben todos los
jubilados, permaneció congelada durante casi diez años. Desde 2009, el
gobierno aplica una ley de “movilidad jubilatoria” que condiciona los
aumentos a la evolución del salario –medida por el “IndeK”– y a la
recaudación de la Anses, considerando el menor de estos dos indicadores.
Como resultado de esta “movilidad”, los jubilados recibieron en su último
ajuste semestral un 8,2%, cuando la inflación real resultó del doble. La
situación se agrava por las sumas en “negro”. Peor les fue a los miles de
jubilados docentes de la Capital, que se han puesto en pie de lucha, pues
sólo recibieron un ajuste de 0,98 % (!), como resultado de de un sistema
especial de movilidad aún más fraudulento. En idéntica situación se
encuentran los docentes de otras diez provincias.
Amansadora judicial
Los haberes de miseria han empujado a miles de jubilados a emprender juicios
contra el Estado. En 2007, la Corte impuso la actualización de los haberes
de acuerdo con el salario para el período 2002-2006 (fallo Badaro). Esa
resolución debía conducir a su extensión automática a todos los jubilados
afectados. En cambio, los “nacionales y populares” dejaron que los juicios
recorrieran, uno por uno, la larga amansadora de los tribunales. Ya existen
más de 360.000 jubilados esperando sentencia. A eso debe añadirse luego la
apelación de la Anses contra los fallos. Pero en muchos casos, el jubilado
debe iniciar otro juicio contra la negativa de la Anses a hacer efectiva la
sentencia. Un especialista previsional lo calificó como “un sistema armado
para desincentivar la demanda, con la esperanza de que el desgaste de
tiempo, recursos y años ‘filtre’ los procesos y el Estado, en última
instancia, pague menos” (Ambito Financiero, 15/6). En las últimas horas, un
nuevo fallo, en este caso de la Cámara de la Seguridad Social, dispuso la
actualización de la “prestación básica” durante los años que permaneció
congelada. De acuerdo con ello, la “PBU” debería aumentar cinco veces. Pero
el gobierno ya anunció que el fallo será apelado, porque “la Anses no podría
pagar ese aumento a todos los jubilados”.
La otra cara
Horas antes, el titular de la Anses declaraba, sin pudor, que el “Fondo de
sustentabilidad previsional” (los fondos acumulados del sistema jubilatorio)
aumentaron un ¡52%! durante el último año y medio. ¿A que se aplicaron ? El
61% del “fondo”, unos 91.000 millones de pesos, está colocado en títulos de
la deuda pública. El Tesoro no cancela estos bonos a su vencimiento. Renueva
la deuda con nuevos títulos, en condiciones leoninas para la propia Anses.
Por caso, el Congreso investiga la suscripción de un bono – el Bonar 14– por
el que se que se pagó un 50% más que su valor de mercado. El aumento de la
deuda –en pesos– del Tesoro con la Anses marcha de la mano del pago de la
deuda externa –en dólares (a esto, el gobierno lo llama “desendeudamiento”).
Mientras tanto, los préstamos baratos a grupos privados no pararon de
crecer. Entre los “rescatados”, se encuentran los que recibieron las
energéticas Epec y Emgasud por casi 500 millones de dólares, cuyos
beneficiarios se declararon en cesación de pagos. También los fondos
específicos (fideicomisos) que financian el consumo en cuotas a intereses
usurarios. Desde los títulos públicos al crédito privado, la deuda creciente
para con la caja de los jubilados está en pesos. O sea que se desvaloriza, a
diario, con la inflación. Pero podría ser literalmente pulverizada en el
caso de una devaluación. En previsión de ese vaciamiento de la Anses, el
gobierno “nac & pop” está ejecutando lentamente un default contra los
jubilados.
Intervengamos
En esa línea, aparecen voces que proponen aumentar la edad jubilatoria, para
evitar una “crisis previsional” que atribuyen a las “tendencias
demográficas” (Instituto Idesa, 13/6).
Pero los fondos jubilatorios no son arrasados por la demografía sino por el
rescate del capital. Lo que está planteado no es un retroceso de las
conquistas obreras, sino una reorganización social a costa de los vaciadores
de la Anses; o sea, de la clase capitalista. En oposición al despojo
jubilatorio, planteamos una gran acción política en los distritos, en los
sindicatos y hacia toda la población por: 1) 82% móvil para todos los
jubilados; 2) ninguna jubilación por debajo de los 2.000 pesos, la “canasta
básica jubilatoria” definida por el Defensor del Pueblo; 3) administración
de la Anses a cargo de representantes electos de trabajadores y jubilados;
4) no pago de la deuda externa.
Marcelo Ramal
