La tediosa espera valió la pena para el oficialismo en la Cámara de Diputados. La chicharra de convocatoria a la sesión sonó durante tres horas hasta que el kirchnerismo reunió el quórum necesario para convertir en ley –con el apoyo “crítico” la UCR y las bancadas peronistas disidentes– las modificaciones al Código Penal que crea y pena la figura de asociación ilícita terrorista y su financiamiento económico. En el recinto se opusieron el ARI, el socialismo y el macrismo, que pretendía una legislación más “clara y dura de acuerdo a los estándares internacionales”. Organismos de derechos humanos repudiaron la sanción de la norma que “criminaliza la protesta social y política”.

No todos vivieron la espera de la misma forma. Los operadores del oficialismo se movían nerviosamente en medio de un conteo permanente de los diputados que llegaban al Congreso; los radicales y los macristas del PRO se acomodaban en sus bancas; mientras aristas, socialistas y diputados de bloques menores esperaban en los pasillos que el kirchnerismo, apurado por la necesidad de sancionar la ley “antiterrorista”, reuniera su propia tropa en el recinto. Antes de las siete de la tarde, Alberto Balestrini se sentó en el sillón de la presidencia de la Cámara. Fue la señal de que el oficialismo había conseguido el número suficiente de diputados para sesionar.

“Es un tema difícil y largamente postergado en el Parlamento argentino. La iniciativa del Poder Ejecutivo satisface las expectativas del pueblo argentino y los compromisos internacionales asumidos contra la financiación del terrorismo”, dijo la kirchnerista entrerriana Rosario Romero. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal fue la voz cantante del oficialismo y la encargada de afirmar que, “de ninguna manera, el proyecto tiene relación con la protesta política y social”, como –siguió– “se opinó erradamente desde organismos de derechos humanos, que se crea tipos penales que reprimirían las protestas sociales”.

La ley, de diez puntos, incorpora al Código Penal el capítulo VI sobre “asociaciones ilícitas terroristas y financiamiento del terrorismo”. Establece “la reclusión de 5 a 20 años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar al Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, como medio de “acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político”. También pena con “reclusión o prisión de 5 a 15 años al que recolectare o proveyese bienes o dinero, con conocimiento que serán utilizados para financiar a una asociación ilícita terrorista”.

Con oposición

El PRO presentó su propio dictamen de minoría. “Se equivocan quienes afirman que este proyecto abre camino a la represión de las protestas, si no cómo se explica que tardó tanto el Gobierno para tomar esta ley, que tampoco se cumple cuando se cortan las calles con rostros cubiertos y palos”, dijo la macrista Nora Ginzburg, antes de cuestionar la posición del CELS y de otros organismos de derechos humanos. La diputada afirmó que su bloque se oponía porque la ley “no responde a los estándares internacionales” y penaliza el “terrorismo internacional sin tener en cuenta lo nacional”, para insistir que “de esta manera no estarían contemplada acciones como las de las FARC, el ETA, Sendero Luminoso o Patria Libre”.

El radicalismo, a través de Alberto Beccani, avaló en general el proyecto por la necesidad de “dotar al Estado de todos los elementos para poder combatir al terrorismo”, pero cuestionó “la hipocresía” de los países centrales que “mantienen bajo su bandera y su soberanía 85 paraísos fiscales en todo el mundo donde se lava el dinero para financiar al terrorismo”. Los bloques peronistas disidentes también respaldaron críticamente el proyecto. “Si este es el precio que hay que pagar por combatir el terrorismo posmoderno lo respaldamos, aunque temo que podamos llegar tarde”, dijo el justicialista nacional y ex miembro de la SIDE durante la dictadura Juan José Alvarez. El proyecto “es perfectible”, concluyó.

Quienes cuestionaron la ley por las “ambigüedades legales que crea” fueron el ARI, el PS y los diputados Carlos Tinnerello y Miguel Bonasso. “El proyecto más papista que el papa define el terrorismo más que las acciones mismas”, dijo el arista Emilio García Méndez y cuestionó que entre sus fundamentos el oficialismo invoque los “compromisos asumidos con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), detrás del cual esté el tan vituperado FMI”.

Bonasso eligió una metáfora para oponerse a la ley después de reconocer las buenas intenciones del gobierno nacional: “El camino al infierno también está empedrado de buenas intenciones”.