Con la solitaria oposición del socialista Rubén Giustiniani, el Senado dio su apoyo ayer a una serie de modificaciones al Código Penal que incluyen la creación de la figura de la asociación ilícita terrorista y condena la financiación del terrorismo. La norma viene a cumplir con una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que había adelantado que consideraría a la Argentina como “país no confiable para las inversiones” si no sancionaba una norma que castigue al terrorismo antes del 23 de junio. El debate consumió una hora y media. Cincuenta y un senadores votaron a favor de los cambios al Código y uno en contra. Al defender el proyecto, que el Ejecutivo había remitido a la Cámara alta a fines del año pasado, Vilma Ibarra señaló: “Enfrentamos al terrorismo internacional y al narcotráfico, respetando el derecho internacional sobre derechos humanos”. Enumeró una serie de intervenciones del presidente Néstor Kirchner, entre ellas la que realizó en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata.

El Centro de Estudios Legales y Sociales cuestionó la iniciativa. En diálogo con este diario, su directora adjunta, Andrea Pochak, consideró que el proyecto no es preciso a la hora de definir cuál es la conducta prohibida. “No es lo mismo cometer hechos terroristas, que formar parte de una organización que comete hechos. Acá se condena la pertenencia a esa organización y precisamente el derecho internacional lo que reprime es la conducta terrorista”, dice Pochak.

Luego de destacar que la Argentina es líder en el respeto a los derechos humanos, Ibarra puntualizó que el proyecto se enmarca en políticas de Estado. Recordó que la Argentina había sufrido en carne propia dos atentados: el de la embajada de Israel y el que se realizó contra la mutual judía de la AMIA. Esto la llevó a destacar: “Sabemos de lo que estamos hablando”. La legisladora enfrentó las críticas formuladas por el CELS. Aseguró que las características que se especifican para definir la figura de asociación ilícita terrorista son concurrentes y deben darse todas ellas. Destacó que el tema compromete a organizaciones terroristas internacionales y aseguró que el proyecto no será una herramienta que criminalice la protesta social. Ibarra también consideró que la figura de la asociación ilícita está enraizada en la doctrina dogmática del Código Penal. Recordó que cuando se penalizaron los delitos contra la democracia se hicieron precisamente en el marco de la figura de la asociación ilícita.

El radicalismo enumeró una serie de observaciones pero terminó votando a favor del proyecto. El miembro informante del bloque radical fue el formoseño Luis Naidenoff. El legislador consideró que la figura de la asociación ilícita había sido utilizada de manera abusiva por los magistrados y que incluso había sido usada para “la persecución política”.

Al fundamentar su voto en contra del proyecto, el socialista Giustiniani se preguntó si era necesario tipificar la asociación ilícita terrorista. Aseguró que “con la premisa de ganar eficacia, muchas veces se sacrifican garantías constitucionales”. Señaló que se trataba de medidas preventivas y que precisamente el concepto de “guerra preventiva” estaba siendo cuestionado hasta en Estados Unidos, uno de los promotores de la norma. Giustiniani señaló que “el concepto de terrorismo es tan equívoco que el norteamericano Brian Jenkins, experto en el tema, dijo que terrorismo es lo que hacen los malos”.

No hubo tiempo para más. La votación fue contundente. “Si uno pertenece a un club, tiene que acatar las normas del club”, resumió a este diario un legislador del oficialismo al opinar sobre las recomendaciones del GAFI. Lejos de esta posición, Pochak consideró que “el Derecho Penal persigue personas y que el proyecto persigue no los crímenes sino a quienes forman parte de la organización que comete esos crímenes”. Consideró que ese concepto llevó a la Cámara de Casación a condenar a la maestra Marina Schiffrin por un corte de ruta en Bariloche. El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados.