Ley antiterrorista : de la criminalizacion de la
protesta al viejo mote de terrorista.
(AW)Una renovada reforma reaccionaria al código penal que atenta contra las libertades individuales e intimida a las organizaciones populares
Buenos
Aires ,15 de junio de 2007 (Agencia Periodistica del Mercosur) La
Cámara de Diputados aprobó la reforma al código penal para introducir
penas contra los actos de terrorismo así como su financiamiento. Ahora,
sólo resta reglamentarla por parte del Poder Ejecutivo.
Mientras
casi el 100 por ciento de los argentinos aguardaba ansioso el inicio del
partido Boca-Gremio la Cámara de Diputados aprobaba el miércoles la
reforma al código penal para introducir penas contra los actos de
terrorismo así como su financiamiento. Ahora, sólo resta reglamentarla
por parte del Poder Ejecutivo, para que entre en vigencia la Ley
Antiterrorista.
La
legislación fue aprobada de apuro, bajo la presión de dos focos de poder
de peso: el gobierno de Estados Unidos y del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI). Este cártel representa esencialmente al Grupo de
los 8 (G-8) y el próximo 27 se va a reunir en París, y había amenazado a
Argentina con realizar un pronunciamiento público donde la calificaría
como “país no seguro” por no adoptar medidas contra el financiamiento de
grupos terroristas.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos criticaron con firmeza
a la nueva legislación, por considerarla atentatoria contra los derechos
y garantías individuales. La derecha también alzó su voz, pero por
considerarla ineficaz para combatir el terrorismo doméstico. Y el
oficialismo defendió la sanción porque la flamante ley viene a llenar un
espacio vacío y considerar a las opiniones en contrario como exageradas.
La
diputada oficialista Rosario Romero es la titular de la comisión de
Legislación Penal de la Cámara Baja , y fue la encargada de defender la
iniciativa del gobierno de Néstor Kirchner. Según refleja el diario
Clarín, la legisladora negó que pudiera aplicarse a la represión de
protestas políticas o sociales en el país, al sostener que quien quiera
ver esto así respondería a “la mala fe” leer en la ley lo que la ley no
dice.
Las penas
previstas son de 5 a 20 años de reclusión o prisión "al que tomara
parte" de una asociación ilícita destinada a "aterrorizar a la población
u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un
acto o abstenerse de hacerlo", dice el texto de la ley.
El nuevo
esquema represivo se aplicaría, según explica la propia legislación,
hacia aquellas asociaciones que tuvieren un plan de acción que apunte a
promover el odio étnico, religioso o político, y a las redes
internacionales, y disponer de armas de guerra, explosivos o armamento
bacteriológico.
Pero los
organismos defensores de derechos humanos objetan que esta novel
legislación peca en un aspecto fundamental: podrán ser acusados quienes
incurran en alguna de estas ilegalidades, cuando ellos sostienen que
debiera reprimirse a quienes violen la totalidad de los ítems
mencionados.
En esta
línea, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre dio a conocer un
comunicado que señala que "el miércoles 6 de junio de 2007, el Senado de
la Nación (en un gesto que lo hace aún menos honorable) aprobó por
mayoría casi unánime el proyecto de modificación del Código Penal
elaborado por el Poder Ejecutivo y elevado a tratamiento con la firma
del Dr. Néstor Kirchner que establece gravísimas modificaciones
regresivas en un Código Penal que arrastra el impacto reaccionario de
las propuestas (Carlos) Blumberg aprobadas en su momento con la misma
aplastante mayoría que la de ayer".
Como
ejemplo, la LADH graficó que "se abre la posibilidad de que se sancione
como acto terrorista a cualquier acción popular que pretenda modificar
alguna decisión gubernamental. Supongamos que se pida aumentar el
presupuesto educativo para que no existan escuelas sin calefacción en
invierno, y que en el transcurso de las movilizaciones, la Policía o los
servicios de inteligencia ´descubran´ con su labor de ´investigación´
que alguien tiene una granada de gas o alguna pistola tal como la
Policía del Gatillo Fácil (sic) planta armas para justificar sus
acciones. Y no estaría de más recordar que sólo en la ´Bonaerense´ hay
cientos de efectivos que revistaron en centros clandestinos de detención
bajo la dictadura o que el actual Secretario de Seguridad de la
provincia de Santa Fe, revistó como oficial de inteligencia en el
nefasto Batallón 601, unidad de elite del Terrorismo de Estado que casi
todos dicen condenar".
En ningún
pasaje del texto de la ley se afirma que las características que definen
a una acción como terrorista deben darse en su totalidad y ésa es una de
las críticas que formula el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS). De este modo, la simple tenencia de arma de guerra podría
encuadrar en la figura.
El CELS
observa que se define como “actos terroristas, hechos que en verdad no
tienen ese carácter”.
La
votación finalizó con 105 votos a favor y 35 en contra. La ley, en
síntesis, modifica el Código Penal, prevé reclusión o prisión de 5 a 20
años a quienes integren una asociación ilícita, y estas penas alcanzan a
quienes financien a estas redes a conciencia.
Al
respecto, la experiencia internacional y las recomendaciones de las
Naciones Unidas refieren que la asociación ilícita necesaria para juzgar
estos hechos repudiables debe ser lo más concreta posible, ya que de no
ser así, dejan en manos de los gobiernos o grupos de interés la
posibilidad de recurrir a la discrecionalidad para atacar a los que se
oponen a sectores opositores. Ejemplos de este tipo figuran de a cientos
en el mundo.
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