NUEVOS PRESOS DE CONCIENCIA EN GUERRERO
Héctor ADAME ACERO
Fecha de detención: 28 de julio de 2007
Tipo de preso: de conciencia (+) Filiación Política: Coalición Nacional de Trabajadores del INEGI (+) Caso: Caso INEGI (+) Lugar de detención: Guerrero (+) Penal en que se encuentra: Chilpancingo (+) Status: Preso (+) Tipo de delitos imputados Fuero federal (+)
Vinicio PALACIO HUELVA
Fecha de detención: 28 de julio de 2007
Tipo de preso: de conciencia (+) Caso: Caso INEGI (+) Lugar de detención: Guerrero (+) Penal en que se encuentra: Chilpancingo (+) Status: Preso (+) Tipo de delitos imputados Fuero federal (+) Saúl SANTIAGO MESINO
Fecha de detención: 28 de julio de 2007
Tipo de preso: de conciencia (+) Caso: Caso INEGI (+) Lugar de detención: Guerrero (+) Penal en que se encuentra: Chilpancingo (+) Status: Preso (+) Tipo de delitos imputados Fuero federal (+)
Manifestación en el juzgado donde declaran los tres ex trabajadores del INEGI detenidos por federales el sábado
Zacarías Cervantes/Chilpanci
ngo/El Sur
Mientras los tres ex trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), detenidos el sábado declaraban en el juzgado séptimo de Distrito, decenas de sus compañeros, familiares e integrantes de organizaciones sociales hicieron un mitin afuera del juzgado para exigir su libertad, pues los consideran "presos políticos". Su detención, dicen los acusados, se dio por una amenaza que les hizo el secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, para que desistieran de su protesta.
Héctor Acero, Benicio Palacios y Saúl Santiago fueron detenidos la tarde del sábado, el primero en Chilpancingo, el segundo en Tierra Caliente y el tercero en Atoyac por oficiales de la Agencia Federal de Investigación (AFI), acusados de sabotaje y sedición. Durante su declaración, los tres ex trabajadores, que forman parte del contingente que desde hace más de un año mantiene plantones en la coordinación estatal y simultáneamente en la subcoordinación del INEGI en Chilpancingo, en demanda de su reinstalación o su liquidación conforme a derecho, pues los despidieron de manera masiva al inicio del sexenio del presidente Vicente Fox.
Ayer los trabajadores detenidos rechazaron el delito de sabotaje, pues aseguraron que con sus plantones no obstaculizan las actividades del INEGI, puesto que la coordinación estatal abrió unas oficinas alternas e incluso aseguraron que cuentan con las listas de entrada y salida del personal, para demostrar que se efectúan las actividades de manera normal.
Debido a ello, con su abogado solicitaron la ampliación del término constitucional para ofrecer las pruebas de descargo correspondientes.
Uno de los trabajadores del INEGI, Francisco Pérez Figueroa, responsabilizó de esta detención, que calificó como "injusta", al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, al representante legal del INEGI, Manuel Contreras Gómez y al coordinador del instituto en Guerrero, Eladio Hernández Montúfar.
Dijo que estas autoridades, en las pláticas que han tenido, han reconocido la justeza de sus demandas, pero que la institución no está en condiciones de reinstalarlos y pagarles salarios caídos, y que, por tanto, sólo les ofrecieron el 15 por ciento de los salarios, para que se desistieran de su movimiento, y que el secretario del Trabajo les advirtió que si no aceptaban procederían legalmente contra ellos.
Pérez Figueroa denunció que la detención de sus tres compañeros de lucha es consecuencia de esta amenaza del secretario del Trabajo, e insistió que se trata de detenciones "arbitrarias" y de "carácter político", puesto que la acusación es por sabotaje, a pesar de que esta acción no se configura como ilícita, según dijo.
Informó que tiene conocimiento de que como consecuencia de su movimiento existen cuando menos otras 25 órdenes de aprehensión contra ex trabajadores del INEGI, y supone que podrían hacerse efectivas en las próximas horas; incluso denunció que durante el mitin de ayer, agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), a bordo de tres camionetas, se mantuvieron cerca de donde hacían su protesta, pero que se retiraron cuando los manifestantes los detectaron y reclamaron por su presencia.
Por su parte, el diputado local Ramiro Solorio Almazán, quien se solidarizó con los detenidos, condenó su aprehensión y dijo que es lamentable que en lugar de reinstalarlos o liquidarlos conforme a derecho, "los hayan encarcelado como a delincuentes".
Indicó que esta es "una prueba más" de que el gobierno federal y estatal "están criminalizando la lucha social". Indicó que estas cosas ocurren por "la ausencia de interlocución entre el gobierno del estado con los movimientos" como el de los ex trabajadores del INEGI, pero además dijo que el gobierno estatal no atiende las demandas sociales y que por el contrario, vulnera el derecho constitucional de la libre manifestación y libertad de expresión.
Por su parte, Bulmaro Muñiz Olmedo, integrante de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), indicó que "esa es la política de la ultraderecha, que abandona y trata con indolencia y de manera insensible los movimientos como el INEGI y posteriormente los criminaliza".
También se manifestaron por la libertad de los tres ex trabajadores del INEGI y condenaron su detención el dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), Arturo Hernández Cardona y el de la Coordinadora Estatal para la Reivindicación de los Principios de la CETEG, Nicolás Chávez Adame.
¡LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA!
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"Porque ser defensor de derechos humanos no es sinónimo de terrorista"
COMITÉ CEREZO MÉXICO
Sobre el trabajo de derechos humanos del Comité Cerezo
Ante la información, publicada en algunos medios de comunicación, que busca desprestigiar nuestro trabajo de derechos humanos, enrarecer y generar un clima para justificar una agresión en contra de los que integramos la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México, queremos manifestar lo siguiente:
El 8 de agosto del 2001 estallaron tres petardos en sucursales bancarias en el Distrito Federal. Cinco días después son presentados a los medios de comunicación Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras y el indígena náhuatl Pablo Alvarado Flores, supuestos responsables de las explosiones.
El 13 de agosto, amigos y familiares de los detenidos, realizamos un mitin frente a la Procuraduría General de la República, para exigir su liberación. Siendo inocentes, habían sido torturados más de 12 horas dentro de su domicilio.
El 17 de agosto los detenidos son trasladados al Penal de Máxima Seguridad No. 1 antes la Palma, hoy Altiplano, acusados de terrorismo, daños en propiedad ajena, delincuencia organizada, posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército.
Frente a la gravedad de la situación y el adverso panorama al que nos enfrentábamos familiares, compañeros del CCH-Sur, amigos que junto con los hermanos Cerezo Contreras detenidos realizamos trabajo comunitario en zonas indígenas del país y personas solidarias, conformamos en un inicio el Comité por la Libertad de los hermanos Cerezo y Coacusados, que hoy se ha convertido en el Comité Cerezo México.
La defensa legal, en principio a cargo de la Lic. Digna Ochoa y Plácido, quien fue asesinada el 19 de octubre del 2001 y posteriormente de la Lic. Bárbara Zamora, demostraron jurídicamente la inocencia de los acusados al echar abajo los delitos que originaron la detención. Sin embargo, se les imputaron otros más graves, además de un proceso plagado de irregularidades e inconsistencias jurídicas, razones por las cuales se inició la difusión de las arbitrariedades del caso.
Fue gracias a la solidaridad de organizaciones y a la sensibilidad de algunas personas, que se conformaron comités al interior de la República (Oaxaca, Puebla, Morelia, Xalapa, Guadalajara) y en el extranjero (Montreal, Canadá)
La labor como defensores de derechos humanos que hemos desempeñado ha sido posible, ya que contamos con proyectos económicos auto sustentables (serigrafía y cafetería), los cuales nos han permitido difundir el caso y fortalecer nuestra organización. La impartición de talleres en derechos humanos, conferencias sobre el caso y la documentación de la situación penitenciaria de los presos por motivos políticos en penales federales de Máxima Seguridad y estatales, así como la elaboración del censo nacional de presos políticos, de conciencia e injustamente presos son algunas de las actividades que desarrollamos.
En abril de 2003 después de interponer el amparo directo agotamos el último recurso legal para la liberación de los detenidos logrando que Alejandro Cerezo fuera exonerado de todo delito. No fue lo mismo para los hermanos Héctor y Antonio Cerezo quienes purgan una condena de 7 años y medio manteniéndolos como rehenes del Estado. Pablo Alvarado cumplió una injusta condena de 5 años, alcanzando su libertad el 13 de agosto del 2006.
Desde el gobierno de Vicente Fox se ha insistido en vincular a los hermanos Cerezo Contreras y al Comité Cerezo, con grupos armados insurgentes. Actualmente con Felipe Calderón continúa el clima de hostigamiento y criminalizació
n hacia nuestra organización. Un ejemplo de ello, es que tras la desaparición de dos personas reivindicadas como integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el presunto parentesco de uno de ellos con los hermanos Cerezo; el 26 de junio, a través del correo electrónico de la organización, se recibió la más reciente amenaza de muerte dirigida a tres de nuestros integrantes (Alejandro, Francisco y Emiliana Cerezo Contreras). Cabe mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno Federal, medidas cautelares; hay tres acciones urgentes de Amnistía Internacional y del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, reconociendo nuestro trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos y manifestando su preocupación por la integridad física y psicológica de los que conformamos el Comité, no sólo de los hermanos Cerezo.
Finalmente, expresamos que Emiliana, Francisco y Alejandro Cerezo Contreras son tres integrantes más de nuestra organización, y a lo largo de estas líneas hemos dado cuenta de ello, por eso, declaramos que:
No somos fachada de ningún grupo insurgente, somos una organización de derechos humanos.
El trabajo que realizamos es absolutamente legal y en ejercicio de nuestros derechos constitucionales y humanos.
Nuestra organización es auto sustentable.
Excepto tres de nuestros miembros, todos los que trabajamos en el Comité no tenemos los apellidos Cerezo Contreras.
A pesar, como ya lo mencionamos arriba, nosotros no tenemos los apellidos Cerezo Contreras, durante todo este tiempo, hemos compartido, el hostigamiento, las amenazas de muerte, los seguimientos, las intimidaciones, las videograbaciones y otros actos ilegales por parte del Estado mexicano, para este no es importante nuestros apellidos, sino lo incómodo que resulta nuestro trabajo de derechos humanos.
Entendemos que el hostigamiento obedece a una presunta relación familiar, en la que nosotros no tenemos ninguna vinculación y que el Estado mexicano ha manejado de manera indirecta y no oficial. Actualmente se pretende colocar en medio de la guerra entre los aparatos de seguridad y los grupos armados insurgentes, a los hermanos Cerezo Contreras, intentando desprestigiar así nuestro trabajo como Comité Cerezo.
Bajo estos sucesos, declaraciones y acciones, todos los integrantes del Comité Cerezo hacemos responsables de nuestra seguridad e integridad física y psicológica al Estado mexicano.
ATENTAMENTE
Miembros del Comité Cerezo México
vovler
