A.P.E.M.I.A. AGRUPACIÓN POR EL ESCLARECIMIENTO DE LA MASACRE IMPUNE DE LA AMIA
NO A LA LEY ANTITERRORISTA DE KIRCHNER Y BUSH
La Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) rechaza la inminente sanción de una ley antiterrorista exigida desde hace años por Bush, la Junta Interamericana de Defensa (JID), la Comisión Interamericana Contra el Terrorismo (CICTE) dependiente de la OEA, la Embajada de Israel y la dirección de DAIA/AMIA.
No es la primera vez que el gobierno Kirchner intenta aprobarla. En el año 2004 presentó un borrador del proyecto de "Ley de Represión de Actividades Terroristas y su Financiación" que elaboraron el entonces Ministro de Justicia y Derechos Humanos Gustavo Béliz y su Secretario, Pablo Lanusse, como parte de un paquete de medidas integrado, además, por un decreto en el cual se incorporaba a las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad interior.
Más tarde, Kirchner impulsó el proyecto de ley antiterrorista firmado por el Senador del PJ Pichetto, proyecto que tampoco pudo ser aprobado en medio de las críticas de distintos organismos de derechos humanos.
Al igual que entonces, el actual proyecto de ley antiterrorista es producto del alineamiento del gobierno de Kirchner con las políticas de Bush, Blair y Olmert de guerra contra el "Eje del Mal". Así lo reconocieron el Secretario de Justicia de los Estados Unidos -A. Gonzales- y Nicholas Burns, el tercer hombre en la línea de mando del Departamento de Estado tras su reciente visita a la Argentina, cuando afirmaron que vinieron a "coordinar una agenda en común con la Argentina" ( La Nación 06-02-07) y que "el eje mayor para la administración de Bush es Irak, Irán y, en términos más amplios, su 'lucha global contra el terror'" (La Nación, 10-02-07 ). "Este tema es el asunto más importante para EE. UU. a nivel global", confesó Burns (Clarín 14-02-07)
En esta oportunidad, el texto de la ley cuenta con apoyos internos invalorables de organismos de derechos humanos (Madres, CELS), de partidos políticos, la Iglesia y la AMIA/DAIA.
Esta ley es la demostración concreta de que Kirchner ya aceptó la invitación que Bush y las grandes potencias (miembros del G8) le hicieron para integrar la llamada "Iniciativa Global Para Combatir el Terrorismo Nuclear" que imputan a Irán. Por ello "Burns le había agradecido al gobierno de Kirchner el rol líder que viene teniendo en la región en la lucha contra la proliferación nuclear". ( Clarín, 14-02-07).
En sus considerandos (Pág. 3 ), el gobierno confiesa que "Nuestro país trabaja para hacer operativas en la esfera del ordenamiento jurídico interno las recomendaciones y normas de naturaleza internacional" que no son otras que aquéllas que permiten a nivel internacional la violación de los derechos que dicen venir a defender y que legalizan la tortura, mantienen a los detenidos sin derecho a juicio en Guantánamo y Abu Ghraib, terminan con el derecho de asilo por razones políticas y encubren a los secuestradores y a los vuelos clandestinos de la CIA en Europa. Son las recomendaciones de quienes impulsaron la invasión de Irak y ahora planean un posible ataque a Irán.
La futura ley tiene por objeto un ataque indisimulado a las libertades públicas y al derecho de la población a agruparse libremente en organizaciones sociales y políticas, justificándose en supuestas "normas internacionales" que buscarían prohibir el financiamiento de aquellas organizaciones que desafían las políticas del Estado nacional y/o sus socios internacionales, presentándolas como "terroristas".
Rechazamos por infame el hecho que el gobierno Kirchner siga manipulando el no esclarecimiento del atentado a la AMIA para justificar la sanción de semejante ley. La pretensión gubernamental de "colgarle" al ataque a la AMIA el cartel de "terrorismo internacional" poniendo al Estado argentino como víctima, no resiste el menor análisis. Fue el mismo Estado nacional quien reconoció en un Decreto público (812/2005) ser el encubridor agravado de este ataque terrorista.
Desde APEMIA venimos sosteniendo que toda la evidencia indica que el ataque terrorista a la AMIA fue un acto de "terrorismo de Estado" del Estado argentino, que el Estado manejaba integradamente la información propia e internacional que le indicaba la inminencia de ese ataque, que contribuyó para el mismo con sus fuerzas de seguridad y que puso la fuerza de sus tres poderes, de manera coordinada, para encubrirlo.
En el país de los 30.000 desaparecidos y del terrorismo de Estado ejecutado bajo la dictadura o bajo gobiernos democráticos, de los recientemente desaparecidos Jorge J. López y Gerez, de la maldita bonaerense de Etchecolatz y de Ribelli y del "gatillo fácil", mientras el gobierno Kirchner mantiene el indulto y la impunidad para los genocidas y cuando el Estado ya se declaró responsable de encubrimiento agravado del ataque a la AMIA y resulta evidente su responsabilidad en el ataque a Río III, la ley "antiterrorista" no viene a esclarecer ninguno de estos crímenes ni a imputar a sus responsables, quienes siguen gozando de libertad gracias a la política de este mismo gobierno.
Peor aún: Kirchner quiere votar un texto que define como "terrorista" -y por lo tanto, fuera de la ley- a aquellos que "mediante la comisión de delitos", que no precisa cuáles son, tienen el propósito de "obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo" (Considerandos de la Ley, pág. 7). La especificidad de esta asociación ilícita es de un tipo diferente de aquella otra que conocimos en los '70. No es necesario que manifieste una conducta armada (militar). Basta con "estar orientado su plan de acción a la propagación de odio étnico, religioso o político" o "estar organizadas en redes internacionales". (Idem, pág.7)
Mientras están frescas en la memoria colectiva y aún se discuten las responsabilidades del gobierno de Perón e Isabel o de la dictadura militar en los crímenes del terrorismo de Estado, Kirchner quiere imponer una ley que, con la premisa de combatir "cualquier" terrorismo, pone en un pie de igualdad los crímenes del terrorismo cometidos por el Estado con la acción política que pueda oponerle una organización política que ellos -ley mediante- calificarían de terrorista. Es más: el combate contra los terroristas se presenta como si se tratara de un problema de control de actividades "financieras", ya que faculta la sanción penal al que financia con independencia de que su financiado (la asociación ilícita terrorista o cualquiera de sus miembros) cometa o no el acto delictivo motivo de su financiamiento (Cf. Considerandos de la Ley, pág. 4).
La nueva figura jurídica tiene una definición tan amplia que podría sancionar desde el accionar de organizaciones políticas y sociales contrarias a la política oficial (Ejemplo: Asamblea de Gualeguaychú, organizaciones de desocupados, piqueteros, etc.), pasando por organizaciones armadas como aquellas de los '70, hasta imputar "suicidas" en Medio Oriente. La amplitud e indefinición de la esencia de lo que se busca sancionar atenta contra la constitucionalidad y la lógica y el espíritu del Código Penal vigente.
Desde APEMIA hacemos un llamamiento a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, partidos políticos, agrupaciones estudiantiles, de trabajadores ocupados y desocupados, a repudiar y a impedir la sanción de cualquier ley antiterrorista, cuyo objeto principal es la represión de las luchas populares al servicio de la "armonización jurídica e institucional… para dar satisfacción a las obligaciones internacionales asumidas" (Idem, pág. 4).
¡¡NO A LA LEY ANTITERRORISTA!! ¡¡No en nombre del ataque a la AMIA, perpetrado y encubierto por el Estado argentino con la complicidad de los mismos socios internacionales que hoy exigen la sanción de esta ley!!!
¡¡Apertura inmediata de los archivos secretos en los cuales se ocultan las responsabilidades políticas de los crímenes perpetrados por el Estado argentino!!! APEMIA Visite: http://apemiacomunicados.blogspot.com/
DECLARACION DE LIBERPUEBLO - SOBRE PROYECTOS DE LEY ANTI-TERRORISTA
En atención a los distintos proyectos de ley “Antiterrorista” que existen hoy en el Congreso de la Nación y dada la voluntad oficial del Gobierno Nacional de sancionar dicha ley es que emitimos la presente declaración en donde alertamos y llamamos a coordinar esfuerzos a fin de evitar la sanción de cualquier Ley Antiterrorista así como para lograr la derogación de los Tratados Internacionales sobre Terrorismo suscriptos por el Gobierno Nacional durante el año 2005.
Nos encontramos ante una feroz ofensiva imperialista por parte de los Estados Unidos, que ha invadido Afganistán e Irak, bajo el falso argumento de luchar contra el terrorismo.
Esta ofensiva de los Estados Unidos ha agudizado la disputa entre los distintos países imperialistas por el control del mundo y de sus recursos naturales (petróleo, gas, agua dulce, etc).
Los hechos del 11 de septiembre de 2001, son utilizados por los Estados Unidos al servicio de sus ambiciones imperiales, las cuales se esconden bajo el discurso anti-terrorista y su lucha contra el terrorismo en pos de la libertad.
Los Estados Unidos son el principal terrorista del mundo, invade países, asesina a miles de personas (sólo en Irak han muerto desde la invasión estadounidenses 650.000 personas), utiliza sistemática y rutinariamente la tortura, desconoce los derechos humanos más básicos de la población, cuenta con prisiones más allá de la ley (ej. Guantánamo), ha destruido toda idea de privacidad aún para los propios norteamericanos e intenta controlar todos los flujos de información (mediante la Ley USA Patriot), ha hecho rutinarias las detenciones sin causa por tiempo indeterminado, la deportación de extranjeros por el sólo hecho de sospechar el gobierno de algún contacto con organizaciones “terroristas”, etc., avanzando en una dimensión inédita en el control de la sociedad norteamericana.
Los Estados Unidos valiéndose de todo su poder e influencia, han dado un gran impulso a la creación de tratados y leyes “antiterroristas” en todo el mundo.
Así logró una resolución de Naciones Unidas (Resolución 1373) en la cual se convoca a todos “los Estados a trabajar de manera conjunta y urgente para prevenir y suprimir los actos terroristas”, y la sanción de la Convención Interamericana contra el Terrorismo (del 3 de junio de 2002), instrumento que se suma al ya existente Convenio Internacional para Reprimir la Financiación del Terrorismo (del 9 de diciembre de 1999).
Esta legislación se propone destruir por completo las libertades democráticas que los distintos pueblos del mundo logramos conseguir gracias a una incansable lucha en la cual dieron su vida millones de personas.
Ante las presiones internacionales de parte de los Estados Unidos, Israel y distintos organismos internacionales (ONU, GAFI, FMI, entre otros), y por la necesidad de contar con una herramienta represiva legal contundente frente a cualquier tipo de protesta popular que atente contra sus objetivos, Kirchner ha manifestado en innumerables oportunidades su compromiso en la lucha contra el llamado “terrorismo”, siendo por su iniciativa que, la República Argentina aprobara el 30 de marzo de 2005 la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, así como ha ampliado la capacidad operativa del Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas perteneciente a la Policía Federal Argentina, organismo creado durante la presidencia de Menem (este organismo cuenta con un centro de detención especial –una cárcel al margen de la ley- para “terroristas” ubicada en la calle Cavia al 3300 de esta Ciudad de Buenos Aires).
Con el fin de dar operatividad a los tratados y convenciones sobre Terrorismo suscriptos por él, Kirchner ha impulsado distintos proyectos de ley antiterroristas (los proyectos de los senadores del PJ Pichetto y Sonia Escudero), los cuales han sido resistidos por organismos de derechos humanos, docentes y estudiantes, organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda, intelectuales, organizaciones de abogados, algunos diputados y senadores, entre otros.
Estos proyectos de ley (de máxima) no han podido ser sancionados hasta ahora por la lucha de las organizaciones populares y secundariamente por contradicciones en el seno de las fuerzas kirchneristas en el Congreso.
Dada esta situación es el propio Kirchner quien se pone a la cabeza de la sanción de la legislación antiterrorista. El 20 de diciembre de 2006 ha entrado al Congreso un Proyecto de Ley Antiterrorista de su autoría.
La fecha de entrada del proyecto al Congreso da la pauta de cuál es uno de los objetivos centrales de la nueva ley antiterrorista kirchnerista: tener una herramienta jurídica óptima para reprimir a todo aquél que se organice en defensa de sus legítimos derechos, y así cerrar con represión la presente etapa de auge de luchas populares abierta en el Argentinazo. El mejor ejemplo de esta política de represión es Las Heras, donde el Gobierno a través de Gendarmería y la Policía de la Provincia torturo detenidos e impuso un estado de terror de tal magnitud que el propio párroco del pueblo manifestó que ni en la dictadura se había vivido situación igual en la región.
El Gobierno Nacional busca aumentar su poder legal de represión para tener una herramienta que otorgue desmedidas atribuciones a las fuerzas policiales, de inteligencia, a jueces y fiscales, (intervención de teléfonos sin orden judicial, confiscación preventiva de fondos a organizaciones populares, detenciones sin orden, ampliación del tiempo de incomunicación, agravamiento de las condiciones de detención, institucionalización de los infiltrados y provocadores en las organizaciones populares, etc.), lo suficientemente severa para con los que luchan, y lo más abierta posible en cuanto a las acciones que puedan quedar enmarcadas como “terroristas”.
La conducta del Gobierno de Kirchner en esta materia, es una muestra de toda su política: mientras avanza con estos proyectos represivos anti-terroristas, no ha dado pasos reales para terminar con la impunidad del aparato represivo que participó en el genocidio de la dictadura y que ahora se muestra más activo que nunca, encontrándose el compañero Jorge Julio Lopéz desaparecido desde hace más de cuatro meses.
En lugar de avanzar con proyectos que dan grandísimas atribuciones a los organismos de seguridad e inteligencia del estado, en los cuales según el propio Presidente quedan muchísimos represores de la dictadura, encontrándose aún intacto el sistema de aquellos años, debería desclasificar y hacer públicos todos los archivos de esos mismos organismos de seguridad, militares y de inteligencia.
Es por esto que llamamos a unir todos nuestros esfuerzos, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, partidos políticos, intelectuales, estudiantes, trabajadores ocupados y desocupados a resistir e impedir la sanción de cualquier tipo de ley anti-terrorista así como para lograr la denuncia de los tratados anti-terroristas suscriptos por la República Argentina el 30 de mayo de 2005.
Proponemos concretamente que el encuentro Memoria Verdad y Justicia reafirme.
-La sanción de una ley que ordene desclasificar y hacer públicos todos los archivos de las fuerzas de seguridad, militares y de inteligencia, así como de todos los archivos privados que pudieran contener información sobre el genocidio perpetrado por el Estado Argentino entre los años 1976 y 1983.
-El cierre inmediato del centro de detención especial con que cuenta la Policía Federal Argentina.
- No a la sanción de cualquier tipo de ley “ antiterroristas”.
- Derogación de las leyes que aprobaron los pactos internacionales contra el “terrorismo”.
LIBERPUEBLO - liberpueblolaplata@yahoo.com.ar - liberpueblo@yahoo.com.ar
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