BOLETIN DE PRENSA
Oaxaca de Juárez, Oax., 5 de septiembre de 2007
Sin respuesta, la exigencia de justicia de mujeres triquis
- A pesar de tres audiencias con el Procurador General del Estado, la justicia no llega y dos mujeres indígenas aun siguen desaparecidas.
- La política misógina y feminicida del gobierno estatal queda evidenciado en la procuración de justicia.
El día 25 de julio de 2007, la señora Antonia Ramírez Cruz, originaria de El Rastrojo, San Juan Copala, denunció la desaparición de sus dos hijas Virginia Ortiz Ramírez y Daniela Ortiz Ramírez, hecho que sucedió desde el 5 de julio de 2007 en el trayecto de Putla a Juxtlahuaca. (AP No. 187/2007 Ministerio Público de Putla de Guerrero, Oax.). A pesar de que los familiares han acudido a solicitar información a las diferentes instancias, siempre se encuentran con excusas para negarles información, y en su lugar reciben malos tratos.
Ante ello, el día 9 de agosto los denunciantes hicieron pública esta situación en conferencia de prensa y solicitaron el apoyo y acompañamiento de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. El día 10 de agosto la familia sostuvo una primera entrevista con el C. Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Procurador General del Estado de Oaxaca ante quien solicitaron información sobre la búsqueda las dos jóvenes desaparecidas, así como los avances de la denuncia del secuestro y violación tumultuaria de una niña de 13 años el 7 de julio de 2006 (AP 157/2006), cuyos agresores están plenamente identificados y gozando de total impunidad.
Asi mismo el viernes 10 de Agosto hicieron del conocimiento del Presidente de la CIDH, Florentin Meléndez, tanto la impunidad en el caso de violación, asi como de la desaparición de Virginia Ortiz Ramírez y Daniela Ortiz Ramírez, quien solicito se le mantenga al tanto de dicha situación.
Los días 14 y 29 de agosto tuvieron lugar otras dos audiencias entre la familia (todas mujeres) y el Procurador, pero en todo momento las repuestas fueron similares. En palabras de las denunciantes, el C. Evencio Nicolás Martínez Ramírez les dijo que lamentaba la situación por la que estaba pasando la familia, y que no se trata de que ellos no quisieran trabajar, pero que todo va muy lento porque es muy difícil entrar a la zona triqui por la presencia de los grupos políticos en la región, y que no va a arriesgar a su gente; que respecto a la denuncia por violación, el 21 de febrero se ordenó a la policía ministerial la detención de los responsables, y cuando se les detengan tal vez se pueda tener una pista para localizar a las jóvenes desaparecidas. En el colmo de la burla, la falta de sensibilidad, y en un tono por demás agresivo, les dijo "si quieres, puedes ir a toda la región triqui a buscar a tu familia, hasta voy a aplaudir si vas a hacer eso".
Y si lo anterior, fuera poco los representantes del gobierno "piensan" que debido a la violencia que vive la región triqui, la forma de resolver los conflictos es militarizar la zona. En los años 80's la zona triqui estuvo militarizada; la gente de la región recuerda esta época como la más aterrorizante porque no sólo sufrió cateos de sus casas, robos, detenciones ilegales e incendios; como siempre, fueron las mujeres quienes vivieron las más terribles vejaciones al sufrir violaciones por parte de los militares, amenazas de ser colgadas si no decían dónde estaban sus maridos, y mantener a sus hijos solas cuando se quedaron viudas.
Al justificar la omisión o la lentitud de los procesos judiciales, estas respuestas ofrecidas por las autoridades de más alto rango en la procuración de la justicia en el estado de Oaxaca, no sólo reflejan la política de impunidad que ha caracterizado al gobierno actual; además, denotan el desprecio hacia la condición de "ser indígena" y "ser mujer", dejándoles ver que no tienen otra opción que conformarse con estar indefensas ante toda las formas de violencia que cualquiera pueda ejercer sobre ellas, sea de gente común, o de autoridades como ellos mismos, que se supone deberían defenderlas.
Ciudadanos y ciudadanas pagamos nuestros impuestos para pagar los elevados sueldos de las autoridades judiciales; lo menos que éstos debieran hacer es cumplir con su obligación de ejercer justicia de manera expedita; es falta de toda ética justificar su incompetencia y obligar a las personas a buscar otras vías para resolver estos casos. Peor aún, hacer burla de la condición étnica, de pobreza, y de género, con lo cual se demuestra la misoginia y la xenofobia de los representantes del gobierno.
La limeddh manifiesta su onda preocupación, por la simulación existente en Oaxaca, y que día a día la violencia feminicida se consolida por la complicidad, omisión, discriminació
n y misógina en este caso del representa legal del estado de Oaxaca, el Procurador General de Justicia. Ante esto, las mujeres familiares de las víctimas de estos hechos y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos:j
- Denuncian la política misógina y feminicida que el gobierno estatal está asumiendo, dejando en la impunidad los crímenes cometidos contra las mujeres, y actuando con indiferencia y sarcasmo ante quienes exponen estos hechos.
- Exigen que las autoridades asuman su responsabilidad en la procuración e impartición de la justicia, y que su inoperancia no sea el pretexto para la militarizació
n.
- Se pronuncian en contra de la militarizació
n que el gobierno pretende realizar en la región Triqui, pues no es una solución, sino un nuevo problema.
- Anuncian que, ante la incapacidad las autoridades estatales para ejercer justicia, expondrán estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
ATENTAMENTE:
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
LIMEDDH, Filial Oaxaca.
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