La Oficina del Asesor Jurídico, un brazo del Departamento de Justicia estadounidense, fue quien escribió, en 2002 y 2005, los cuatro memorandos publicados el miércoles. Forzó su publicación un tribunal que estableció una fecha tope para la misma en un juicio del Acta por la Libertad de Información promovido por la Unión por las Libertades Civiles Americanas (ACLU, por sus siglas en inglés).
La ACLU denunció el comunicado de la Casa Blanca de Obama excluyendo cualquier enjuiciamiento de los torturadores. Anthony Romero, Director Ejecutivo de la ACLU dijo que los memorandos “proporcionan pruebas más irrefutables aún de que los funcionarios de la administración Bush, al más alto nivel del gobierno, autorizaron y dieron su bendición legal a actos de tortura que violan tanto el derecho internacional como el estadounidense”.
El documento de los memorandos detalla los métodos empleados contra treinta prisioneros –un número mayor del anteriormente admitido- que incluían simulación de ahogamiento, palizas y patadas, estamparles la cabeza contra un muro, bofetadas, mantenerles de pie durante largos períodos de tiempo, desnudez forzosa, sujeción prolongada con grilletes, privación de sueño, privación de alimento y amenazas contra los miembros de la familia de un detenido.
El Fiscal General Eric Holder, oficial jefe para la aplicación del derecho estadounidense, defendió la decisión de no cumplir las leyes contra la tortura diciendo: “En una época de grandes desafíos y de alarmante desunión, nada vamos a conseguir gastando nuestro tiempo y energía en tratar de perseguir las culpas del pasado”.
El director de la CIA Leon Panetta, un ex congresista demócrata y ex jefe del gabinete de la Casa Blanca con la administración Clinton, envió un mensaje a los empleados de la CIA que habían declarado que la CIA, bajo la administración Bush, había “repetidamente solicitado y repetidamente recibido seguridades escritas por parte del Departamento de Justicia de que sus prácticas eran totalmente acordes con las leyes y obligaciones legales de los Estados Unidos. Esas operaciones fueron también aprobadas por el presidente y los directivos del Consejo de Seguridad Nacional y asimismo se informó de las mismas a los representantes del Congreso”.
La declaración de Panetta subraya una de las principales consideraciones de la Casa Blanca de Obama. Cualquier esfuerzo serio para someter a enjuiciamiento los “sitios negros” de la CIA –las prisiones secretas establecidas como parte de la “guerra contra el terror” de la administración Bush- expondría de forma inevitable a los dirigentes demócratas del Congreso, incluyendo a la Portavoz de la Cámara, Nancy Pelosi, y al líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, a sanciones criminales porque ellos sabían, y aprobaron, los brutales métodos ordenados por Bush y Cheney.
La administración Obama no sólo se niega a enjuiciar a los funcionarios de la CIA, dijo Panetta, además el Departamento de Justicia proporcionará asesoramiento legal gratis a todo aquel que se vea “sometido a investigación en relación con esas operaciones”. Esto significa que el gobierno estadounidense representará y defenderá a los torturadores de la CIA en caso de que tuvieran que enfrentarse a una investigación por parte del Congreso, a juicio civil por parte de sus víctimas, o a acciones judiciales bajo el derecho internacional, tales como la Convención Internacional contra la Tortura, de la cual Estados Unidos es signatario. El gobierno estadounidense pagará también cualquier sentencia condenatoria contra agentes de la CIA que implique indemnización por daños.
El mismo Obama envió una carta a todos los empleados de la CIA explicando su decisión de publicar los memorandos sobre la tortura, una acción a la que se oponían Panetta y el ex director de la CIA Michael Hayden. Escribió: “Es necesario que esos memorandos se publiquen en función de nuestro compromiso con el imperio de la ley”. Ese compromiso se extiende sólo a producir unas hojas de papel –publicadas con nombres y redactadas con otros detalles comprometedores- pero no se refiere a imponer ahora algún tipo de sanción contra quienes cometieron esos crímenes espantosos.
El texto de la declaración de Obama emitido por la Casa Blanca es la típica mezcla de hipocresía, demagogia y mentiras que está caracterizando los principales pronunciamientos del nuevo presidente. Obama nunca utiliza en él la palabra tortura, sustituyéndola por una serie de eufemismos que los medios repitieron después como papagayos y donde la palabra “tortura” aparece sólo en las citas de los críticos ante la decisión de la Casa Blanca.
Obama afirma: “En una de mis primeras actuaciones como presidente, prohibí que EEUU utilizara esas técnicas de interrogatorio porque socavan nuestra autoridad moral y no nos proporcionan mayor seguridad”. En realidad, esa prohibición no es absoluta y es esencialmente un gesto cosmético con el objetivo de restaurar la “autoridad moral” de una potencia imperialista que ha perpetrado crímenes de guerra masivos.
Deshaciéndose en disculpas ante la CIA por publicar los documentos, Obama se apresuró a tranquilizar a las agencias de inteligencia expresándoles que siguen contando con su apoyo, declarando: “En un mundo peligroso, Estados Unidos debe desarrollar en ocasiones operaciones de inteligencia y proteger la información clasificada por motivos de seguridad nacional. He luchado ya por ese principio en los tribunales y lo volveré a hacer en el futuro”.
Obama describe a los torturadores de la CIA como gentes “que llevaron a cabo sus tareas confiando con buena fe en el asesoramiento legal del Departamento de Justicia de que no serían sometidos a enjuiciamiento”. Esto recoge los ecos de la defensa de “fue en cumplimiento de las órdenes recibidas” que el Tribunal de Nuremberg rechazó cuando los criminales de guerra nazi intentaron acogerse a la misma.
Nadie necesitaba un memorando para que le dijeran que los métodos empleados en los “sitios negros” de la CIA eran brutales, repugnantes y criminales. Esa es la razón por la que la CIA y sus protectores están utilizando tácticas obstruccionistas frente a los tribunales mucho después de que esos detalles vieran la luz a través de filtraciones a la prensa basadas en los relatos de quienes sobrevivieron a esos interrogatorios, así como a los hallazgos del Comité Internacional de la Cruz Roja.
La mayor parte del comunicado de Obama está dedicado a glorificar a la “comunidad de la inteligencia”, en un lenguaje que parece haberse hecho eco, palabra por palabra, de las de Bush y Cheney: “Los hombres y mujeres de nuestra comunidad de inteligencia sirven valientemente en las líneas del frente de un mundo peligroso. No se reconocen sus logros ni se saben sus nombres, pero debido a sus sacrificios, todos y cada uno de los estadounidenses viven más seguros. Debemos proteger sus identidades con el mismo empeño con que ellos protegen nuestra seguridad y debemos proporcionarles confianza en que pueden hacer sus tareas”.
La verdad es que las agencias de inteligencia de la CIA cometen asesinatos, torturas, subversiones y provocaciones en interés no del pueblo estadounidense sino de la elite gobernante financiero-corporativa estadounidense. La CIA es vilipendiada por todo el mundo como “Asesinato Incorporado” estadounidense, que ha derrocado gobiernos en nombre de Washington, instigado guerras civiles y establecido dictaduras militares país tras país.
La declaración de Obama contiene una abyecta cobardía al doblegarse ante el poder de los aparatos de inteligencia/militar y adoptar su historia de violencia y contrarrevolución, como promete en el comunicado: “Haré siempre cuanto sea necesario para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos”.
Para terminar, el presidente de EEUU declara: “Este es un momento de reflexión y no de castigo… no ganaremos nada empleando nuestro tiempo y energías en buscar culpas por el pasado. Nuestra grandeza nacional va incrustada con la capacidad de EEUU para corregir su curso en concierto con nuestros valores fundamentales y avanzar con confianza. Es por eso por lo que debemos resistir a las fuerzas que nos dividen y marchar juntos en nombre de nuestro común futuro”.
¡Qué cínica basura! ¡Como si pudiera acabarse con la tortura exonerando a los torturadores y ocultando sus crímenes a la gente!
El mensaje es claro: cualquiera que exija responsabilidades por los crímenes cometidos bajo la administración Bush (y continuados bajo la administración Obama) está actuando para “dividir” a la nación.
Al declarar una amnistía para quienes perpetraron acciones que –incluso según la administración Obama- constituían tortura y eran ilegales, la Casa Blanca está sancionando una actividad criminal a través del estado. Esto supone dar carta blanca a los aparatos de inteligencia y militar para que utilicen cualquier método ilegal que se les antoje.
Obama, al doblegarse ante las fuerzas más reaccionarias del estado está reforzando el inmenso y siempre creciente poder que ese “estado dentro del estado” ejerce sobre todos los aspectos de la política del gobierno. Es una demostración más de la descomposición terminal de la democracia estadounidense.
Patrick Martin
World Socialist World Site
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