En una apremiante carrera contra el tiempo, la Asociación Americana de Juristas demandó una solución urgente a la grave situación de los seis campesinos paraguayos presos en Argentina, que llevan unos 56 días en huelga de hambre. “Resulta inconcebible que el gobierno argentino que se considera líder en América Latina en la Defensa de los Derechos Humanos, se demore en la solución de este problema, asumiendo la responsabilidad de un eventual resultado trágico”, apuntaron.
La Asamblea General de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), que se reunió en Buenos Aires el 26 de spetiembre y contó con la asistencia de delegados de la Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Cuba, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, y Venezuela, demandó la inmediata intervención de la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner para que “se les otorgue refugio a los seis campesinos injustamente presos en la cárcel de Marcos Paz”, desde hace dos años y medio
La AAJ recordó que los campesinos detenidos: Arístides Vera, Roque Rodríguez, Simeón Bordón, Basiliano Cardozo, Agustín Acosta y Gustavo Lescano, vinieron hace más de dos años al país al ser exonerados de culpa por el juez paraguayo Pedro Martínez y ante la evidente persecución del gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Fueron acusados en Paraguay del secuestro y asesinato de la hija del ex presidente de ese país Raúl Cubas Grau, en septiembre de 2004. “La acusación está basada en los dichos de un testigo que habría sido comprado y que tendría conexiones con la mafia. Se comprobó que Cecilia Cubas había muerto con anterioridad a la fecha que dio el testigo, y como se caía la acusación, en una parodia de juicio, cambiaron la fecha de la muerte, por eso decimos que allá no tienen ninguna garantía de un juicio imparcial. Ese testigo afirmó que Patria Libre, la agrupación a la que pertenecen algunos de los detenidos, tenía vínculos con las FARC, y detalló una reunión en la que habrían decidido el destino de la joven Cubas”, explicó la Asociación.
La Justicia de primera instancia paraguaya rechazó reiteradamente los pedidos de procesamiento y se negó a encarcelarlos, pero bajo la presión política del gobierno del ex presidente Duarte Frutos, la Cámara de Apelaciones en Paraguay cambió la carátula y dictó la prisión preventiva. “Ante la falta de garantías de un juicio imparcial y el riesgo de vida que implicaba ser encarcelados en su país, donde hay antecedentes de sicarios que matan a presos por encargo, viajaron a la Argentina, donde ingresaron legalmente, y pidieron asilo político”, recordó la AAJ, pero mientras gestionaban este pedido en el Comité de Elegibilidad para Refugiados (Cepare), fueron arrestados por la Interpol y tres días después les notificaron en el penal de Devoto del rechazo del pedido de refugio, “con el argumento de que Paraguay es un país democrático donde rige el estado de derecho”.
La AAJ agregó a esta dramática situación en el juicio de extradición, “el juez Ariel Lijo no los consideró perseguidos políticos y resolvió que la extradición es procedente, a pesar de la intervención de Martín Almada, miembro del Comité Ejecutivo de la AAJ, en calidad de amicus curiae, figura jurídica que permite a quienes no son parte de una causa, presentarse al tribunal para aportar informaciones. Apelada la resolución, la Corte Suprema decidió no pronunciarse hasta tanto el Poder Ejecutivo resolviera si les concede el status de refugiados”.
Para colmo, la Secretaría de Derechos Humanos que había dictaminado a favor de los seis campesinos, modificó su decisión. Según indican fuentes de esa dependencia esa orden fue dada "por el propio ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (Aníbal Fernández)" y en estos momentos la resolución está en sus manos. De hecho esta semana el Premio Nobel Alternativo de la Paz 2001 Martín Almada se entrevistó con Fernández para demandar por una inmediata resolución al tema ante la delicada situación de salud de los huelguistas.
“Vine a visitarlos y para hacer gestiones ante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque debemos encontrar una solución humanitaria y les pedí a mis seis compatriotas que suspendan por 20 días la huelga de hambre, porque nosotros debemos luchar por la vida y no por la muerte. Eso nos da tiempo, ya que como expliqué recién está comenzando a andar el gobierno de Fernando Lugo. Yo vine a decir que he constatado en el juicio justo que les hizo allá el juez Pedro Martínez, que estos campesinos son inocentes y son víctimas de otros intereses que dominaban y aún dominan la justicia paraguaya y que intentaron mantener la impunidad”, dijo Almada al diario La Jornada de México.
Como una muestra más de la injusto presidio al que están sometidos los seis luchadores sociales, la AAJ atestiguó que “el Estado paraguayo está siendo investigado en la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) por el caso de secuestro y tortura de dirigentes de Patria Libre, -el partido al cual pertenecen los presos en la Argentina tiene plena vigencia legal en Paraguay-, actualmente refugiados en Brasil”. Y advirtió que a pesar de la llegada del ex obispo Fernando Lugo a la presidencia del Paraguay, que “es de signo muy distinto al del Partido Colorado, las estructuras judicial, policial y penitenciarias no se reconvirtieron, y la eventual extradición puede significar el asesinato de los huelguistas”.
Por último, manifestó la Asociación Americana de Juristas que “resulta inconcebible que el gobierno argentino que se considera líder en América Latina en la Defensa de los Derechos Humanos, se demore en la solución de este problema, asumiendo la responsabilidad de un eventual resultado trágico”, y solicitó “la inmediata intervención” de la presidenta Fernández de Krichner para que “se les otorgue refugio a los seis campesinos injustamente presos en la cárcel de Marcos Paz”.
Mariano Vázquez
Agencia ACTA
Mariano Vázquez es Editor Periodístico de la Agencia ACTA - Secretaría de Comunicación y Difusión Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)
