Pronunciamiento de la Comisión Directiva   SPP denuncia nuevas violaciones a la libertad de expresión y a los derechos laborales     La Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) repudia la nueva ola de represión desatada por el Estado contra las radios comunitarias de las organizaciones sociales, denuncia el intento de dos ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de amedrentar a los comunicadores que emitan críticas contra los mecanismos utilizados para las elecciones nacionales y deplora la sistemática violación de los derechos laborales en empresas periodísticas que son protegidas por el gobierno de Nicanor Duarte Frutos.   Canal 13 – Radio Cardinal El Canal 13 de televisión y la radio Cardinal nuevamente incumplieron este mes el pago de la totalidad del salario de junio en la fecha establecida por la ley. Esto se enmarca en un escenario de gran zozobra, que contempló el despido de 8 trabajadores y trabajadoras, registrado la semana pasada. A la vez, unos 100 compañeros y compañeras están desempeñando funciones bajo la figura de prestadores de servicio, lo cual significa en la práctica el desconocimiento de los beneficios sociales, hecho impulsado por el propio Estado para engrosar las arcas fiscales a través del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en la realidad es un impuesto al salario del trabajador.   La mayoría accionaria del Canal 13 ya habría sido vendida por la familia López Moreira a otro grupo empresarial, que apuntaría a emular las prácticas de los canales 9 y 5, que consisten en cercenar la producción nacional de programas y privilegiar los “enlatados” foráneos. Esta empresa también avanza en la firma de contratos de prestación de servicios a las y los nuevos trabajadores, como si no hubiera relación laboral con ellos, sino sólo civil.   Radio Parque de CDE La radio Parque de Ciudad del Este acalló su voz hace unos días, dejando desamparados a unos 20 compañeros y compañeras, sin abonarles guaraní alguno en concepto de indemnización. El SPP mantendrá una reunión esta semana con el director de dicha emisora, Carlos Barreto Sarubbi, para urgir una salida favorable para los trabajadores.   El SPP ya realizó la denuncia de ambos casos citados más arriba ante el Ministerio de Justicia y Trabajo, así como ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), sin que hasta el momento estas instancias oficiales hayan mediado para lograr una solución y salvaguardar los puestos de trabajo de los compañeros. Y lo que es peor, ninguno de los dos organismos estatales estaba enterado de la situación.   Violación a la Libertad de Expresión El escenario de terror que se impulsa desde el gobierno también incluye una maniobra emprendida por los ministros del TSJE, Juan Manuel Morales y Rafael Dendia, que presentaron un alegato ante el Ministerio Público –Fiscalía General del Estado– en el que denuncian la existencia de posibles actos ilícitos de parte del periodista de radio Cáritas, Hugo Brítez.   El colega, haciendo uso de su derecho a la libre expresión, mencionó algunos aspectos referidos al mecanismo utilizado en los comicios, lo que despertó la molestia de los citados integrantes del Tribunal Electoral, que reaccionaron a través de este aviso amedrentador. El SPP exige que se retire esta carpeta de la Fiscalía General y que se eliminen nuevos actos de este tipo.   La condescencia del gobierno de Duarte Frutos con las empresas periodísticas difiere totalmente del modo con que el Estado trata a las emisoras radiales comunitarias.   Los equipos de una radio del Movimiento Campesino Paraguayo fueron decomisados hace unos días por una delegación fiscal, acompañada de 25 agentes represores “antimotines”. Asimismo, semanas atrás fue acallada la señal de la emisora “Tenondé”, de Coronel Oviedo, también por iniciativa de la Conatel. Otro grave caso es la amenaza de muerte a un comunicador de la radio “Revolución” de San Lorenzo, a fin de que dejara de emitir microprogramas sobre la campaña de reforma agraria.   Estos hechos se añaden a lo acontecido en marzo, cuando se obligó a salir del aire a la emisora “Tekoporá”, de Presidente Franco, con lo que la comunidad quedó imposibilitada de publicar su realidad a través de esta herramienta.   Esta lista de ataques a la libre expresión se agregan a las presiones implementadas desde junio contra los periodistas de Pilar, Mauricio Acosta y Clide Noemí Martínez, corresponsales de los diarios Ultima Hora y ABC Color en la capital de Ñeembucú, respectivamente.   El SPP reclama al gobierno la adopción de medidas efectivas que garanticen la democratización del espectro radioeléctrico, el respeto a las leyes que amparan los derechos de los trabajadores, así como el cese de la persecución a las voces críticas contra las instancias gubernamentales.   El gremio realizará las denuncias ante los estamentos internacionales correspondientes.   Comisión Directiva 12-07-07 _________________________________________________________________________ De: SRI FMLN sri@fmln.org.sv DENUNCIAMOS ANTE EL PUEBLO SALVADOREÑO Y ANTE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL LA GRAVE SITUACIÓN DE LAS PRESAS POLÍTICAS EN EL SALVADOR     El día 2 de julio fueron capturadas por la Policía Nacional Civil con lujo de violencia y barbarie las compañeras Sandra Isabel Guatemala, Marta Lorena Araujo Martínez, Rosa María Centeno Valle, Maria Haydee Chicas, Marta Yanira Méndez, Beatriz Eugenia Nuila González durante una protesta pacífica en contra de la privatización del agua que se realizaba en el Municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán. Siete compañeros también fueron detenidos y enviados al Centro Penal la Esperanza.  Las compañeras, quienes son destacadas dirigentes sociales, funcionarias municipales y estudiantes universitarias,  han sido arbitrariamente acusadas de terrorismo y recluidas en la Cárcel de Mujeres de Ilopango para instruirles causa judicial por el delito de terrorismo. Una delegación de diputadas del FMLN visitamos el martes 10 de julio a las compañeras en el penal de mujeres y hemos comprobado con horror los vejámenes y humillaciones a que está sometida la población reclusa y en particular las presas políticas. Desde que llegaron al penal, han sido hostigadas por los custodios, se negaron a quitarles las esposas para que almorzaran; por el contrario las sometieron a presión psicológica por su participación en las protestas y amenazaron a Lorena Araujo con llevarla al calabozo de castigo. Condiciones en las celdas donde permanecen: Las compañeras están ubicadas en celdas, las cuales cuentan con un promedio entre 80 y 90 internas. Duermen en el suelo, no tienen colchonetas ni camas,  ni sabanas para dormir. Equipo de Higiene:  En el penal no permiten llevarles artículos como la pasta dental, el cepillo dental, jabón, shampoo y otros. Sólo pueden comprarlos en la tienda del penal que es propiedad de centros penales. El agua para bañarse, para beber y para lavar deben comprarla, solamente es una botella o garrafa pequeña que deben comprarla y vale entre $0.10 y $0.20 cada una. Situación de salud: El lunes 10, fueron examinadas por una pediatra, que les hizo una revisión general sin atender a los casos de salud que cada compañera planteo. En el caso de Yanira: ella padece de estreñimiento y además es tratada por una displacia y necesita medicina. Rosa Valle fue operada del útero, tiene sinusitis crónica e infección en las vías urinarias y estaba con medicamento. Beatriz tiene rinitis alérgica. A ninguna les han proporcionado sus medicamentos. Alimentación: Les dan en todo tiempo el mismo plato: frijoles enlatados en mal estado, dos tortillas de harina amarilla, tamal miniatura, huevo en polvo y café  yodado. No les dan agua de tomar, ni para bañarse. Sin embargo, hay una tienda donde al tener dinero les venden comida, lo que sugiere un negocio a partir de la violación de los derechos de las reclusas. Los baños no funcionan por que no cae agua, los servicios invadidos de suciedad y desechos.  No hay conexión de agua en todo el área donde están las 700 reclusas, por lo que la insalubridad es muy peligrosa. Hay plaga de pulgas, piojos y garrapatas en el penal, por lo que todas las reclusas están infectadas de alguno o todos estos animales. Las condiciones alimenticias, de alojamiento e higiénicas son deplorables, (el propósito es que las internas consuman sus productos de la tienda del penal). La visita: Es una vez a la semana de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. La visita está reducida a un máximo de 10 familiares que sean Esposo, hijos, madres padres, ningún amigo u otro familiar. La dirección de centros penales no permite visitas de amistades, el propósito es el máximo aislamiento. En el caso de ser acompañados, les exigen un proceso para comprobar unión no matrimonial y tener una autorización de la PGR para poder entrar al penal. La Dirección del Penal no autoriza pasar ningún tipo de alimentos, ni medicinas, ni prendas de vestir a las detenidas. Curiosamente deben solicitar por escrito permiso hasta para tener ropa interior y normal. A los visitantes se les niega entrada si visten ropa negra, o zapatos de tacón,  y a los hombres les exigen calzar chanclas o sandalias para entrar de visita e ir debidamente identificados. Seguridad de las compañeras: Las compañeras presas políticas sienten preocupación debido a las amenazas veladas que algunos custodios les han hecho, y porque se les quiere tratar como delincuentes comunes y no como presas políticas, por lo que están compartiendo celda con personas vinculadas a asesinatos, drogas y otros delitos Hasta el momento la Dirección de Centros Penales no les ha asignado un espacio que corresponda a su calidad de presas políticas, argumentando la Directora que el lineamiento de centros penales es darle el mismo tratamiento que las presas comunes. FRENTE A ESTA INJUSTA E INHUMANA CONDICIÓN A QUE ESTÁN SOMETIDAS NUESTRAS COMPAÑERAS MANIFESTAMOS LO SIGUIENTE:   1.                                 EXIGIMOS AL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ELÍAS SACA QUE SE LES RECONOZCA SU CONDICIÓN DE PRESAS POLÍTICAS Y SE LES RESPETEN SUS DERECHOS HUMANOS Y SE GARANTICE SU SEGURIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL. 2.                                   DENUNCIAMOS LA DEPLORABLE SITUACIÓN A QUE ESTÁN SOMETIDAS LAS 700 RECLUSAS DE CARCEL DE MUJERES. 3.                                 EXIGIMOS LA INMEDIATA LIBERTAD DE LAS PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS. 4.                                 LLAMAMOS A  LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y A TODO EL PUEBLO A DEMANDAR LA LIBERTAD DE LAS PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS. 5.                                 SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL QUE DENUNCIE ESTA SITUACIÓN Y EXIJA AL GOBIERNO DE EL SALVADOR LA LIBERACIÓN DE LAS DETENIDAS Y EL CESE DE LA REPRESIÓN EN CONTRA DEL PUEBLO.   DIPUTADAS DEL FMLN ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  Y ANTE EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Enviado por Revista Koeyú Latinoamericano revista@koeyu.com Tel. 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