Introducción
¿Por qué el ataque lanzado desde la derecha contra el «Papá Estado» se deja
oír cada vez más entre la clase trabajadora? Los liberales afirman que la
población asalariada actúa «contra su propio interés» aludiendo a programas
sociales como la seguridad social o las prestaciones por desempleo. Los
progresistas sostienen que los trabajadores hostiles al Estado son
«racistas», «fundamentalistas» y/o actúan de forma irracional o ciega a
causa del miedo injustificado a las amenazas a las libertades individuales.
Expondré aquí que hay muchas razones sensatas, racionales y materiales para
que la clase trabajadora se rebele contra el Estado.
Veintidós razones por las que la clase trabajadora estadounidense odia al
Estado
1.) La mayoría de las personas asalariadas pagan una suma
desproporcionadamente más elevada de impuestos que los empresarios ricos y,
por consiguiente, millones de estadounidenses trabajan en la «economía
sumergida» para llegar a fin de mes, con lo que se exponen a ser detenidos y
a que el Estado los procese por tratar de ganarse la vida eludiendo
impuestos onerosos.
2.) El Estado concede exenciones generosas durante varios años a las
empresas, con lo que elevan la carga fiscal de las personas asalariadas o
eliminan servicios esenciales. Las políticas no equitativas de recaudación
fiscal del Estado suscitan resentimiento.
3.) Los impuestos altos, unidos a la reducción y encarecimiento de los
servicios públicos, incluidos el aumento de los costes de la educación
superior y de los gastos sanitarios, alimentan el antagonismo popular y la
frustración ante el hecho de que se les está negando a ellos y a sus hijos
las oportunidades de progresar y vivir sanos.
4.) A muchos trabajadores y trabajadoras les sienta mal que el Estado gaste
el dinero de sus impuestos en guerras remotas e interminables y en financiar
rescates en Wall Street, en lugar de invertirlo en reindustrializar Estados
Unidos para crear puestos de trabajo bien remunerados o ayudar a quienes no
tienen empleo o están subempleados y son incapaces de afrontar el pago de
sus hipotecas y se exponen a un desahucio o a vivir sin techo. Casi todos
los trabajadores rechazan los gastos presupuestarios injustos que
privilegian a los ricos y niegan a la clase trabajadora.
5.) A los trabajadores les horrorizan la hipocresía y los dobles raseros del
Estado cuando denuncia a los «aprovechados» que se llevan unos centenares de
dólares y hace la vista gorda con los estafadores de bancos y empresas, y
los gastos militares del Pentágono cuestan excesos presupuestarios de
centenares de miles de millones de dólares. Pocos trabajadores creen que
exista la igualdad ante la ley, con lo que implícitamente no aceptan sus
exigencias de legitimidad.
6.) Muchas familias trabajadoras se niegan a admitir el hecho de que el
Estado reclute a sus hijos e hijas para guerras que se traducen en muerte y
en lesiones atroces en lugar de para puestos de trabajo en el sector
público, mientras que los hijos de las personas ricas y acomodadas se forjan
una carrera en la vida civil.
7.) El Estado subvenciona y mejora en los barrios acomodados las
infraestructuras públicas (carreteras, parques y servicios), mientras ignora
las demandas de mejora en las comunidades de rentas más bajas. Además, el
Estado sitúa las instalaciones contaminantes (incineradoras, industrias con
alto contenido de residuos, etc.) muy cerca de los hogares y las escuelas de
los trabajadores.
8.) El Estado mantiene el salario mínimo por debajo de los incrementos del
coste de la vida, pero fomenta y promueve el aumento desmesurado de
beneficios.
9.) En los barrios ricos los desvelos para hacer cumplir la ley son
rigurosos, y en las comunidades con rentas bajas son laxos, lo que se
traduce en una tasa más elevada de homicidios y robos.
10.) El Estado impone restricciones sobre las organizaciones sindicales que
luchan por garantizar los salarios y los beneficios, e ignora la
intimidación y el despido arbitrario de trabajadores que llevan a cabo las
empresas. El Estado favorece las fusiones y adquisiciones empresariales que
desembocan en monopolios, pero pone freno a la acción colectiva nacida desde
la base.
11.) Las instituciones económicas del Estado buscan a las personas que
ocuparán cargos públicos en los bancos e instituciones financieras para que
tomen decisiones que favorezcan a sus antiguos jefes, mientras que los
asalariados quedan excluidos y no cuentan con representación en los cargos
rectores de la política económica.
12.) Cada vez más, el Estado quebranta las libertades individuales de los
activistas sociales mediante la Ley Patriótica y las detenciones
arbitrarias, y garantiza la impunidad de la violencia policial y castiga a
quienes denuncian irregularidades, con lo que desdeña las críticas de los
ciudadanos con su capacidad de castigar.
13.) El Estado se muestra receptivo a la financiación del complejo
militar-industrial, la deslocalización de empresas multinacionales en el
extranjero y los elevados ingresos del lobby de Israel, y aumenta las
partidas presupuestarias que les destina, mientras recorta la financiación
de inversiones públicas en actividades productivas, tecnología aplicada y
formación ocupacional en alta tecnología de los trabajadores y asalariados
estadounidenses y de sus hijos.
14.) Las políticas del Estado llevan décadas incrementando las desigualdades
existentes entre el 10 por ciento más rico y el 50 por ciento más pobre, lo
que convierte a Estados Unidos en el país industrializado con las
desigualdades más acusadas.
15.) Las políticas del Estado han supuesto un descenso del nivel de vida, ya
que los asalariados tienen que trabajar más horas con menos seguridad
laboral, durante más años para recibir una pensión y disfrutar de la
seguridad social y soportando mayores riesgos medioambientales.
16.) Los cargos elegidos del Estado incumplen la mayoría de las promesas
electorales que formulan durante sus campañas ante los trabajadores, y en
cambio cumplen las promesas que hacen a las élites bancarias, empresariales
y de las clases altas.
17.) Las autoridades del Estado prestan más atención y se muestran más
receptivos a unos cuantos grandes contribuyentes económicos que a millones
de votantes.
18.) Las autoridades del Estado son más sensibles a los sobornos de los
lobbies empresariales que preservan los beneficios de las empresas que a las
necesidades sanitarias, educativas y de renta del electorado.
19.) Los vínculos entre las empresas y el Estado se traducen en
desregulación, que desemboca en contaminación del medio ambiente y lleva a
la quiebra de los pequeños negocios y a la pérdida de muchos puestos de
trabajo, así como a la desaparición de zonas recreativas, lo que deteriora
el descanso y el recreo de la clase trabajadora.
20.) El Estado eleva la edad de jubilación en lugar de aumentar las
aportaciones de los ricos a la seguridad social, lo que se traduce en que
los trabajadores de entornos no saludables disfrutarán de menos años de
jubilación con buena salud.
21.) Es más probable que el sistema judicial del Estado dicte sentencias
favorables a los demandantes ricos que disponen de abogados con un salario
alto y buenas relaciones políticas, y contrarias a los trabajadores, a
quienes defienden abogados de oficio y sin experiencia.
22.) Es más fácil que los recaudadores del Estado inspeccionen a los
contribuyentes asalariados que a los directivos empresariales de clase alta
que contratan a contables especializados en lagunas fiscales y en tomar
medidas de protección libres de impuestos.
Conclusión
En sus múltiples actividades, ya sean las relacionadas con velar por el
cumplimiento de la ley, reclutar soldados, establecer políticas fiscales y
de gasto, o promulgar legislación y administrar el medio ambiente, las
pensiones o la jubilación, el Estado favorece sistemáticamente a las clases
altas y las élites empresariales en contra de los trabajadores y los
pequeños empresarios.
El estado es permisivo con los ricos y represivo con la clase trabajadora y
asalariada, y defiende los privilegios de las grandes corporaciones y la
impunidad del Estado policial cuando quebranta las libertades individuales
de los trabajadores.
Las políticas del Estado extraen cada vez más de los trabajadores en
concepto de ingresos fiscales, y ofrecen cada vez menos en prestaciones
sociales, al tiempo que disminuyen la contribución fiscal de Wall Street e
hinchan las transferencias del Estado.
La percepción de la población de a pie de que el Estado es hostil y
explotador se corresponde con su experiencia práctica cotidiana; su conducta
antiestatal es selectiva y racional; la mayor parte de los trabajadores
sustentan la seguridad social y las prestaciones de desempleo, y se oponen a
las subidas de impuestos porque saben o intuyen que son injustas.
Los universitarios y expertos liberales que afirman que los trabajadores son
«irracionales» son a su vez profesionales de una crítica muy selectiva:
señalan los (menguantes) beneficios sociales del Estado al tiempo que
ignoran un sistema fiscal injusto y no equitativo y la conducta parcial del
sistema judicial, policial, legislativo y normativo.
El personal del Estado, los legisladores y las autoridades policiales son
atentos, receptivos y respetuosos con los ricos, y muestran hostilidad,
indiferencia o arrogancia hacia los trabajadores.
En resumen: lo que de verdad pasa no es que la gente está contra el Estado,
sino que el Estado está contra la mayoría de la gente. Ante la crisis
económica y las guerras imperialistas prolongadas, el Estado se muestra
descaradamente más agresivo a la hora de recortar el nivel de vida para
canalizar unos fondos públicos que alcanzan cifras de récord hacia los
especuladores de Wall Street y el complejo militar-industrial.
Mientras los «liberales-progresistas» siguen sumidos en la ideología
estatista «neokeynesiana», anticuada ante un Estado profundamente arraigado
en las redes empresariales, la retórica «antiestatista» de la Nueva Derecha
se hace eco de los sentimientos, experiencias y argumentaciones de sectores
importantes de las clases trabajadoras y los pequeños empresarios.
El esfuerzo de los liberales y los progresistas por desacreditar esta
revuelta popular contra el Estado indicando que el movimiento antiestatista
está financiado por las grandes empresas y manipulado por la derecha está
condenado al fracaso, pues no logra abordar las profundas injusticias que
padecen hoy día las clases trabajadoras en sus relaciones cotidianas con un
Estado gestionado en buena medida por militaristas y liberales defensores de
la gran empresa. La ausencia de una izquierda antiestatista ha abierto la
puerta al ascenso de una masa apoyada en la «Nueva Derecha».
En la sociedad civil emergerá una «nueva izquierda» cuando logre reconocer
el pernicioso papel explotador del Estado y sea capaz de explicarlo mediante
los poderosos vínculos existentes entre el «bienestarismo» del liberalismo,
el militarismo y el corporativismo. La recuperación y la expansión de los
mermados programas sociales para las clases trabajadoras sólo pueden tener
lugar si se desmantela el aparato estatal actual, y eso depende de que se
produzca una ruptura absoluta con el bando de la gran empresa y se
establezca un calendario que «revolucione» el funcionamiento de la política
en Estados Unidos.
James Petras
Traducido para Rebelión por Ricardo García Pérez
