Contratos de trabajo por montos desmedidos para
parientes y amigos y frecuentes viajes en jets privados son
algunos de los gastos pagados por Romina Picolotti con fondos
sin control desviados del presupuesto.
Claudio Savoia.
csavoia@clarin.com
Llegó al poder hace un año, con el viento fresco que, se
esperaba, los militantes de las organizaciones civiles venían a
aportarles a las marchitas prácticas de la vieja política:
premiada en Europa por su trabajo en la defensa de los derechos
humanos y el ambiente, vestida con largas polleras y eternas
zapatillas, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
Romina Picolotti, era la contrafigura exacta de su antecesora
María Julia Alsogaray. O parecía: parientes y amigos
contratados por montos exorbitantes, frecuentes viajes en jets
privados, compra de decenas de computadoras de última
generación, gastos inexplicables en muebles que nadie usa o el
alquiler de edificios para alojar a cientos de empleados
contratados sin motivo, son los trazos gruesos de una gestión
caracterizada por el derroche y la ineficiencia. Pero eso
no es todo: semejante desmadre es posible gracias al desvío
de fondos presupuestarios hacia una fundación pública creada
con otros objetivos, y cuyas compras no están sometidas a los
procesos y controles habituales en la administración pública.
El desembarco de la abogada Romina Picolotti y su equipo a la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el 7 de julio
del año pasado, fue interpretado como una de las jugadas
atrevidas que con frecuencia gusta ofrecer Néstor Kirchner:
militante por los derechos humanos, conductora junto a su
marido, Daniel Taillant, de la organización no gubernamental
Fundación Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente y, se
creía, muy influyente entre los inflexibles asambleístas de
Gualeguaychú que resisten la instalación de la planta de
celulosa Botnia frente a sus narices, Picolotti traía consigo
varios mensajes simultáneos. Con ella en el Gobierno, los
ambientalistas entrerrianos sentirían que el Presidente no se
olvidaba de ellos, las organizaciones de defensa del medio
ambiente ya no podrían decir que el Estado no les abre las
puertas "a los que saben", y todos los argentinos entenderían
que el compromiso de luchar contra la contaminación iba en
serio.
Pero el plan falló. Cobijada por un presupuesto que se
quintuplicó y el halo de pureza del que muchos militantes
sociales suelen alardear frente a los políticos, blindada por
el sostén de su mentor, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández
—que un día antes de su asunción logró que la Secretaría fuera
trasladada desde el Ministerio de Salud a su órbita—, Picolotti
tropezó pronto: le aseguró al Presidente que el Banco Mundial no
otorgaría los créditos que Botnia había pedido para construir la
fábrica de Uruguay y que eso heriría de muerte al proyecto, pero
la empresa no tuvo inconvenientes en obtener el dinero;
les prometió a los asambleístas que los jueces de La Haya
atenderían el reclamo argentino, y al Presidente que los
asambleístas liberarían las rutas; no logró ninguna de las dos
cosas. Y en medio de duros cruces con varios funcionarios de
la Cancillería terminó, hace tres meses, alejándose de las
negociaciones "por una decisión personal". El otro gran desafío
de la secretaria, organizar y concretar la limpieza del
Riachuelo, tampoco está mostrando grandes resultados, como quedó
de manifiesto en las audiencias de esta última semana ante la
Corte Suprema.
Hasta aquí, los datos conocidos. Pero la polémica por la pericia
de esta funcionaria clave empalidece ante otros datos menos
discutibles. En casi dos meses de investigación, Clarín
pudo establecer que Romina Picolotti y sus allegados participan
de una serie de maniobras presupuestarias que les
permiten derivar mucho dinero público para gastos personales,
multiplicar contratos de trabajo irregulares y por montos
desmedidos y hacer grandes compras sin muchos controles. Para
recoger cada dato y documento que sostiene estas afirmaciones,
el Equipo de Investigación entrevistó a dos ex
subsecretarios y tres altos funcionarios de la Secretaría de
Ambiente, fuentes de los ministerios de Economía y Salud, la
Cancillería, la Jefatura de Gabinete y dos empresas particulares
que prestaron servicios para Picolotti. Los siguientes son sólo
algunos de los hallazgos más elocuentes:
Con una planta de 422 empleados, Picolotti contrató a otros 350
sin que su necesidad e idoneidad fuera debidamente justificada.
A través de varios de estos "contratos de locación de obra" la
secretaria paga "salarios" importantes a una serie de
parientes y amigos. Algunos ejemplos: Susana Verónica
Franco, su asesora personal, es la novia de su hermano, Juan
Picolotti, quien a su vez es su jefe de gabinete. Franco fue
contratada por 8.000 pesos mensuales (ver facsímil), el
doble del monto de los mejores contratos vigentes en la
administración pública. Dos comparaciones invitan a dudar de la
moderación de esa cifra: hasta su nombramiento, el actual
embajador en Francia, Eric Calcagno, cobraba como asesor de la
Secretaría de Medios (que también depende de la Jefatura de
Gabinete) 4.061 pesos. Y desde agosto, el sueldo bruto de un
diputado será de 8.976 pesos.
Picolotti también contrató al hermano de Susana, Martín Franco,
a quien nombró como director de Recursos Humanos. La mujer de
Martín Franco, Cristina Aoki, es la encargada del área
sociosanitaria del Programa Integral del Riachuelo. Varios
amigos de la infancia de Juan Picolotti también fueron
beneficiados con jugosos contratos: Raúl Vidable, subsecretario
de Fiscalización y Control Ambiental; el contador Sebastián
Olmos, jefe de compras; y Edgardo Ruibal, director general de
Control Ambiental. Ninguno de ellos cobra menos de 8.000 pesos.
Según los datos recogidos, la Secretaría paga tres contratos de
12.000 pesos, unos 20 de 8.000, otros 30 de entre
6.000 y 7.000 pesos, y decenas de personas cobrarían entre
4.000 y 5.000 pesos. Un dato: en la Secretaría, un profesional
de línea con diez años de antigüedad cobra 2.700 pesos.
Estas erogaciones habrían generado para este año un déficit de
casi 18 millones de pesos en la cuenta de gastos de personal, y
otros problemas domésticos: tantos empleados hay que ni siquiera
caben en la sede de San Martín 451 y en el otro edificio que la
Secretaría tiene en la boca del río Matanza. No importa: para
albergarlos y evitar convivencias incómodas con los desanimados
empleados de línea —decenas de los cuales fueron reubicados o
licenciados por tiempo indeterminado a pesar de ser cuadros
técnicos—, la secretaria alquiló dos nuevos edificios. Pero al
parecer tampoco tenía muy en claro para qué los quería. En una
circular interna fechada el 7 de diciembre, se anuncia a una
serie de empleados que la Secretaría alquiló un inmueble en la
calle Reconquista 555, y ofrece la posibilidad de trasladarse
allí a quienes quieran porque "existe aún mucho espacio
disponible".
La avalancha de contratos tiene su máximo exponente (y el más
irritante para el personal de la Secretaría y también de la
Cancillería) en el que le fue otorgado a la abogada
cubano-norteamericana Ana María Kleymeyer, una ex alumna de
Picolotti convocada para representar a la Secretaría —y a la
Argentina— ante los foros internacionales como coordinadora de
la Unidad de Asuntos Ambientales Internacionales.
Además de la curiosidad de contratar a un extranjero para
conducir un área tan sensible, fuentes de la Cancillería alertan
sobre un posible conflicto de intereses: al menos hasta
octubre de 2004 la abogada integraba el staff del Water Program
(Programa del Agua ) en el World Bank Institute, un apéndice del
Banco Mundial. Tan particular es la contratación que una de sus
facturas a la que accedió este diario, por 10.000 pesos,
lleva el número 00000001 —es decir que nunca antes había
prestado servicios profesionales en el país— y en ella la
abogada fija su domicilio fiscal en la propia sede de la
Secretaría, San Martín 451 (ver facsímil). Pero ésa tampoco
sería la remuneración mensual de la doctora, quien en verdad
estaría cobrando entre 25.000 y 30.000 pesos por mes, una
cifra que, traducida a dólares, justificaría su "desarraigo".
Algo similar le ocurre al doctor Juan Pablo Ordóñez, un
colombiano que, aunque admite en público que "del tema conozco
poco", dirige la Unidad de Gestión Ambiental de la Actividad
Minera.
Para viajar al interior del país, la secretaria Picolotti suele
contratar los servicios de jets privados. Clarín
accedió a la documentación correspondiente a dos de ellos: uno,
realizado el 20 de diciembre, la llevó desde Buenos Aires hasta
Córdoba, con una escala en La Rioja y regreso a Aeroparque en el
mismo día (ver facsímil). El viaje fue realizado en una nave
Learjet con capacidad para siete pasajeros de la empresa Baires
Fly, y costó 20.420 pesos. Ese mismo día hubo 12 vuelos
regulares de ida y vuelta a Córdoba. El costo máximo de siete
pasajes —bajo la hipótesis de que el avión hubiese viajado
completo— hubiera sido de 1.946 pesos en clase turista o 3.710
pesos en clase ejecutiva. El segundo vuelo,
Aeroparque-Córdoba-Aeroparque, se contrató con la empresa Sky
Connections, se realizó el 13 de febrero y costó 11.170,22
pesos.
Pero éstos no fueron los únicos viajes contratados por Picolotti
y sus allegados más cercanos. Así lo confirmó a Clarín un
ex subsecretario que se negó a abordar uno de estos vuelos
privados para asistir a un evento en el norte argentino. El
pasado 14 de junio, por ejemplo, Picolotti habría contratado
dos viajes de ida y vuelta a "tierra santa", como suele
llamar a su provincia natal ante sus empleados. Pero la niebla
mantuvo cerrado el aeropuerto cordobés, y los vuelos debieron
ser suspendidos. Las arcas públicas sólo sufrieron un leve
mordisco, el pago de la multa por la reserva del avión que
nunca despegó.
Los ejemplos pueden seguir hasta llenar páginas. En febrero
pasado, Picolotti compró muebles para remodelar su secretaría.
De acuerdo a las órdenes de compra y las cuatro facturas que
acreditan la entrega del mobiliario, firmadas por su contador y
cerebro financiero, Esteban Sáenz Rico, se gastaron 176.145
pesos (ver facsímil). Muchos de esos muebles todavía duermen
en los pasillos porque no hay dónde ponerlos. ¿Más? Para
"fortalecer la capacidad operativa de la Secretaría" Picolotti
compró 100 computadoras de última generación, con grabadora de
DVD y mouse óptico. Cada PC incluye un monitor de pantalla
plana.
Para evitar los controles contemplados en los procedimientos
de contratación del Estado, esta retahíla de gastos se lleva
a cabo forzando un mecanismo utilizado para la "administración
eficiente" de fondos públicos. Se trata de un acta acuerdo
firmada por la Secretaría de Ambiente y la Fundación ArgenINTA,
un ente satélite del INTA (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria) creado, entre otras cosas, para "brindar un
servicio especializado en la gestión" (ver pág. 33). La
martingala consiste en derivar dinero del presupuesto ordinario
a la cuenta que la Secretaría tiene en ArgenINTA —cuyos
movimientos no son auditados con el mismo rigor—, y facturarle a
esta fundación todas las compras y contrataciones que
Picolotti decide en forma personal. Hasta los gastos pagados
por caja chica se cargan a nombre de la Fundación.
Clarín pudo establecer que a través de este mecanismo en
el 2007 ya fueron desviados 20 millones de pesos, y a pesar de
que el temor a futuros juicios por administración fraudulenta
despabiló los temores de las autoridades del INTA, aún se
planifica enviar allí otros tres millones, mientras se pulen
nuevos artilugios para distraer fondos de ojos inquisidores.
Esta sangría de recursos permitiría, a su vez, justificar un
presupuesto que por todo concepto asciende a 166 millones de
pesos, de los cuales —según información oficial— apenas
se ejecutó en forma normal el 17%. Una de las ollas más
espesas se cocina en el llamado Programa Integral Cuenca
Matanza-Riachuelo, al que, sin mediar justificaciones
convincentes, en un principio le fueron destinados 136 millones
de pesos, que gracias a las transferencias a otros destinos
enseguida bajaron a 92 millones y, a pesar de la gravedad de la
contaminación, las durísimas críticas de los especialistas y la
mirada torva de la Corte Suprema —que esta semana consideró
"impreciso" el plan de Picolotti a partir de un análisis trazado
por técnicos de la UBA— apenas lleva gastado el 10%.
El desagregado geográfico de la ejecución presupuestaria del
Programa Riachuelo muestra otra perla: se destinaron 650.000
pesos a la provincia de Córdoba (terruño de Picolotti) y
otros 206.000 a la provincia de Entre Ríos. Cuesta imaginar la
relación de ambas provincias con el porteñísimo Riachuelo.
Según pudo saber este diario, al menos un ministro y otro
funcionario que entra sin anunciarse al despacho de Kirchner
fueron informados de que en la Secretaría de Ambiente ni la
gestión ni la administración marchan de modo normal. Y la semana
pasada las malas noticias habrían llegado a oídos de otro
ministro, que goza de una excelente relación con la senadora
Cristina Kirchner. Quizás su marido tenga algo que decir.
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