Ponencia ante la Comision de Salud, Bienestar Social y Asuntos de la Mujer
Senado de Puerto Rico
Colectivo Candelaria Pa’ lante
Sandy Borras
Portavoz
18 de agosto de 2007

Muy buenos dias, a nombre del Colectivo Candelaria Pa’ lante y la comunidad del Residencial Candelaria de Mayaguez, agradecemos la oportunidad de dirigirnos a ustedes en un asunto de tanta preocupacion para nuestros residentes. Agradecemos particularmente el interes de la Senadora María de Lourdes Santiago, autora de la resolucion que ha dado paso a esta investigacion, y sus co-autores, los Senadores Carlos Pagan y Luis Daniel Mu/niz.

Como todos han de saber, los residenciales publicos en Puerto Rico han sido ejes de discriminacion social desde siempre; desde su misma creacion. Se nos aislo de los cascos urbanos, localizandonos en terrenos que entonces tenian poco valor monetario. Alli, en un reducido espacio, localizaron miles de familias pobres sin considerar los problemas sociales que esto conllevaria, y sin apercibir –o por lo menos eso quisieramos pensar- que, como gobierno, se estaba siendo discriminatorio al segregar una poblacion por su condicion social.

Pero el problema gubernamental ya estaba resuelto, o al menos eso pensaban las agencia concernidas, ya no afeabamos sus ciudades con casas deterioradas, reflejo de esfuerzo y el sacrificio de nuestra humilde subsistencia. De esta manera, se ocultaba de la vista publica las diferencias sociales creadas por nuestro la sistema de gobierno y su incapacidad para corregir esta situacion. Mejor aun, ahora serviriamos para impulsar campa/nas publicitarias de los gobernantes de turno; campa/nas como la de "Mano dura contra el crimen" y "Castigo seguro", a traves de las cuales se dirigian todos los esfuerzos contra la criminalidad hacia esta poblacion marginada, y ahora reprimida. Parece que olvida nuestro gobierno, que "para acabar con el arbol de la criminalidad, hay que cortarlo de raiz y no meramente podarle las ramas".

Con este "cheque en blanco" de los gobernantes y su politica social, parecio institucionalizarle el discrimen, la represion, la brutalidad policiaca y la fabricacion de casos. Golpe que sentimos mas fuerte, cuando los gobiernos carentes de obra intentan aparentar un trabajo inexistente; cuando todos los dedos les apuntan, somos nosotros su acto de escapismo o cuando las estadisticas del crimen parecen ir en alzada, y aunque dichos crimenes no se cometan en nuestra comunidad, es alli a donde van sus esfuerzos.

Toda esta presion sobre los agentes de orden publico, les ha llevado a obrar de manera errada y en contra de los derechos civiles de nuestras comunidades. Cierto es que muchos de estos parecen disfrutar este tipo de intervencion y hasta han conseguido como sacar ventaja de ella: despojando de su joyeria, dinero y otros articulos a aquellos con quienes intervienen; chantajeando para obtener beneficios personales, como armas, dinero, etc.; manoseando a las mujeres en los registros fisicos o simplemente aumentando su autoestima, denigrando, humillando y maltratando a nuestros residentes.

Candelaria ha tenido que vivir estas situaciones durante muchisimos a/nos; casos como el de Virgen Carrasquillo, lider comunitaria de nuestro residencial, quien luego de exponer publicamente las amenazas de apresarle mediante fabricacion de evidencia que le hacian los agentes de la Policia y radicar la querella administrativa correspondiente, dichas amenazas se concretaron; o como el caso de Yesenia Colon, a quien en un registro fisico la desnudaron en el pasillo de un edificio y le introdujeron los dedos en la vagina; casos como el de Santa Vargas, a quien se le allano su hogar bajo alegaciones falsas y a quien se le radican cargos por un arma que su ni/na de 9 a/nos atestigua haber visto cuando los mismos agentes la colocaron y a quien, ademas, se le obligo a mostrarle a los agentes el ano de su ni/no de 5 a/nos de edad como parte del allanamiento; otros entre los mas comunes, como el de Ronald Vazquez, golpeado hasta fracturarle la nariz, da/narle la retina del ojo, para luego radicarle acusaciones falsas que justifiquen la golpiza recibida y los mas tristes y vergonzosos, aquellos cometidos contra los adictos a drogas y deambulantes del lugar, como Obryan Vargas, golpeado y humillado en infinidad de ocasiones, tan solo por su condicion. En medio de estas denuncias de nuestra parte, la alta jerarquia de la Policia de Puerto Rico nombro como Comandante de Area al Teniente Coronel Francisco Carbo, quien declaro publicamente que luego de una investigación se habia determinado que no habia tal violacion de derechos civiles en el Residencial Candelaria y residenciales aleda/nos. Curiosamente, ninguno de los residentes de Candelaria fuimos entrevistados para esa "investigacion" y no reconocemos actuacion alguna de la Policia de Puerto Rico que pueda catalogarse como tal. La veracidad de nuestras denuncias se comprueba con la intervencion del Buro Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles) a la Division de Drogas y Vicio de Mayaguez, una de las divisiones que hemos se/nalado como autores de las violaciones nuestros derechos constitucionales.

Con el fin de erradicar de nuestra comunidad la criminalizacion de la pobreza, comenzamos a organizarnos comunitariamente desde el mes de octubre del 2006, apoyados por grupos de activistas, plasmamos en un mural nuestro grito de justicia y conciencia social: "Ser pobre no es un delito". Sin embargo, nuestros esfuerzos organizativos han tratado de ser acallados, tanto por la Policia de Puerto Rico, como por la privatizadora que administra el residencial, Zeta Enterprises. Estos ultimos borraron nuestro primer mural en el que, haciendo uso de nuestro derecho a la libre expresion, denunciabamos de manera artistica la represion policiaca que sufre nuestra comunidad, e intentaron hacer lo mismo cuando nuevamente utilizamos el mismo foro de expresion. Afortunadamente pudimos defenderlo mediante un interdicto judicial, que aun esta pendiente a resolverse permanentemente y en el cual esta servidora figura como demandante.

La privatizadora Zeta Enterprises ha adoptado esta actitud, pues junto a nuestra denuncias de represion policiaca, se denuncio la falta de mantenimiento adecuado del residencial, como el deteriorado estado de la cancha de baloncesto, donde se encuentra el mencionado mural. Esta cancha, que era guarida de adictos, fue restaurada y rescatada por la comunidad, sin que la empresa administradora tomara cartas en el asunto, aun cuando reciben partidas federales para el mantenimiento de la misma. De igual forma han ignorado los reclamos comunitarios y actuado unilateralmente, apoyados por el llamado "consejo vecinal", que existe unicamente por requerimiento federal y que tan solo responde a los intereses de la administracion.

Sin el aval de la comunidad han impuesto una penalidad de quince dolares por atrasos en el pago de renta, cuando todos conocemos la situacion economica por la que atraviesa el pais y mas aun la clase economicamente desventajada. Tambien han privado a nuestros ni/nos de los unicos medios recreativos a su alcance, como lo es el uso de piscinas inflables, sin optar por reglamentar las condiciones de uso para las mismas. Han incumplido con la clausula contractual de equipar los apartamentos con neveras, estufas electricas y calentadores de tanque, pues tan solo otorgaron estufas a "ciertos" residentes, bajo criterios desconocidos, aun cuando el Departamento de Vivienda Federal ha desembolsado el dinero para dichos enseres electrodomesticos. Lo que se hace realmente curioso, es la forma en que dicha clausula ha desparecido del nuevo contrato redactado, como acostumbran estos, unilateralmente.

Tenemos que agregar, que la Administracion de Zeta Enterprises ha servido de agente represivo en contra de aquellos que hemos denunciados estas injusticias e irregularidades. Personalmente puedo decir, que he sido discriminada en el mantenimiento de mi apartamento; las ordenes de reparacion no se realizan por cuestiones burocraticas. Las evaluaciones de ingresos con el fin de aumentar la renta son muy consecutivas, contrastando con el resto de los residentes. Eso sin mencionar, que se me ha prohibido estar y/o reunirme en las areas recreativas comunes, lo que atenta directamente con mi derecho de asociacion.

Debemos concluir expresando nuestras recomendaciones, esperando que las mismas sean tomadas en cuenta por esta comision:

- Los residentes de Candelaria, consideramos que la privatizadora Zeta Enterprises ha incumplido con el deber de ofrecernos servicios que abonen a nuestra calidad de vida; muy al contrario, se ha lucrado indebidamente a costa del sufrimiento y la carencia de nuestra comunidad, por lo que se debe devolver la administracion de nuestros residenciales a manos del Gobierno de Puerto Rico, fomentando la participacion activa comunitaria en la administracion de los mismos.

- En cuanto a la Policia de Puerto Rico y sus divisiones, entendemos se deben despedir inmediatamente todo aquel que ha participado, por accion u omision, en las violaciones a los derechos civiles a nuestras comunidades, ademas de procesarse criminalmente los casos y no meramente trasladarlos a otra jurisdiccion como ha se acostumbra hasta ahora. Los agentes del orden publico, deben recibir adiestramiento sobre derechos civiles como parte de su entrenamiento y readiestrarsele en los mismos cada cierto tiempo. Se deben realizar pruebas de deteccion a drogas, incluyendo el uso de esteroides anabolicos, así como evaluaciones psicologicas a todos los policias, independientemente de la division a que pertenezcan o su posicion dentro del cuerpo.

Concluimos tristemente que la falta de accion de la Policia de Puerto Rico y agencias concernidas representa un aval, al menos implicito, al abuso policiaco, que ha llegado a dimensiones intolerables. Estamos convencidos que de haberse actuado con prontitud ante el reclamo de los residentes de Candelaria, se pudieron haber evitado incidentes como el reciente asesinato de un ciudadano por parte de un policia abusador en la ciudad de Humacao, asi como otros tantos sucesos.