La represión en El Salvador y las leyes antiterroristas en el continente
COMPA
El dos de julio pasado, en la
comunidad de Suchitoto, El Salvador; en medio de una lluvia de gases
lacrimógenos y disparos fueron detenidas 14 personas, las que son
acusadas de actos de terrorismo, daños agravados y lesiones. L@s
compañer@s son en su mayoría integrantes de la Asociación para El
Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), organización que se encontraban
presentes en Suchitoto en una manifestación en contra del lanzamiento de
la Política Nacional de Descentralización y la inauguración de un
proyecto de agua, donde se hizo presente el Presidente Antonio Saca.
La violencia con que manejaron la situación los miembros de la UMO
(Unidad de mantenimiento del Orden) es una muestra más de la estrategia
de terror estatal que se viene dando en El Salvador durante las últimas
décadas. Precisamente ese día era el aniversario de la muerte del
cruento asesinato de Juanita Monjarás de Manzanares y Francisco
Manzanares, ocurrida en Suchitoto el 2 de julio del 2006, crímenes que
se mantienen en la impunidad hasta la fecha.
La política nacional de descentralización no es mas que un eufemismo
para el proceso de privatización del agua que vienen imponiendo los
organismos financieros internacionales en todo el continente, y la
respuesta violenta de parte del Estado Salvadoreño a la manifestación de
Suchitoto, y la aplicación de la Ley Antiterrorista no es más que una
consabida estrategia del imperio en América Latina de criminalizar la
respuesta del movimiento social a los procesos de desterritorialización
y apropiación de recursos por parte de las transnacionales.
La Ley Especial Contra Actos de Terrorismo fue aprobada en El Salvador
el 21 de septiembre del 2006. Consta de 53 artículos y clasifica 29
acciones como "actos terroristas". Los 14 encausados bajo los cargos de
terrorismo tendrán que esperar tres meses hasta que la Fiscalía General
recopile todos los elementos acusatorios para que sean condenados a
penas que podrían llegar hasta 60 años de cárcel.
El caso de los detenidos en Suchitoto nos trae a la memoria la reciente
sentencia que se dio en México en contra de Ignacio del Valle Medina,
Felipe Alvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua, dirigentes del
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador
Atenco, los que fueron sentenciados el cinco de mayo pasado a 67 años y
seis meses de prisión cada uno. El pasado 26 de abril el Senado de la
República Mexicana aprobó 12 leyes, entre ellas el artículo 139 del
Código Penal Federal, en la que impone sanción de seis a 40 años de
prisión, y hasta mil 200 días de multa. El artículo 139 fue elaborado a
la medida de los requerimientos de los Estados Unidos siendo la esencia
de esa ley un ejemplo claro de como la protesta social se ha convertido
en un crimen bajo el pretexto de considerar terrorismo "cualquier
presión para que las autoridades tomen una determinación".
En Argentina sucedió algo similar, cuando el pasado 06 de junio, en una
hora y media fue aprobada la ley antiterrorista en el senado, con 51
votos a favor y 1 en contra. Días después, el 13 de junio, en la cámara
de diputados, luego de 3 horas de llamado a la sesión el oficialismo
alcanzo el quórum y por mayoría, el proyecto del Poder Ejecutivo
Nacional 449/06, firmado por el presidente Néstor Kichner que reforma el
Código Penal, se convirtió en Ley. En febrero de este año, los
integrantes de la mision Argentina ante el GAFI (Grupo de Acción
Financiera) fueron informados que ese país tenia plazo hasta mediados de
junio para que la legislación incluyerá normas que combatan al
terrorismo. De no ser así, Argentina sería declarada como no confiable
para las inversiones internacionales.
Los hermanos mapuches de Chile se les ha venido aplicando la ley
antierrorista que data de la época de Pinochet. No en balde se tuvieron
que declarar en huelga de hambre los compañeros mapuches Patricia
Troncoso, Juan Huenulao, Jaime Marileo y Juan Marileo los que fueron
acusados de un incendio terrorista y condenados a 10 años y un día mas
al pago de una indemnización de $424.964.798 a la empresa forestall
MININCO, la Ley Antiterrorista (ley 18.314), además de la Ley de
Seguridad Interior del Estado sirvieron para demostrar una vez más la
persecución que existe en Chile en contra de las poblaciones autóctonas,
y como la defensa de sus territorios ancestrales es considerado un acto
de terrorismo.
El caso de Colombia es aún más patético: el 60% de los sindicalistas
asesinados el año pasado en el planeta, eran oriundos de ese país. La
paramilitarización de la Fiscalía fue denunciada por el Senador Gustavo
Petro. Loque según el senador significa, "que en el momento actual
cualquier persona corre el riesgo de ser detenido y acusado de ser
subversivo". La cruenta guerra que se viene librando en ese país durante
los últimos 50 años, ha sido utilizado para efectuar periódicas purgas
politicas, donde los defensores de derechos humanos, sindicalistas,
líderes indígenas y la población en general se ven expuestos a ser
acusados bajo cualquier pretexto de ser elementos al servicio del
terrorismo, y pasar a engrosar la larga lista de desplazados o
desaparecidos.
Cabe señalar el papel en que se han visto envueltas algunas compañías
transnacionales en la guerra sucia librada en ese país. El sonado caso
del Delmonte, donde según los señalamientos de Salvatore Mancuso - líder
paramilitar - la compañía bananera hizo pagos en efectivo y apoyo
logístico a las bandas de forajidos al servicio, crímenes por los cuales
recibió una multa impuesta por las autoridades estadounidenses. En las
últimas semanas ha salido a luz pública los asesinatos de sindicalistas
mineros de la mina del Cerrejon ultimados por encargo de la
transnacional Drummond.
El movimiento social de América Latina registra una ofensiva por parte
de los estados-nación que responden a los intereses del imperio, siendo
evidente la imposición de leyes antiterroristas calcadas de Ley
Patriota, fabricada después de los atentados del 11 de septiembre del
2001, cuando las agencias de "inteligencia" de los Estados Unidos, ya
sea por negligencia o complicidad se vieron rebalsadas por los hechos
ocurridos. De la misma forma como las torres del World Trade Center se
desintegraron las libertades civiles de ese país se esfumaron y a partir
de esa fecha en los países de América Latina hemos sufrido un retroceso
en materia de derechos humanos diluyéndose logros que costaron décadas
en obtener.
El encarcelamiento de los compañeros de CRIPDES y la violencia aplicada
a la comunidad de Suchitoto es una pesadilla que nos atañe a todos los
latinoamericanos. El enajenamiento de las autoridades judiciales de El
Salvador acompañado de la prepotencia del ejecutivo son señales de como
el terrorismo de Estado será un arma para los procesos de privatización
del agua y los servicios públicos en general, al mismo tiempo que el
Plan Puebla Panamá con sus planes de desarrollo destructivo serán un
pretexto para un retorno de la cacería de brujas de la década de los
años 80.
!Condenamos y Repudiamos estos actos de Terrorismo de Estado en contra
de las organizaciones de El Salvador y America Latina!
¡BASTA ya de Represión y Criminalización del Movimiento Social!
Reiteramos nuestra solidaridad con nuestr@s herman@s de (CRIPDES)
Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Americas, COMPA
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