Dos años después de la desaparición de López.
Desde que se reiniciaron los juicios contra los represores que actuaron durante la última dictadura militar, poca ha sido la seguridad con la que contaron los testigos. Jorge Julio López, querellante contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, fue secuestrado momentos antes de presentarse a los alegatos y aún sigue desaparecido. Ni la Justicia ni el Poder Ejecutivo ha brindado certezas sobre el caso López. Desde los organismos de Derechos Humanos vienen denunciando que la desaparición de López es un mensaje a todos los actores de los juicios.
Por ANRed - Sur
El secuestro de Jorge Julio López hace ya dos años revela la inseguridad a la que están sometidos quienes aportan sus testimonios para condenar a los represores. A la desaparición del testigo clave en el juicio al genocida Etchecolatz, se le suman otros hechos. También, sufrieron secuestros Luis Gerez y Juan Puthod. También, Felisa Marilaf que estaba bajo un régimen de protección fue secuestrada por horas y agredida. Sus captores no dudaron en pedirle el aparato celular que le había entregado el Servicio de Atención a la Víctima -demostrando que sabían perfectamente que lo tenía. Días atrás, fue atacado el testigo Mario Galvano por el hijo del represor Carlos Sánchez Toranzo. La justicia caratuló el hecho como una contravención, como si solo se tratara de una discusión entre vecinos aún cuando se recalcó que el agresor había hecho explícita referencia al juicio en el que había testimoniado Galvano.
Testigos claves
La abogada Myriam Bregman, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), fue clara al explicar por qué los testigos son fundamentales. "Cada vez que hablan de testigo clave, nos tenemos que preguntar por qué son claves los testigos. Lo son porque este Gobierno sigue encubriendo a los genocidas, sigue preservando a las Fuerzas Armadas, de seguridad y de inteligencia. Porque este gobierno autoproclamado de los Derechos Humanos no aportó una sola prueba en una sola causa que mande un genocida preso. Son los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, como nuestro compañero Jorge Julio López, los que siguen siendo fundamentales para encarcelar a los genocidas. En la Argentina no hubo apertura de los archivos de la represión. Son las víctimas las que tienen que seguir identificando a sus secuestradores". Son quienes pasaron por los centros clandestinos de detención y exterminio quienes deben relatar, una y otra vez, su calvario. Son ellos los que movidos a hacerlos "por los compañeros", como había reconocido López, los que quedan desprotegidos frente al poder, aún absoluto, de los genocidas.
Por su parte, la abogada Guadalupe Godoy remarcó: "La desaparición de López no era un mensaje a los testigos sino a los actores de los juicios". Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex Detenidos- Desaparecidos, agregó que el secuestro de López fue un mensaje hacia "todos los militantes y hacia todos los fiscales y jueces que intenten hacer justicia". Además, "esa desaparición y la impunidad de sus secuestradores- añadió Bregman- fortalece al aparato represivo del Estado, lo remoza, lo vigoriza y le da un gran mensaje de que tienen vía libre para actuar, como han actuado y como lo volverán a hacer cada vez que el régimen social que instauró la dictadura se sienta amenazado".
Juicios parcializados
Desde que se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, menos de treinta represores fueron llevados a juicio. En la mayoría de los tribunales se sucedieron la misma escena: algunos genocidas emblemáticos acusados por un puñado de casos, impidiendo a través de estos mecanismos tener una percepción del plan exterminador ejecutado por la dictadura militar. "En esta falta de planificación inicial que hubo de los juicios, los jueces aplican un criterio que evidentemente receptaron de la época alfonsinista, que es el de la obediencia debida. En definitiva, hacen una selectividad de imputados que son exclusivamente las cadenas de mando y omiten el enjuiciamiento de los cuadros inferiores", explicó Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).
Este marco en que son encarados los procesos judiciales lleva a que la cuestión sea planteada de forma más profunda. "La única protección válida para los testigos, para los sobrevivientes y para la sociedad toda es que todos los genocidas sean juzgados y condenados a cárcel común, perpetua y efectiva. Porque han pasado 25 años de gobiernos constitucionales y seguimos denunciando a los mismos genocidas, los mismos que participan en la represión a las protestas y reclamos populares, los mismos que junto a sus socios, desde la dirección de las empresas multinacionales o desde el estado, continuaron el saqueo comenzado durante la dictadura", sostuvieron los integrantes de la Asociación de Ex Detenidos- Desaparecidos (AEDD).
La abogada Liliana Mazea, de FIDELA, también afirmó: "La desaparición forzada de Julio López, los secuestros que le siguieron a militantes de derechos humanos, las amenazas a jueces, abogados y testigos, marcan la exigencia de cárcel común, perpetua y efectiva a todos los que perpetraron el genocidio en nuestro país". Es claro que de la única forma en que los sobrevivientes podrían estar seguros al brindar su testimonio, su relato del horror es si se tomara el camino por el que hace décadas que luchan: "Que los gestores militares y civiles del genocidio ocurrido en la Argentina estén en el lugar que les corresponde, la cárcel; cumpliendo la condena que se merecen, cadena perpetua; por el delito cometido, el de genocidio".
