EL CASO SKANSKA

Primeros echados en el Gobierno por la causa Skanska

 

Kirchner decidió relevar de sus cargos a los presidentes del Enargas y de Nación Fideicomisos luego de que fueron involucrados por el fiscal en el escándalo Skanska

 

16/05/07

La causa Skanska se llevó a dos funcionarios del gobierno por sospechas de corrupción.

El Gobierno desplazó por decreto a los funcionarios Néstor Ulloa y Fulvio Madaro, luego de que el juez federal Guillermo Montenegro los citara a declarar por el caso Skanska, en el que se investigan presuntos hechos de corrupción en la construcción de un gasoducto.

Ulloa era hasta el gerente de Fideicomisos del Banco Nación y está sospechado de ser la "pieza clave" en la supuesta maniobra de evasión impositiva y presuntos sobreprecios, indicaron fuentes judiciales.

En tanto, Fulvio Madaro, titular del Enargas, habría firmado un documento cursado a TGN -licenciataria privada del Gasoducto Norte- para que se contratara a Skanska, BTU y Contreras Hermanos para construir tres plantas compresoras de la obra.

Ambos fueron citados a declarar bajo la figura legal de "cohecho", agregaron las fuentes consultadas por la agencia Noticias Argentinas.

"Tal como lo había dicho el presidente (Néstor Kirchner), ante la sola existencia de una implicación concreta en el caso que se está investigando, nosotros hemos de facilitar la plena acción de la Justicia separando a los funcionarios implicados", sostuvo esta noche el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

El jefe de ministros evitó "abrir juicios acerca de la resposabilidad de estos funcionarios", puesto que -según explicó- la "única" información que maneja el Gobierno "es la particular notificación de la causa que ha hecho el fiscal (Carlos Storneli) de la causa al ministro del Interior", Aníbal Fernández.

Por otra parte Claudio Corizzo, el ex auditor de Skanska detenido por falso testimonio en la causa por la que se investigan presuntas irregularidades en la construcción de dos gasoductos, fue beneficiado hoy con la excarcelación, aunque la Justicia fijó
una fianza de un millón de pesos.

La medida fue dispuesta por el el juez federal Rodolfo Canicoba Corral quien tomó declaración indagatoria a Corizzo luego de haber sido detenido anoche por orden del juez en lo penal tributario Javier López Biscayart.

El ex auditor de Skanska había pasado la noche en la comisaría 3era de la Policìa Federal y finalmente prestó hoy declaración indagatoria en los tribunales federales de Retiro.

Voceros judiciales indicaron que Canicoba Corral tomó intervención en el caso porque está de turno y el "falso testimonio" es un delito federal.

Ahora, Canicoba Corral tiene diez días para resolver la situación procesal de Corizzo por un delito que prevé hasta diez años de prisión.

Según trascendió, en su indagatoria de hoy, el ex auditor de la empresa constructora sueca negó haber sido reticente o haber ocultado información a López Biscayart.

Y aseguró que siempre admitió ante el juez la existencia de grabaciones hechas en el marco de una auditoría en las cuales dos ex directivos de Skanska aludían a "pagos indebidos" en el marco de obras de ampliación del gasoducto Norte.

En el marco de la investigación, la grabación fue secuestrada ayer de la computadora que manejaba Corizzo en la sede central de Skanska.

Los voceros judiciales consultados indicaron que dos declaraciones prestadas por Corizzo estaban este martes en manos de Canicoba Corral y en las mismas el ex auditor de la empresa aludía a esa grabación de manera vaga.

Recordaron que en 2005 se comprometió a aportarla al juzgado, cosa que nunca hizo, y este lunes mencionó creer que estaba en su computadora personal, algo que no era así y finalmente indicó la posibilidad de que estuviera en Skanska

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17/05/07

El presidente Néstor Kirchner incluyó en el decreto de remoción de Fulvio Madaro y Néstor Ulloa los dichos del fiscal Stornelli al ministro del Interior, Aníbal Fernández, durante una conversación que mantuvieron ayer, en la cual el funcionario judicial le anticipó la citación de los desplazados.

El decreto 539/07 publicado hoy en el Boletín Oficial afirma en uno de sus considerandos que "en el día de la fecha, en comunicación telefónica con el señor Ministro del Interior el señor Fiscal Dr. Carlos Ernesto Stornelli, tras manifestarle "que colaboraría con la campaña de Scioli" le expuso además "me los llevo puestos a Madaro y a Ulloa" (en la causa mencionada) "en virtud de una grabación que había escuchado".

Esto deja al descubierto el débil comportamiento de un fiscal y podría quitar del medio al propio Stornelli en esta causa. También perjudica al vicepresidente y candidato a gobernador bonaerense, Daniel Scioli.

En la norma, se fundamenta el desplazamiento de los funcionarios en el marco del Caso Skanska, al señalar que el Gobierno está convencido de que el actual es "el turno del cambio cultural y moral que demanda el país".

Además, se afirma que se busca "producir ese cambio para reconciliar a la política, a las instituciones, con la sociedad".

"Entendemos que la calidad institucional supone el pleno apego a las normas sin permitir la subsistencia de ámbitos de impunidad, en una Argentinja que por momentos ha aparecido ante el mundo como un lugar donde la violación de las leyes no tiene castigo legal ni social".

Para el Ejecutivo, ese "cambio supone también darle importancia al hecho de respetar en valor de la palabra".

Se recuerda además que el Gobierno, a través del presidente Néstor Kirchner afirmó "públicamente que en el caso conocido como Skanska (por el nombre de una empresa de origen sueco involucrada) si se conociere el nombre de un funcionario que pudiere estar involucrado no dudaría un minuto más en la función".

La norma sostiene que la "sola circunstancia" de la revelación de Stornelli a Fernández "aún con el riesgo de involucrar a inocentes amerita ordenar la inmediata separación de aquellos aludidos".

Se indicó que así se busca "permitir la plena libertad de la acción de la justicia sino también para impedir cualquier interpretación antojadiza de la actitud del gobierno en este punto".

En la norma, que lleva la firma del presidente Kirchner, del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se dispone desplazar de su cargo a Ulloa y se instruye a la ministra de Economía, Felisa Miceli, para que disponga "el inmediato cese" en sus funciones de Ulloa.

El fiscal Stornelli viene siendo mencionado como uno de los hombres de referencia de Scioli -quien se postula para la Gobernación bonaerense- en materia de seguridad.

Fuentes cercanas al fiscal federal revelaron que antes de esa comunicación telefónica el Gobierno le había enviado a su despacho del quinto piso de los tribunales de Comodoro Py un emisario para sondear los próximos pasos de la causa por el affaire Skanska.

Las fuentes consultadas señalaron, en la misma línea, que la emisaria oficial fue la titular del PAMI, Graciela Ocaña, quien se presentó ante Stornelli como una enviada "del jefe de Gabinete" Fernández.

Tras esa visita, Stornelli levantó el teléfono y se comunicó con Aníbal Fernández, a quien "avisó" sobre la citación por la causa Skanska de los funcionarios -ahora desplazados- Madaro y Ulloa.

 

 

Fernández apoyó a De Vido

 

Dijo que "no está en ninguna situación particular" por el caso Skanska y que es "un ministro de primer nivel"

17/05/07

Luego de que el presidente Néstor Kirchner decidiera echar a dos hombres del Ministerio de Planificación, involucrados en el caso Skanska, el Gobierno salió a despegar al titular de la cartera de las acusaciones.

El encargado de hacerlo fue el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien aseguró que Julio De Vido no se encuentra "en ninguna situación particular" tras el desplazamiento del titular del Enargas, Fulvio Madaro y del gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa.

Además, le dedicó fuertes elogios: "es un funcionario de primer nivel y tiene que tomar las decisiones que corresponden", halagó.

Añadió que si los funcionarios cuestionados pr la Justicia dependieran de su ministerio, él "tomaría la misma decisión".

De todas maneras, la decisión de echar a Madaro y Ulloa fue del presidente Néstor Kirchner, que formalizó la determinación a través de un decreto.

Por otra parte, el ministro del Interior defendió la determinación de separar a los funcionarios antes de que actúe la Justicia.

"Es cierto que el Gobierno debiera sostener a sus funcionarios hasta que se demuestre lo contrario", admitió el ministro en alusión a la presunta responsabilidad de Fulvio Madaro, titular del Enargas y de Néstor Ulloa, gerente de Nación Fideicomisos respecto de las coimas presuntamente pagadas al Gobierno para la construcción de los gasoductos del Norte y del Sur.

Pero, en seguida, explicó los motivos de la decisión presidencial que se formalizó anoche a través de un decreto: "ocurre que en este país se han cometido desmanes feroces a partir de que los funcionarios se han amparado en sus cargos", justificó

 

"Si hay dudas, el Estado no puede amparar funcionarios"

 

Aníbal Fernández salió a defender la decisión de echar a los funcionarios citados a declarar en el caso Skanska, pero volvió a hablar de "corrupción entre privados"

 

17/05/07

Aunque reividicó la postura del Gobierno de que en Skanska hubo "corrupción entre privados", el ministro del Interior, Aníbal Fernández, defendió la decisión de echar a dos funcionarios que fueron citados a declarar en el marco del denominado caso Skanska.

Fernández dijo que la determinación se debió a que "no se puede desde el Estado amparar" a alguien que está siendo investigado.

"El Presidente no ha hecho otra cosa que cumplir con lo que se había comprometido", sostuvo Fernández, al defender la decisión oficial de separar de sus cargos a Fulvio Madaro, hasta ayer titular del ENARGAS, y Néstor Ulloa, gerente de Fideicomisos del
Banco Nación.

Recordó al respecto que el presidente Néstor Kirchner había señalado que si había funcionarios que pudieran estar involucrados en un caso de coimas, los echaría.

Fernández aclaró que el Presidente "no está juzgando a los funcionarios, porque aún no han sido juzgados por el poder jurisdiccional".

"Lo que está diciendo el Presidente es que si hay alguna duda, no puede el Estado amparar como lo ha hecho históricamente a un funcionario o permitir que el funcionario pida una eximición de prisión como se ve en otras jurisdicciones, porque entonces sí
habría una suerte de posible encubrimiento por parte del Estado o de fortalecimiento del funcionario para que no dé las explicaciones que tenga que dar", señaló el ministro.

Ratificó de todos modos la versión inicial del Gobierno en cuanto a que el caso Skanska involucraría presuntos pagos indebidos "entre privados".

Fernández pidió además "no ejecutar" a los funcionarios echados y aseguró que si la Justicia determina que Madaro y Ulloa son inocentes, se los reivindicará

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