¿El terrorista bueno?
Hoy se cumplen dos años desde que la República
Bolivariana de Venezuela presentó al gobierno de Estados
Unidos la solicitud para la extradición de Luis Posada
Carriles, un prófugo de la justicia en Venezuela, encausado
por 73 cargos de homicidio en primer grado en la voladura de
un avión de pasajeros.
En vez de extraditar a Posada Carriles, la Casa Blanca ha
hecho todo lo posible para ampararlo en Estados Unidos.
Mientras la solicitud de extradición sigue desatendida en
una gaveta del Departamento de Justicia, el gobierno ha
iniciado dos trámites migratorios diseñados para desviar la
atención de la extradición.
El gobierno encausó al terrorista por siete cargos de fraude
migratorio por haberle mentido a funcionarios de Inmigración
en relación con la manera en que ingresó al país en marzo de
2005. Aunque Posada admitió haber ingresado ilegalmente al
país, alegó en varias ocasiones que había cruzado la
frontera con México sin haber recibido ayuda alguna de sus
colaboradores de Miami, los ciudadanos de origen cubano
Santiago Alvarez y Osvaldo Mitat. Estados Unidos tiene un
testigo, Gilberto Abascal, que formó parte de la tripulación
de la embarcación camaronera El Santrina junto a
Alvarez y Mitat. De acuerdo con el testigo, ellos recogieron
a Posada en Yucatán en El Santrina y lo ayudaron a
ingresar ilegalmente a Florida.
La juez federal Kathleen Cardone desestimó los cargos el 8
de mayo. El dictamen de 38 páginas es una severa reprimenda
al Departamento de Justicia. La juez consideró la actitud
gubernamental como "impropia e ilegal", y aseveró que el
gobierno cometió "fraude, engaño e hizo trampa" y que estas
tácticas son "groseramente chocantes y tan indignantes que
violan el sentido universal de la justicia, por eso el
tribunal no tiene otra opción que desestimar las causas".
Afirmó en su dictamen que "la determinación de certificar o
no a un individuo como terrorista está dentro de la potestad
del Ejecutivo (Casa Blanca), no con este tribunal". Y
añadió: "Este tribunal no va a hacerse de la vista gorda con
la mala conducta del gobierno, simplemente porque el acusado
es una papa caliente política. A esta corte le incumbe, no
la política, sino la preservación de la justicia penal."
A pesar de esto, la fiscalía apeló del fallo el 5 de junio.
Saben que, aun cuando se revoque la decisión de la juez,
Posada Carriles saldría en libertad. El propósito de esta
pirueta legal no es hacer justicia sino prolongar la
apariencia de estar procesando a Posada por algún delito,
pues una apelación puede durar varios meses.
La Casa Blanca viene demorando el proceso, tratando de
confundir al público y amparando al terrorista desde que
éste desembarcó de El Santrina en Florida en marzo
de 2005. Nuestra embajada en Washington pidió la detención
del terrorista el 10 de mayo de 2005. Pocos días después, el
17 de mayo, el mismo día en que agentes federales finalmente
arrestan a Posada en Miami, un vocero del Departamento de
Seguridad afirmó que Estados Unidos no tenía la más mínima
intención de enviar a Posada ni a Cuba ni a "un país que
actúe a favor de Cuba". Es decir, ni a Cuba ni a Venezuela.
Para tratar de bloquear la extradición de Posada a
Venezuela, el Departamento de Seguridad indujo a un juez de
inmigración, William Abbott, a que dictaminara en favor de
una protección para Posada, con el supuesto de que sería
torturado por agentes cubanos en Caracas.
El juez acreditó el testimonio del único testigo que Posada
presentó, Joaquín Chaffardet. Pero si el fiscal lo hubiera
contrainterrogado, el juez se hubiera enterado de que
Chaffardet había sido colega de Posada en la DISIP (el
servicio de inteligencia venezolano) en la década de los
años 70. Que, además, era socio de Posada en ICICA (la
empresa de inteligencia que Posada dirigía en Caracas a
partir de 1973), y el abogado de Posada en Venezuela. Sin
embargo, el fiscal decidió no cuestionar al "testigo", y así
logró que un juez de inmigración declarara lo que el propio
vocero del Departamento de Seguridad había anunciado el día
en que arrestó a Posada. No deportarlo a Cuba, o a
Venezuela.
El resultado concreto es que se protege a un terrorista. No
existe otra forma de calificar la conducta del gobierno de
Estados Unidos después de estos dos años de inacción. Sin
embargo, Venezuela sigue firme. El 14 de junio hemos vuelto
a ratificar nuestra solicitud de detención preventiva con
fines de extradición. La ley obliga a Washington a
extraditarlo o a procesarlo en territorio estadunidense por
la voladura del avión. La memoria de las víctimas y el dolor
de los familiares exigen que se haga justicia por el
asesinato a sangre fría de 73 pasajeros hace más de 30 años.
El doble rasero con el cual la Casa Blanca combate el
terrorismo es insostenible. No hay terroristas buenos y
terroristas malos. Todos los terroristas deben ser
procesados, para que rindan cuentas por los crímenes que han
cometido.
* Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en
Estados Unidos.
