“Los habitantes de la República Argentina somos todos corruptos”.

La frase parece un poco fuerte, pero si la realidad que nos circunda informa que los funcionarios públicos nunca jamás son “corruptos”, que ellos siempre dicen la verdad, que se comportan conforme lo establecen los reglamentos, que nunca actúan de forma ilegal y que dan fiel cumplimiento a sus deberes, entonces al existir la “corrupción” seremos nosotros los causantes y los beneficiarios de ella.

Es un silogismo muy sencillo:

·        En la República Argentina existe “corrupción”

·        Los funcionarios públicos no son “corruptos”

·        Por tanto, los que no son funcionarios públicos son “corruptos”

Resulta, de todas maneras, bastante difícil de creerlo porque de verificarse ello nosotros tendríamos el goce de las fortunas, patrimonios, nivel de vida y prerrogativas que tienen los funcionarios y los políticos.

Determinados hechos y situaciones revelan que cada vez que se escapa alguna información del enclave de los poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- estamos frente a circunstancias muy poco transparentes, y por lo tanto que puedan ser presumidas y sostenidas como lícitas.

Que una ministro del Poder Ejecutivo Nacional tenga una fortuna, líquida en dinero de curso legal y divisas extranjeras, escondida en el placard del baño privado de su despacho parece, prima facie, algo bastante insólito. El hecho de habernos enterado por un artículo periodístico que lo denunció, que después de un mes de descubierto fue reconocido públicamente por el Ministerio y la Policía Federal, que lo tenencia de dicha cantidad de dinero resulta injustificable a partir de los propios ingresos de la “afortunada funcionaria” y de su polifuncional concubino nos lleva a concluir que algo no está en orden. Ni siquiera tiene la dignidad de hacer alguna declaración al respecto. ¿Quién nos informará que no hubo corrupción?

Que en las empresas dedicadas a la construcción de los gasoductos aparezcan pagos de coimas por decenas de millones de pesos, que se han realizado cientos de facturaciones “truchas” millonarias, que la obra es contratada, fiscalizada y financiada por el Estado, que existan tantas relaciones entre funcionarios públicos de diferentes áreas en la confabulación de la cuestión, que los funcionarios involucrados posean bienes y propiedad que no resistan la más mínima justificante y que la justicia nos siga demostrando que su lentitud cómplice es funcional al sistema y permita armar coartadas es otro problema. ¿Quién nos informará que no hubo corrupción?

Que mientras Argentina padece de una crisis energética alarmante, consecuencia de políticas públicas de entrega indiscriminada de los recursos petrolíferos y gasíficos al capital privado nacional e internacional, una provincia extienda por 40 años la concesión de sus principales yacimientos, que los beneficiarios son los mismos que lo han sido bajo gobiernos de facto genocidas y gobiernos democráticos y que además todo se realice de forma inconsulta y sin la transparencia institucional necesaria es por demás de sugestivo. ¿Quién nos informará que no hubo corrupción?

Que desposeídos personajes “arrimados” al funcionariato hoy sean poseedores de millonarias fortunas, empresas, medios de comunicación y de un poder económico inmensurable, que se manejen a través de terceros prestanombres y encubridores, que aún a pesar de las denuncias no existe en el ámbito judicial ningún tipo de investigación y que sean los más favorecidos con los fondos públicos es, al menos, insultante. ¿Quién nos informará que no hubo corrupción?

Que en todos los niveles de las legislaturas de Argentina se sancionen leyes y ordenanzas que benefician a unos pocos, que son legisladas a la medida de las necesidades de quienes solamente se proponen usufructuar de los fondos y bienes públicos, que se distribuyan las tierras fiscales de forma arbitraria, que tienen en mira únicamente otorgar beneficios sectoriales y particulares nos debe preocupar profundamente. ¿Quién nos informará que no hubo corrupción?

Que un grupúsculo de personajes, devenidas y devenidos en políticos, armen estructuras partidarias sostenidas únicamente por la propaganda y la publicidad, que posean medios económicos para el traslado de miles de personas y para armado de actos públicos con todo el circo necesario para demostrar -al menos- lo popular del hecho y que los avisos publicitarios en cualquier sitio y medio imaginables -que sabemos requieren de una millonaria financiación- nos hablen en nombre de una representación nacida de su propia imaginación es la cosa común en los últimos tiempos. ¿Quién nos informará que no hubo corrupción?

Bastaría solamente analizar cada una de las cuestiones públicas para encontrarnos con infinidad de ejemplos sobre la falta de transparencia, dignidad y moralidad que tienen aquellos que nos representan, legislan y administran justicia. Esos mismos que nosotros hemos puesto, acomodado y perpetuado en los sitios estratégicos de la conducción de nuestro presente y futuro. O sea en el mismísimo Poder.

Pera sabemos -aunque ellos se hagan los desentendidos- que existen, y están bien tipificadas, las figuras penales de usurpación de autoridad, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios, prevaricato, denegación y retardo de justicia, encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, falsificación de documentos, etc., etc., etc. Cada uno de esos delitos tiene establecidas las penas correspondientes para reprimirlos. Los tribunales tienen las normas prácticas y procesales para actuar conforme a derecho.

Para que el silogismo enunciado al comienzo no tenga validez necesitamos de la actuación urgente de la justicia argentina. Si ella no hace lo que está obligada a hacer ante las denuncias presentadas, o las hechas públicas debiendo actuar de oficio no tenemos más remedio que sentirnos nosotros como los “corruptos”, más allá que sabemos quienes  son los “corruptos”. Porque la soberbia, indignidad, inmoralidad y autoritarismo que los políticos y funcionarios llevan encima no les permite ni siquiera disimular ni ocultar nada. Se sienten y actúan como si estuvieran más allá del bien y del mal.

Será entonces posible desestimar la frase: “Los habitantes de la República Argentina somos todos corruptos” cuando las investigaciones y sentencias judiciales determinen y demuestren quienes son los “corruptos”. Salvo, claro está, que sean los propios fiscales y jueces los que permitan con su ineficacia, inactividad y complacencia que lo sigamos pensando de todos y aún de ellos mismos.

6 de julio del 2007