El país más rico del
mundo tiene uno de los sistemas de salud más injusto del
planeta. De hecho, 42 millones de personas se encuentran
sin cobertura de ningún tipo. Y muchos de los que sí la
poseen padecen innumerables complicaciones que se
transforman en equivalentes a no tenerla.
Los tratamientos más complejos, los médicos formados en
las mejores universidades y los avances de la
investigación científica, la mayoría de las veces aparecen
ligados a los Estados Unidos. Las sumas de dinero que se
destinan a lo que en general podemos denominar "sistema de
salud" son también impresionantes. Sin embargo, los
grandes avances tecnológicos en materia de medicina vienen
de la mano con precios y costos tan elevados que se
transforman en inaccesibles para extensas capas de la
población.
¿Cómo es el sistema de salud en
los Estados Unidos?
El sistema de salud
norteamericano se divide, como en muchos países, entre los
sectores privados y públicos. Pero su particularidad es
que, en su mayoría, los servicios los provee el sector
privado. La financiación del servicio es efectuada
directamente por el beneficiario -paciente- que lo abona
en forma privada o, más comúnmente, por medio de una
tercera entidad, normalmente su empleador, la que se
encarga de la realización de los pagos a los que brindan
el servicio.
El "corazón" del sistema está constituido por la cobertura
brindada por el sector privado. El 70% de la población
estadounidense está bajo la cobertura de seguros de salud
privados. La cobertura privada se lleva a cabo, en su
mayoría, mediante el empleo. Tener un puesto de trabajo es
la puerta para tener servicio médico asegurado. En muchas
empresas se negocia esto en forma casi tan importante como
se discuten los montos salariales. Perder el empleo, por
contrapartida, significa quedarse sin cobertura y tener
que abonar individualmente montos horrorosamente elevados.
En el caso de la cobertura del servicio de salud pública,
existen dos grandes programas de cobertura masiva:
Medicare y Medicaid. El Medicare asiste a todos los
ciudadanos mayores de 65 años y a aquellos que sufren
discapacidades. Se trata del seguro de salud más grande de
la nación, cubriendo las necesidades de aproximadamente 39
millones de personas. El otro sistema es el Medicaid, cuyo
objetivo es supuestamente brindar seguro médico a la
población carenciada, que no tiene acceso a otro sistema
de salud. Este programa proporciona cobertura a
aproximadamente 36 millones de personas. Su déficit
principal es la existencia de millones que, sin calificar
en estas categorías de "carenciados" no tienen sin embargo
cobertura ni capacidad financiera de afrontar los costos
privados del sistema.
La falta de cobertura universal
y los debates políticos
El mayor problema que afronta el
sistema médico en Estados Unidos es, entonces, la falta de
una cobertura universal para todos sus ciudadanos. Son
alrededor de 42 millones (14% de la población
aproximadamente) quienes no pueden acceder a ningún seguro
de salud (ni siquiera el Medicaid), posicionando al país
como el único entre los países desarrollados que no brinda
cobertura a todos sus ciudadanos. Esto es un punto central
a la hora de debatir sobre reformas para mejorar el
sistema sanitario y el acceso a él. Hay estadísticas de
todo tipo, a todos los niveles, que muestran como la gente
de bajos recursos, o de las minorías raciales se
encuentran entre los de mayor riesgo en enfermedades tales
como el cáncer, o incluso en la drogadicción o
alcoholismo. Estos grupos sociales, que son quienes más
expuestos están, reciben la peor asistencia en cuanto a
salud, debido a su imposibilidad de afrontar los
astronómicos gastos de la cobertura privada, y a lo
limitada de la pública. El hecho de que la salud sea un
derech
o inalienable de todos los ciudadanos, según lo afirma la
Organización Mundial de la Salud, parece ser letra muerta
en los Estados Unidos.
En los últimos 15 años hubo dos intentos de modificar de
raíz el sistema, ampliando el criterio de
universalización. El primero fue el proyecto de 1993,
acaudillado por Hillary Clinton, entonces primera dama
(era la época de la presidencia de Bill Clinton). Se
enfrentó a fuertes resistencias, incluso dentro del
gobernante Partido Demócrata y no prosperó. El segundo
está actualmente en debate, promovido por el actual
presidente Barack Obama.
En general los cuestionamientos se realizan desde dos
argumentaciones. La más importante es la "fiscal". Se
señala que un programa de universalización de la salud
pública tendría un costo exorbitante, de aproximadamente
un billón de dólares, insostenible para el Tesoro
norteamericano. Si bien esto es cierto, hay un monto
similar de ahorros que podrían obtenerse por la
eliminación de programas superpuestos capaces de ser
integrados en el nuevo proyecto, por lo que al final los
montos serían similares a lo que hoy el Estado
estadounidense gasta en salud pública. El otro argumento
de los opositores puede catalogarse de "ideológico".
Sostiene que un sistema de universalización de la salud
pública pondría en peligro la "libertad de elegir de los
ciudadanos", llegándose en algunos extremos a tildar la
propuesta de Obama de "socialista". Es una posición que se
enraiza en lo más reaccionario del "Estados Unidos
profundo", racista y elitista. Por supuesto que ambas
argumentaciones se encuentran fuertemente mezcladas, como
es común en la política norteamericana, con los lobbys que
realizan distintas corporaciones (de medicina privada,
aseguradoras o laboratorios), que son de hecho quienes
motorizan las críticas.
Obama retrocede ante el chantaje
de los lobbies
Es evidente que el sistema
estadounidense está muy lejos de alcanzar los principios
de universalidad e integridad. En Estados Unidos la salud
es claramente un negocio y no respeta ninguno de las
recomendaciones básicas de la Organización Mundial de la
Salud, manejándose con las bases del más salvaje libre
comercio.
De acuerdo a informes realizados por este organismo, un
sistema médico debe cumplir con tres requisitos básicos:
mejorar la salud de los ciudadanos, satisfacer las
expectativas de la gente a la que brindan el servicio y
proveer a sus ciudadanos de una protección financiera
contra los costos exorbitantes. Varios países
desarrollados (Canadá o Suecia, por ejemplo) e incluso
algunos de los subdesarrollados (el caso más destacado es
Cuba) han logrado, en base al respeto a estos principios y
a la garantía de cobertura universal, tener sistemas de
salud de alto nivel por solo una fracción de los costos
estadounidenses, que quedó relegado, también según la OMS,
al puesto 37 en un ranking de 191 países con respecto a la
calidad de su sistema sanitario. Es evidente que la
reversión de estos resultados, yendo hacia un sistema más
"público", con garantía de cobertura universal, resulta
fundamental. Desde esta perspectiva, es preocupante que el
proyecto de Obama, que recordemos fue una de las banderas
centrales de su campaña electoral, cada día retroceda más
en aras del "realismo" de lograr los votos republicanos y
la propia derecha del Partido Demócrata. Ya incluso se
sostiene que el nuevo sistema "no necesariamente" deberá
tener una parte pública para garantizar la cobertura
universal. Daría la impresión que los lobbys de las
aseguradoras, empresas médicas y laboratorios otra vez,
como pasó en 1993, van a ganar a costa de la salud de los
sectores más desprotegidos de la sociedad norteamericana.
José Castillo, economista.
Profesor de Economía Política y Sociología Política en la
UBA. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).