El próximo 27 de mayo en Venezuela arderá Troya. No porque vaya a haber un golpe de estado o cosa parecida (aunque un sector agite con ese objetivo), sino por algo más sencillo, lo que lo hace más incomprensible: Ese día finalizará la concesión a RCTV (Radio Caracas Televisión) nacida hace 20 años.

Esa medida legal, que ha sido aplicada decenas de veces en Europa, Estados Unidos, Canadá y América latina desde 1969, sin haber provocado una campaña internacional, esta vez tiene en Venezuela un escenario de confrontación, como si se tratara de la expropiación del canal.

RCTV se constituyó en una suerte de 'frente suprapartidario' sucedáneo, entre 2001 y enero de 2003, y desde entonces ha cumplido ese rol a falta de partidos capitalistas fuertes.

Sin la actuación de los medios opositores, especialmente de RCTV, el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 no habría tenido reproducción social masiva y menos legitimación pública. En ese sentido fueron protagonistas de los sucesos, lo que les imputa un grado de responsabilidad mayor en la sangre derramada esos tres aciagos días. En otra proporción, pero con el mismo contenido de responsabilidad, RCTV y los otros canales opositores, tuvieron un rol criminal, como el que denunció Koffi Annan, hace dos semanas en Ottawa, refiriéndose al genocidio de Rwanda. Allí dijo: 'Los medios de comunicación en Rwanda fueron usados para diseminar odio, para desmoralizar la gente y más aún para guiar a los genocidas hacia sus víctimas'.

Si sustituyéramos la cantidad de muertos (casi un millón en Rwanda-Burundi) y el lugar de los hechos, esta acusación le cabría en perfección de jurisprudencia a los dueños de Radio Caracas Televisión, Venevisión, Globovisión y otros medios venezolanos durante 2001, 2002 y 2003.

La burguesía venezolana quedó vaciada de fuerza entre las masas pobres y parte de la clase media, en un proceso complicado que nació en 1989 con el Caracazo, y culminó en 1998 con su desplazamiento del poder central del Estado. La derrota física que sufrieron en abril de 2002, selló su final, pero ya para ese momento los conductores de la oposición burguesa era, en forma directa, una fracción de esa misma clase. No fue una casualidad que el presidente de facto entre el 12 y el 13 de abril de 2002 fuera el al mismo tiempo, el presidente de la Cámara empresaria más fuerte del país.

Marcel Granier y Gustavo Cisneros, por Radio Caracas y VeneVisión respectivamente, ejercieron las nuevas figuras centrales en la política nacional por parte del bando capitalista. Roles que desde 1945 habían ocuparon Acción Democrática y COPEI, con figuras como el ex nacionalista Rómulo Betancourt y el socialcristiano Rafael Caldera.

Esto explica la irritación política que se percibe en Venezuela desde hace tres meses entre las clases altas y sectores de la media. Todo, porque al gobierno le dio la gana de rescindir la concesión que usufructuaba desde el 20 de septiembre de 1952 y que fuera renovada hace 20 años.

Además de la campaña internacional contra el cese de la concesión apoyada en sectores de la derecha europea, yanqui y latinoamericana, en las calles de las ciudades venezolanas se respiran tufos a conspiración. Si bien el nivel de militancia está lejos de alcanzar el de 2001, 2002 y enero de 2003, se nota una leve reactivación apoyada en sectores medios.

Un lujoso volante a tres colores, repartido por centenas de miles en Caracas el sábado 15 de abril, dice: '¡No más desempleados en Venezuela! Nuestro Apoyo total a RCTV. No al Cierre de RCTV', y la firma una tal 'Asociación Civil de Desempleados de Venezuela LA ESPERANZA'.

El cinismo es manifiesto: comienza con el costoso volante, cuyo valor en monedas podría alimentar a decenas de desempleados varios días y termina con el lagrimón vertido por 'los desempleados': Justamente ellos, los causantes de los cierres fabriles, los saboteos industriales y comerciales, las crisis financieras y quienes controlaron casi un siglo la renta petrolera. Desde comienzos de mayo, cuando se acerca la fecha del cese de la concesión, grandes cadenas comercializadoras de alimentos están desabasteciendo los supermercados y bocas de expendio.

El caso de RCTV y otros canales en Venezuela retomó, mutatis mutandi, el camino original de la prensa (y los medios de información) en sus momentos inaugurales de los siglos XVII, XVIII y XIX, cuando la burguesía, como clase en ascenso y progresista, se representaba a sí misma en forma directa. Sus periódicos, tanto como sus parlamentarios, escritores y partidos, constituían herramientas de acción sin otra mediación que la acción misma.

Pero con RCTV hay una 'pequeñita' diferencia: representan lo opuesto que sus choznos de clase, porque aspiran devolver a la nación venezolana y a sus trabajadores a las condiciones anteriores de dependencia, sometimiento al Departamento de Estado, y niveles de explotación y control social, donde los medios 'del espacio radioeléctrico' fueron fundamentales como formadores de la opinión pública que sostuvo aquella realidad.

Karl Marx decía que 'entre dos derechos iguales la única solución es la guerra'. Los dueños de RCTV dicen, con razón, que ellos se han puesto a derecho (con el fisco al que no le pagaban impuestos, pero nunca lo dijeron) y con la Ley Resorte que rige las concesiones televisivas en Venezuela.

Pero Granier y sus socios olvidan que ellos iniciaron una especie de 'guerra' en abril de 2002 con su golpe de Estado, sus muertos, sus campañas negras y sus desastres. Esa guerra ha tenido varios escenarios y etapas y cualquiera que sepa algo de historia política sabe que no parará hasta un desenlace definitivo.

El cese de la concesión al canal 2 (RCTV) es una potestad tan legal del gobierno, como la de Granier a pedir que se la prorroguen 20 años más. El asunto es que entre los dos derechos media una guerra sorda (aunque no muda) entre la clase y el imperio que representa RCTV y el pueblo venezolano y el gobierno bolivariano

Acaba de aparecer en Caracas, la edición del 'Libro Blanco sobre RCTV', una investigación de 362 páginas que se alza en libelo de incriminación de las tropelías que ha realizado la empresa Radio Caracas Televisión (RCTV), cuya concesión de 20 años expira el próximo 27 de mayo y no será renovada.

Son ocho capítulos en los que se puede leer y verificar en forma documental la particular historia de la concentración de los medios en Venezuela, que siguiendo la tendencia de todo país dependiente de algún Estado imperialista, dejó en dos o tres dueños el control del llamado 'Espacio radioeléctrico nacional' desde comienzos del siglo XX. Uno de esos dos 'dueños', el segundo, es (fue) RCTV; un grupo empresario nacido en 1920, ligado al negocio del entertaiment y el periodismo radiotelevisivo en 1930 y conformado por una de las familias burguesas más viejas, corruptas y sólidas del país: los Phels.

En el caso de Venezuela, dos grupos capitalistas, RCTV y Venevisión, manejan el 78% de las estaciones de televisión (VHF), el 82% de las estaciones conocidas como de la 'banda UHF' y el 75% de los ingresos brutos facturados. El acusado 'estado totalitario' de la República Bolivariana no cuenta, hasta el próximo 27 de mayo, con más del 7% de las estaciones y el 2% de la facturación (todo a diciembre de 2006). (Libro Blanco sobre RCTV, Caracas, marzo 2007, Cap. I, II, VI)

Un capítulo especial relata el contradictorio régimen de concesiones de casi 100 años, que habiendo sido protectivo en la letra, dejaba en manos de los empresarios el control de las concesiones del espacio radioeléctrico, la facturación publicitaria de Estado, el negocio del papel, el comercio de la producción de contenidos y los cargos de Ministro de comunicaciones y Director de los entes de control.

Esa vieja práctica fue intentada de nuevo en 1998 cuando ganó la presidencia el movimiento bolivariano. El grupo económico del diario El Nacional le propuso al presidente Chávez un canje: lobby a su favor en Estados Unidos y la Unión Europea (donde Chávez era mal visto), a cambio del Ministerio de Comunicaciones y la gobernación de la Isla de Margarita. El mismo propósito tuvo Fedecámaras con el Ministerio de Economía y el Banco Central.

Cuatro capítulos detallan los manejos fraudulentos que tuvieron los dueños del canal desde 1952 en sus obligaciones con el Estado, en tres segmentos clave: las corruptas relaciones con los gobiernos de AD y COPEI, la monopolización y las deudas al fisco. Dos capítulos muestran el poder que tuvo RCTV para importar y producir contenidos con efectos nocivos en la salud de los niños y adolescentes, razón por la cual fue sancionada en varias oportunidades por gobiernos anteriores al de Chávez. El último capítulo registra las opiniones de importantes ONG europeas y norteamericanas sobre la conducta conspirativa de RCTV y los medios comerciales venezolanos.

El cese de la concesión es un hecho administrativo en su forma pues se basa en una prerrogativa de Estado, establecida en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (año 2000) y por el derecho de discreción que le confiere la Constitución Bolivariana al Ejecutivo para dar, prorrogar, cesar o derogar concesiones del espacio radioeléctrico.

Esta formalidad legal, que ajusta a derecho lo que hace el Estado venezolano, se asienta en razones políticas que a veces se dicen y a veces no.

El tipo de Estado burgués del siglo XX diseñó formas de ejercer la política donde lo mejor es no decir todo lo que se hace y hacer mucho de lo que se niega que se hace. ¿Acaso los gobiernos venezolanos anteriores al de Chávez informaron de las razones que llevaron a los grandes negociados y nombramientos de ministros puestos por los grupos y cámaras empresarias?

Este modo de aplicar políticas públicas le permitió establecer una fantasía democrática: hacerle creer al pueblo que todo lo que se hace es legal e igualitario, cuando en realidad todo o casi todo se negocia a trastienda con los grupos capitalistas, y luego se dice lo necesario, cuando no lo indispensable, y si se puede, nada. Esto ha sido así antes de que Chávez fuera engendrado.

El gobierno venezolano tiene derecho a usar sus poderes discrecionales de orden político para ejercer el derecho a cortarle la concesión a RCTV, un medio anti democrático, proyanqui, golpista y causante de muertes civiles en 2002, con similar responsabilidad que los medios de Rwanda en el genocidio de ese país africano.

El problema no radica en castigar a un medio golpista cuya conducta anti periodística ha sido cuestionada por parlamentos europeos y latinoamericanos, organismos independientes como el CPJ (Comité to Protect Journalist) y del propio imperialismo como el COHA (Consejo de Asuntos Hemisféricos Americanos)

Problema sería si el gobierno de Chávez usa un criterio similar (el poder discrecional del Estado) para cercenar el derecho de información, de publicación, difusión y organización, de los movimientos sociales, sindicalistas, políticos o intelectuales críticos dentro del movimiento bolivariano. En este aspecto se han visto casos aislados de censura que constituyen graves errores, pero no hay signos de que funcione un sistema de represión contra los más de 300 medios comunitarios, que incluye radio, televisión y otros formatos de expresión. El más conocido caso de censura hasta ahora fue el acto gubernamental apoyado por Chávez que sacó del aire el programa de alto rating del respetado periodista Walter Martínez.

El cese de la concesión a RCTV adquirió un denso contenido político por tratarse del medio insignia del golpismo venezolano. En las oficinas de sus dueños se planificaron buena parte de las estrategias y acciones de los días previos al golpe del 11 de abril de 2002, y sobre todo, la 'Operación Miraflores', como la llamó Marcel Granier, el presidente del canal cesanteado.

Con este nombre se accionó el plan de convertir una marcha opositora en un golpe de estado el día 11 de abril. Y lo lograron. Marcel Granier fue uno de sus arquitectos desde el comando central de Radio Caracas Televisión, donde se monitoreó toda la operación mediática para legitimar ficcionalmente la asonada.

Lo llamativo del 'Libro Blanco' es que debe ser un caso inédito en la historia de las relaciones entre el Estado y los medios en Latinoamérica. Se trata de un expediente acusatorio donde el cuestionado es el medio (supuestamente democrático) y no el gobierno (supuestamente arbitrario). Normalmente ha sido al revés.

América latina tiene memoria de varios 'libros' de este tipo, pero casi siempre aparecieron tras la derrota (o caída) de dictaduras o regímenes muy autoritarios, surgidos en la mayoría de los casos de golpes de Estado.

Un detalle curioso, que quizá contenga la novedad del caso venezolano y de los tiempos que corren, es que este libro sobre RCTV haya sido definido como 'Blanco', y no, como sus similares anteriores, que tuvieron por apellido 'negro'.

Dos razones quizá lo expliquen: que surja de un gobierno nacionalista anti yanqui contra un medio proyanqui, y, al mismo tiempo, que refleje la cultura mestiza Caribe donde la palabra 'negro' ya no es sinónimo de 'malo', 'feo' o 'peligroso', como se encargó de instalar desde 1952 Radio Caracas Televisión. Es algo parecido a lo que ocurre con el vocablo 'indio', que ya no designa lo mismo que antes en Bolivia, Ecuador y Perú, donde grandes procesos sociales redignificaron la palabra.

Se conoció el 'Libro negro de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez' en la propia Venezuela, pero también el 'Libro Negro del Trujillato' en el caso de la República Dominicana y así en otros lados: Cuba 1959, Nicaragua 1979, Perú 1955. En estos eventos funcionaron como actas de acusación contra regímenes dictatoriales asesinos sostenidos por el gobierno de Estados Unidos.

Un caso atípico de 'Libro negro' fue el que se escribió contra el derrocado gobierno de Juan Domingo Perón en 1955. Hubo dos diferencias: el régimen no era dictatorial a pesar de sus rasgos autoritarios y su carácter bonapartista, y había sido definidamente anti yanqui desde su nacimiento.

Además tenía otro mérito: había favorecido a la clase trabajadora en el terreno sindical, económico y social, como ningún régimen latinoamericano de entonces (aunque al costo de imponerle un control totalitario a través de la CGT). Este poder social nuevo de la clase obrera argentina era lo que más le preocupaba a los autores del 'Libro Negro'. Las otras libertades reclamadas eran adornos argumentales para ellos.

Eso explica que el 'Libro Negro' contra Perón haya sido escrito por golpistas reaccionarios ultramontanos que luego hicieron lo mismo que denunciaron pero aumentado y multiplicado hasta el terror de Estado en 1976 y la entrega total de la nación al control de Estados Unidos. El Libro Negro contra Perón en 1955 tuvo como antecedente el 'Libro Azul' que publicó con su firma el ex embajador Braden, de Estados Unidos en Argentina, en febrero de 1946, que poco después fue contestado por el 'Libro Azul y Blanco' publicado con la firma de Juan Domingo Perón.

Este 'Libro Negro' de 1955 contra Perón es útil al caso de RCTV que se debate en Venezuela. Allí se registraron muchos abusos de poder, pero se destaca la brutal concentración del poder mediático en manos del gobierno (con el ahogo de toda la prensa opositora, a izquierda y derecha); más aún: ese poder fue puesto en las garras de un tipo con aliento nazi que fue el tristemente célebre Secretario de Prensa del gobierno peronista, Raúl Apold.

El 'Libro Blanco sobre RCTV' abre un capítulo nuevo en la historia de los libros de acusación contra la libertad de prensa. No sólo porque se trata de un gobierno que acusa a un medio, también porque ya no es 'negro' sino 'blanco', el color que designa a los malos de la película.

Dos importantes eventos, uno internacional, otro local, ocurren en Caracas en medio de rumores conspirativos, amenazas de 'guarimbas' (saboteos callejeros) y campaña demonizadora, provocados por el cese de la concesión al canal Radio Caracas TV, el próximo 27 de mayo.

El primero es la Jornada Internacional El derecho Ciudadano a Informar y estar Informado, que comenzó ayer 18 de mayo y culminará en el Teatro Teresa Carreño, con la participación de 25 figuras del periodismo, las letras y los medios de Europa, Norteamérica y América latina.

Fue convocado por el gobierno venezolano, bajo el lema 'La información no es una mercancía', para enfrentar la campaña internacional organizada por RCTV y propalada por sus medios y parlamentarios amigos en medio planeta.

Se debaten ideas en 4 mesas temáticas cuyos ejes centrales de preocupación son las relaciones entre el derecho social a la información, a informar, y la intromisión del poder económico y político a través del control de los medios de comunicación.

Gentes como el chileno Manuel Cabieses, el indo-británico Tariq Alí, los cubano Abel Prieto y Mirian Elizalde, el belga Michel Collon, el alemán Haral Neuber, el francés Ignacio Ramonet o los venezolanos Luis Brito García y Blanca Eckout, dan suficiente solidez internacional para no ser tenido en cuenta.

Su representatividad y la incuestionable reputación moral, académica y profesional de la inmensa mayoría de sus participantes, sirven de mentís a la campaña internacional pagada y propagada por RCTV y apoyada por la derecha internacional.

El segundo es la Primera Asamblea Nacional de Medios Comunitarios y Alternativos de Venezuela, que debatirá los días 19 y 20 de mayo en los salones del Palacio Federal y reunirá a más de 300 medios no comerciales y no estatales.

Aunque contará con la participación de algunos medios y reporteros amigos de América latina, tendrá una composición definida por militantes del nuevo periodismo venezolano, unos 5 mil jóvenes que se dedican desde hace 5 y 7 años, a difundir las ideas de la revolución bolivariana, debatir sus contradicciones, cuestionar a funcionarios corruptos o ineficaces, y defender lo que en Venezuela se llama 'el proceso revolucionario'. Son los constructores de una de las tres o cuatro conquistas más poderosas de la 'revolución bolivariana' hasta hoy: el desarrollo de una nueva opinión pública.

La historia social y cultural del siglo XX demostró que sin una sólida y democrática opinión pública, ninguna revolución triunfante, o proceso anti imperialista, pudo sostenerse mucho tiempo. Incluso cuando los recursos financieros permitieron democratizar un poco la renta nacional, bajando la miseria porcentualmente, como ocurrió en la mayoría de los gobiernos nacionalistas.

Sin una concientización política profunda, los procesos se debilitan, degeneran y caen. Claro, advirtiendo que no hay opinión pública en el vacío ni por fuera del enfrentamiento de clases: sólo se sostiene cuando la gente siente confianza en la economía y en la política, y en quienes la dirigen. El recuerdo de la derrota sandinista de 1989 es triste porque mostró lo contrario de lo que se debía hacer.

Las conquistas económicas y políticas parciales se evaporan si no se asientan en una cultura social nueva, revolucionaria, capaz de cualquier sacrificio para defender lo logrado. El asiento para ello depende de una combinación compleja de factores, donde una nueva opinión pública es decisiva. Por lo menos en las primeras etapas, y sobre todo cuando los procesos están poco acompañados por otros del mismo signo, como es el caso de Venezuela.

Si algo puede mostrar como mérito la llamada 'revolución bolivariana', es la democratización de la vida política y social de Venezuela. Sin este detalle sería incomprensible, entre otras cosas, el poderoso movimiento comunitario de prensa independiente –ni oficial ni comercial– que sosteniendo 'el proceso', enriquecen con las armas de la crítica, sus deformaciones heredadas y adquiridas.

Unos 320 medios que abarcan televisión, cine (con salas de cine en los barrios), radios, sitios web de consumo popular, revistas periódicas, diarios. Todos agrupados en dos organizaciones no gremiales, más bien militantes, donde se destaca la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA).

Lo novedoso en el caso venezolano es que estos medios comunitarios están construyendo una nueva opinión pública nacional. Sin que esté expreso en sus documentos, esto es lo que se debate estos días 19 y 20 en el Palacio Federal, al lado de la Jornada Internacional de Medios convocada por el gobierno de Chávez,.

Este fenómeno se puede verificar de varias maneras, la más efectiva es la percepción que se puede tener en las calles de las principales ciudades de Venezuela, donde comunidades enteras que suman millones de personas, dividen sus lecturas y audio visión radio televisiva de dos maneras:

a) alternando entre los medios comerciales tradicionales y los nuevos comunitarios y

b) rechazando cualquier sintonía que no sea 'su' medio comunitario o uno de signo contrario. O sea, están los que sólo miran (habrá que conjugarlo en pasado desde el 27 de mayo) a medios como RCTV o Venevisión y sus radios colaterales y nunca escuchan o se conectan con medios como VTV, Aporrea, Vive TV, o Radio Perola.

La conformación de la nueva opinión pública ha acompañado, casi como la sombra al cuerpo, la nueva polarización social y política, sobre todo después del gran acontecimiento: la derrota revolucionaria del golpe de abril de 2002. El 82% de los medios alternativos venezolanos se formaron desde esa fecha, como una de las lecciones de aquel acontecimiento.

En el 'Libro Blanco sobre RCTV', se registra una cuantificación de este asunto en los párrafos finales del capítulo I: 'Desde el año 2002, conforme a lo previsto en el reglamento de Medios Comunitarios y de acuerdo con datos del Informe del Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y el Ministerio del Poder Popular para la Información y la Comunicación (2006), se han habilitado 195 medios comunitarios, de los cuales 167 son radios y 28 televisoras; una población de 11.962.227 habitantes, lo que representa el 46,08 con respecto al total nacional. En cuanto a los medios impresos y digitales, se editan sistemáticamente 164 medios impresos y están activos 117 medios digitales.' (pps. 28 y 29, Caracas, marzo 2007, , 1ra Edic. Min. del Poder Popular para la Comunicación y la Información)

Los dos eventos que ocurren en Caracas estos días se complementan, pero vistos en la perspectiva de los próximos enfrentamientos dentro del país, la Primera Asamblea Nacional de los Medios Comunitarios adquiere un carácter menos transitorio que el otro, aunque la Jornada Internacional le brinda cobertura externa.

Este rol de los medios alternativos se mide no sólo por lo que representaron en la defensa del proceso en 2002 y 2003, cuando fueron pieza insustituible en la defensa de las conquistas, incluida la institución presidencial; también porque en Venezuela los medios comunitarios, por su conformación y dinámica, se colocan en el centro de la escena política como protagonistas cada vez que el enemigo ataca: son mucho más que informadores.

Sin ellos, los medios oficiales (incluido TEVES, el sustituto de RCTV desde el 27 de mayo a las 12 de la noche) quedarían sin sostén militante, sin red independiente, sin estructura autónoma para deslizarse por las fisuras del poder enemigo y transmitir/organizar la opinión pública bolivariana para transformarla en acción.

Quiero comentar tres aspectos resaltados por tres ponentes durante los tres días de debate y explicaciones, durante las "Jornadas sobre el Derecho a Informar y estar Informado", asunto ocurrido en Caracas los días 19 y 20 de mayo, convocadas por la emisora Telesur.

Partiendo del hecho de que las distintas mesas de este encuentro, lo mismo que las discusiones de la Primera Asamblea Nacional de Medio Comunitarios, ocurrida en la misma ciudad en las mismas fechas, tratan del mismo problema –relaciones entre el poder, los medios y el derecho democrático a informar y ser informado–, vale la pertinencia de las tres declaraciones que comentaré. Lo que dijeron Tristan Bauer, Yuri Pimentel y Danny Glover.

Sendas jornadas se realizan en el Teatro Teresa Carreño y en el Palacio Federal en forma simultánea y correspondiente, donde se abordaron los siguientes temas: "Impunidad y poder de los grandes emporios de la comunicación", "La responsabilidad de los Estados", "El uso del espacio radioeléctrico como bien público", "La propiedad social de los medios", la relación de los medios llamados alternativos y los nuevos organismos de poder popular en Venezuela, y las alternativas a la situación actual.

El ponente que llevó el dilema (o trilema: Medios, Poder Político, Poder Popular) hasta sus últimas consecuencias fue Yuri Pimentel, un joven político venezolano emergido en los años 80, que hoy ocupa el cargo de Vicepresidente del canal Telesur. Este hecho, tener una responsabilidad en un gobierno como el bolivariano, aumenta la importancia de lo que dijo.

Este es el centro de la cuestión. Las derivaciones conceptuales y políticas de esas declaraciones nos conducen a asuntos candentes de estrategia, principios y táctica en la actual realidad de América latina, donde Venezuela es centro de confrontación de eso que define con acierto Pimentel.

Como es obvio, ser centro no excluye, sino al contrario, incluye a los otros países que le alteran el sueño a los jefes del Pentágono en nuestro hemisferio: Bolivia, Ecuador, donde poderosos movimientos de masas han eyectado gobiernos independientes de Washington y cabalgan sobre movimientos sociales muy radicalizados.

Podría extenderse a otros gobiernos como Perú y Argentina, incluso Brasil y Uruguay, donde hay movimientos de masas que resisten, pero en otros términos, porque la ecuación se modifica a partir de las buenas relaciones de sus gobiernos con el poder imperial. Y este, como se sabe desde que surgió el sistema mundial imperialista a comienzos del siglo pasado, no es un detalle diplomático.

Los resultados de las Jornadas organizadas por Telesur, como los de la Primera Asamblea de medios comunitarios, adquieren sentido progresivo, dinámico y útil, si sirven a las definiciones ofrecidas por Pimentel en las Jornadas.

Es lastimoso ver que ese frente de resistencia se debilita cuando Telesur, que es una herramienta formidable "para desmontar las informaciones generadas por las potencias hegemónicas", de allí el valor de su creación, desaparece de un escenario clave en el hemisferio como Argentina.

Jean Paul Sartre solía recordar, refiriéndose al arte en general, que una obra de creación adquiere existencia a partir del momento en que alguien la contempla. El periodista argentino Tomás Eloy Martínez, tan conservador como buen novelista, comentó ese concepto de Sastre en un excelente estudio sobre los medios venezolanos escrito para la gran burguesía de ese país (pagado entre otros por Marcel Granier, presidente de RCTV) en 1985. Allí dice: Una obra no es solo aquello que es, por lo tanto, sino también la panoplia personal de apetitos, prejuicios, conocimientos y deseos que cda hombre deposita sobre ella…" (Radio Prensa y TV: entre el equilibrio y el estancamiento, T.E. Martínez, 1985, en: El Caso Venezuela. Una Ilusión de Armonía, Moisés Naim y Ramón Piñango, Caracas, 1985, pág 364).

Visto desde este punto de vista: Telesur no existe en Argentina. Más allá y más acá de las voluntades y el esfuerzo diario de sus reporteros, su productora local y las intenciones caraqueñas, el canal casi nunca existió. Esto quiere decir que, lamentablemente, Telesur Argentina no es parte de ese "frente mundial" que convoca Pimentel, ni está al servicio del noble objetivo que invoca.

Para nutrir este problema cito lo que dijo este sábado 19 de mayo en Caracas, el actor estadounidense Danni Glover, miembro del Consejo Asesor de Telesur, que tambièn participa de las Jornadas sobre el Derecho a estar Informado…

Impactar en un segmento de la población pobre de EEUU no es fácil, aunque ya el presidente venezolano avanzó unos pasos cuando armó el alboroto el año 2005 en su visita a los barrios negros pobres de New York, algo similar, aunque más osado, al impacto del Che Guevara declarando en las Naciones Unidas en 1961.

No será una tarea fácil. Eso hace más incomprensible la ausencia de las emisiones de Telesur en Argentina, en los horarios usado por los mortales, y no como ocurre, en el horario de los vampiros y las luciérnagas: a la madrugada. ¿Cuántos argentinos saben lo que Glover reclama para su pueblo: que Cuba y Venezuela fueron los Estados que más ofrecieron ayuda a los damnificados del Katrina? Esta información, bloqueada por los medios que dominan la opinión de Argentina, tiene un peso descomunal en un país donde la clase media reacciona ante acciones humanitarias de ese tipo.

Es la misma clase media que hace pendular el país hacia la derecha o hacia la izquierda desde que el proletariado nacional perdió peso propio. Allí radica la importancia (objetivos, táctica y estrategia) de que Telesur aparezca a plena luz del sol (para reflejar lo que pasa, no sólo lo que dice el Gobierno) y no cuando la ciudad duerme.

Y aquí viene la tercera declaración que prometí, del cineasta argentino Tristan Bauer, vertida en estas Jornadas convocadas por Telesur en Caracas, con un contenido en perfecta sincronía de objetivos con lo expresado por Pimentel y Glover.

Sin la combinación de estos dos factores (propiedad estatal --y social-- de los medios y acceso democrático de la red Internet), todo lo demás será un sueño de verano… que se evaporará cuando llegue el otoño.

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