Una familia
fue desalojada por la Acción Católica “La Justicia no está de parte de la
gente que no tienen donde vivir”. Isabel Barroso, presidenta de la
Asociación de Vivienda Única, no ocultó su pesar por la situación que vivió
la familia Báez. La dirigente dialogó con Radio Noticias desde la tranquera
de la quinta que, hasta ayer, habitaban Ricardo Báez, su esposa Inés Guerra,
la madre de esta (padecería una enfermedad terminal) y los cuatro hijos de
la pareja, de 15, 17, 18 y 19 años.
La Pampa, 1 de setiembre de
2007 (Radio Noticias).- Mientras ella expelía su pena e indignación, en el
interior del predio rural, los Báez, junto al abogado de Vivienda Única,
Eduardo Fernández, veían esfumarse sus últimas esperanzas de evitar el
desalojo. “Suspéndanlo por 30 días”, pidió el letrado. “Entonces, por
cinco”, rogó. Pero no hubo caso, el patrocinante de la Acción Católica,
Román Molín, y la jueza Fabiana Berardi, titular del Juzgado Civil 4, no
retrocedieron ni un paso.
Afuera de la precaria
vivienda, esperaba un camión con su enorme caja vacía esperando para
realizar la mudanza forzosa de los desalojados. Minutos después, se le sumó
una camioneta perteneciente a un flete. El paisaje se completaba con el
oficial de Justicia y efectivos de la comisaría de Toay, por si la fuerza
pública era necesaria para dar cumplimiento al mandato judicial. Barroso
dijo que Molín también estaba en el lugar, aunque éste aseguró que siguió
los sucesos desde su estudio jurídico, en esta ciudad.
Donación.
La casa donde residían los
Báez está ubicada en la calle Pecho Colorado 1.800, en la localidad de Toay.
Se trata de la zona de quintas, a unos dos mil metros del casco urbano del
pueblo. Para ir desde Santa Rosa, basta con tomar la Avenida Perón y al
llegar a la calle en cuestión tomar hacia la derecha. Tras el paso a nivel,
hay que recorrer 500 metros para dar con el ingreso del predio.
El abogado Molín explicó en
Radio Noticias que el propietario original del inmueble, lo donó con cargo a
la Acción Católica. Es decir, que le cedió el predio pero con la condición
de que este fuese utilizado con fines recreativos. Sin embargo, la propia
institución consintió que los Báez se mudaran al lugar para trabajar en la
cría de cerdos y realizar mejoras en la construcción que se erige en el
lugar.
Guerra explicó en varias
oportunidades que los problemas para ellos comenzaron cuando cambió la
comisión directiva de AC. Entonces, los nuevos integrantes comenzaron a
reclamar el desalojo del predio e iniciaron el juicio de desalojo en
noviembre de 2005. “Cuando llegamos esto era una tapera. Ahora no es un
palacio pero está mucho mejor”, había dicho la mujer el año pasado tras
presentar una demanda contra AC y la CPE, luego que la primera de las
entidades ordenara el corte del suministro de energía eléctrica para el
inmueble.
A su vez, tanto ella como
Barroso, acusaron al obispo Fidel Brédice de no haber mediado a favor de una
solución para el problema habitacional de la familia. “La AC no fue cuando
hubo reuniones de conciliación y en ningún momento hizo algo para darles la
posibilidad de colocar a los animales en algún lugar. Nosotros les pedimos
que dejen esto sin efecto y que el desalojo no sea la salida”, dijo la
dirigenta.
Intemperie.
Cuando el desalojo era un
hecho, sobre las 11 de la mañana de ayer. Guerra dialogó con Radio Noticias.
“La mala predisposición de Molín deja mucho que desear y mucho más la AC,
con todo lo que ellos representan”, se quejó. Anoche continuaba en la
tranquera del predio, junto a su esposo y algunos de sus hijos. “Nos vamos a
quedar en la calle. Eso es lo que pretenden, es lo que querían y acá nos
quedaremos”, desafió. Al parecer planeaban guarecerse del frío invernal en
el interior dos vehículos que les pertenecen y taibién habían sido retirados
del predio.
Mientras tanto, una de sus
hijas, una adolescente que padece diabetes, estaba internada en el hospital
Segundo Taladriz, de Toay, tras una crisis derivada de la situación de
tensión vivida durante el desalojo. “Está muy descompuesta. Tiene los
valores de la glucemia muy altos”, explicó la madre.
El desalojo culminaría el
lunes. Aun quedan en el lugar los cerdos que crían los Báez más algunas
cañerías que corresponderían a los bebederos de los animales. Según Barroso,
la Justicia solicitó a los fleteros que desmontaran esas estructuras pero
estos se negaron a hacerlo. Los Báez habrían radicado una denuncia previendo
que los cerdos también sean sacados a la calle sin guías, un hecho que
configuraría una contravención, según explicaron.
“La contradicción de la
Justicia es que, mientras la familia está en la calle, los cerdos permanecen
en la quinta, custodiados por la Policía”, dijo la titular de Vivienda
Unica.
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